Entre el sábado y el domingo pasado, en momentos que cambaba el mes, cientos de trabajadores del Ministerio de Salud recibieron la notificación de su despido. Sin mayores argumentos o explicaciones, unos 200 empleados de la estructura de la cartera sanitaria fueron cesanteados, un nuevo golpe a la salud pública realizado por la gestión libertaria encabezada por el ministro Mario Lugones.
A esto se le sumaron más de 80 despidos similares en el Hospital Posadas, el más grande bajo la órbita nacional, y otros tanto en delegaciones y UGL del PAMI, que dejaron a ambas entidades nuevamente en el ojo del ajuste libertario. Es que en los últimos meses el organigrama de ese ministerio fue varias veces “podado”, dejando a direcciones y programas en situación de parálisis.
El caso más emblemático es el plan de detección de cardiopatías congénitas, que quedó con apenas dos médicos para coordinar el trabajo nacional, por el despido y la renuncia de varios profesionales. A esta situación se le sumó el pedido de desafuero de 10 dirigentes sindicales en el Hospital Garrahan, que encabezaron la lucha por mejoras salariales y presupuestarias, y que el gobierno y la intervención del nosocomio intentan sacar del centro pediátrico de referencia nacional.
La insólita medida se da en momentos que crece la tensión por la prohibición que las autoridades intentan imponer, a horas que gremios y organizaciones sanitarias realizaran un cabildo abierto para debatir el impacto de la reforma laboral, la cual rechazarán en las calles junto a otras organizaciones.
Los nuevos despidos en salud pública nacional son parte de un nuevo plan de ajuste que se viene ejecutando en el sistema sanitario nacional desde fines del año pasado, cuando la cartera sanitaria ordenó modificaciones en varias entidades de su estructura, como la comisión que recomienda en materia de vacunación, o incluso cerró de hecho otras, como sucede con el programa de cardiopatías congénitas.
Ahora, fueron 220 cesanteados en el organigrama ministerial y 84 en el nosocomio, según denunció la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA). Según le dijo a Política del Sur el vicepresidente de la entidad Jorge Yabkowski en una reunión realizada luego de conocerse las cesantías “se decidió el estado de asamblea permanente y se pidió a la dirección del hospital una mesa para lograr la reincorporación de los despedidos”.
La asamblea en el hall central del nosocomio se realizó bajo la consigna de “no sobra nadie”. “Los despidos golpean la estructura tanto el nosocomio como del propio ministerio”, agregó Yabkowski. “Vamos a dar el apoyo solidario a estos y otros trabajadores de la salud atacados por el gobierno”, agregó.
Junto a la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (CICOP-Seccional Posadas), FESPROSA condenó la nueva ola de cesantías y advirtió que lo que está sucediendo en el nosocomio “no es un hecho aislado ni un error administrativo: es una política deliberada. Buscan naturalizar la inestabilidad, el miedo y la precarización como forma de disciplinamiento laboral”. Desde el gremio advirtieron “el grave impacto que tendrá en la atención de los pacientes”, ya que es cuestión de ver cuántas personas “han tenido que pagar de su propio bolsillo a alguien para que las asista durante la internación, debido a la falta crónica de personal”.
Desde FESPROSA convocaron a trabajadores, pacientes y a la comunidad en general a “acompañar la convocatoria y defender el sistema público de salud, en un contexto en el que el ajuste avanza sobre derechos laborales y pone en riesgo la atención sanitaria en todo el país”. Además, la asamblea llamó a organizarse contra la reforma laboral, que pronto se tratará en el Congreso.
En tanto, mientras se organizaba la participación de los despedidos del Posadas en un cabildo abierto en el Hospital Garrahan, donde gremios y entidades sanitarias debatirían el impacto de la reforma laboral en el sector salud, las autoridades del nosocomio anuncio que estaban prohibidas las asambleas, y amenazó con sanciones, como descuentos salariales.
Así lo denunció la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), que apuntaron contra Mariano Pirozzo, interventor del hospital designado por el ministro Lugones. A horas de la realización del encuentro envió a los sindicatos del hospital una nota “prohibiendo” la reunión de trabajadores bajo amenaza de “descuentos” a quienes participen. “Evidentemente Pirozzo, que recordamos siempre ni está concursado como nosotros, ni es pediatra ni tiene formación en el área como nosotros, se cree que el hospital es una estancia en la que se maneja como un capataz prepotente por encima de la ley”, denunciaron desde el gremio.
En el documento enviado, al que tuvo acceso Política del Sur, se establece que para realizar este tipo de eventos se tienen que tener además en cuenta varias cuestiones, como “evaluación del impacto acústico, seguro de eventuales daños, servicio de limpieza, provisión de energía y no obstruir los accesos al hospital”. “Ahora pretende prohibir la realización de un encuentro de los muchos y habituales que realizamos los trabajadores, y que se hace en la puerta del hospital y que jamás alteraron en lo más mínimo el funcionamiento del Garrahan”, retrucaron.
Como si esto fuera poco, a las pocas horas de esta intimidación, se confirmó una medida mucho más polémica. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que 10 dirigentes del Hospital Garrahan serán desafuerados y posteriormente despedidos, o por lo menos esa es la intención del gobierno, que los acusa de ser quienes “dirigieron y tomaron ilegalmente” oficinas de la dirección del hospital durante una protesta realizada en octubre de 2025.
Adorni detalló en su cuenta de X que la manifestación tenía como objetivo que los trabajadores cobraran por días no trabajados y adelantó que otras 29 personas también enfrentarán sanciones. “La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, afirmó el vocero. “Leímos el tuit del vocero presidencial, festejando el despido y la suspensión de quienes defendimos el Hospital Garrahan durante todo el año pasado frente a la política de asfixia y de intento de vaciamiento por parte del gobierno nacional”, dijo Lezana.
“El vocero Adorni festeja y nos condena por anticipado. Probando que estamos frente a una decisión revanchista, insensible, de persecución evidente del gobierno nacional a quienes estuvimos al frente, como es mi caso, junto a decenas de compañeros y compañeras del hospital, defendiendo nuestro querido Garrahan”, agregó. Este miércoles, los gremios realizaron una conferencia de prensa en el ingreso por la calle Combate de los Pozos para repudiar la decisión.
La protesta fue encabezada por Lezana Alejandro Lipcovich, referente de la Junta Interna de ATE, principales caras del prolongado conflicto que atravesó al mayor hospital pediátrico del país durante el último año y alcanzados por la reciente medida, a la que calificaron de “un ataque directo a la organización sindical” y “un laboratorio de la reforma laboral”.