“Ya está hecho Antonio”. Las versiones indican que esas fueron las palabras de Abel Furlán, cuando en su oficina de la UOM le acercó el acta con las firmas suficientes para consagrarlo nuevo secretario general. Derrotado, Antonio Caló se retiró en silencio, tras 18 años de liderazgo.
La movida se mantuvo en secreto hasta último momento, y quienes conocen los pasillos metalúrgicos recuerdan que la gran mayoría se sorprendió. Lo cierto es que Furlán, con aval de los sectores del peronismo cercanos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue ungido conductor de uno de los emblemas del movimiento obrero argentino, hasta los 70 el sindicato más poderoso del país.
Su llegada al secretariado nacional del gremio metalúrgico se dio en momentos que la interna del peronismo se trasladaba a la CGT, y rápidamente se alineó con los sectores que luego, en el gobierno de Javier Milei, se autodefinirían como combativos. En este tiempo, junto a otros dirigentes industriales, fue construyendo un polo de poder, que en algún momento le permitió soñar con la conducción de la central obrera.
Muy crítico al modelo libertario, en las últimas semanas comenzó a moverse por su cuenta para crear un espacio que se oponga en las calles a la reforma laboral. Esta semana estrenó ese liderazgo, y si bien apaciguó las diferencias con el triunvirato, está claro que su agenda se mantendrá independiente de Azopardo.
La cumbre promovida por Furlán se dio en el edificio de la UOM de la calle Alsina, aquel que le dio nombre a la fracción de la CGT que en 2011 se quedó alineada del segundo gobierno de CFK, mientras que barrionuevistas y los aliados de Hugo Moyano lo enfrentaban. Ese espacio tuvo a Caló como referente, a quien paradójicamente una década después se le “pago” el favor favoreciendo su salida y la asunción de Furlán, ex diputado nacional por el peronismo.
Con esa banca tejió una buena relación con Máximo Kirchner, a quien llevó a la seccional Avellaneda en pleno gobierno de Alberto Fernández, para criticar al presidente y marcarle la cancha. Ahora, en una actitud similar, el dirigente juntó unos 25 gremios para tratar de meterle presión a la conducción de la CGT, para que tenga una mayor presencia en la calle contra la reforma laboral. Peo sorpresivamente, el clima y los discursos no fueron hostiles a la central obrera.
En un documento conjunto, el grupo manifestó abiertamente “el respaldo total a las gestiones de los co-secretarios generales de la CGT” en la lucha contra el proyecto oficialista, y subrayaron la necesidad de “enfrentar el avance sobre los derechos laborales desde tres frentes simultáneos: el jurídico, el legislativo y el diálogo político”. Las fuentes consultadas por Política del Sur aclararon que la idea “es marchar y parar” el día que llegue el proyecto a la legislatura nacional, “más allá que haga el triunvirato”.
La discusión giró en torno a esas dos premisas: movilizarse y parar. Pero en el fondo, lo que se puso en juego es la relación con la nueva conducción cegetista, que tiene apenas unos meses de recorrido, y cuanta con un mayoritario aval entre los gremios. Por eso se decidió suavizar cualquier crítica.
En este sentido, como ya había hecho Furlán en las declaraciones previas, se eligió a los gobernadores como el blanco de los reproches. “Los gobernadores no pueden negociar exclusivamente en base a sus intereses locales, llevándose puestos los derechos de todos los trabajadores”, alertó el documento conjunto.
En el mismo se habló de un paro mayor, de 48 horas, como propuso públicamente el titular de La Fraternidad, Omar Maturano, otro díscolo con la conducción cegetista, pero por el momento la idea se descartó. Tal vez una de las razones sea que el número final de organizaciones no fue el esperado.
Por el lado de los gremios del transporte, que se muestran también díscolos, tomaron distancia de la iniciativa de los industriales porque consideran que ese sector se está “cortando solo”. En ese sentido todavía no tomaron una posición con respecto a llevar adelante medidas de fuerza que piden los industriales.
Al respecto, la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Schmid, y que forma parte del ala dura del gremialismo, acordó reunirse en los primeros días de febrero para analizar cómo frenar la reforma laboral del gobierno. En un reciente plenario, los dirigentes definieron esperar la reanudación de las negociaciones entre la central obrera y el Gobierno por la reforma laboral, que se retoma esta semana en el Senado.
“Pero actuaremos siempre dentro de la CGT porque, más allá de las diferencias que podamos tener, hoy tenemos que estar todos juntos contra la reforma laboral”, sostuvo un referente, marcando la tendencia que luego siguió el grupo liderado por Furtán. La principal preocupación de los sindicatos del transporte radica en el artículo del proyecto que redefine el derecho de huelga al ampliar la lista de “servicios esenciales” y de actividades de “importancia trascendental” que tendrían que garantizar un mínimo de prestación aun en caso de paro (entre 75 y 50 por ciento según el sector).
Desde el SMATA, otro gremio industrial de peso, su secretario general, Ricardo Pignanelli, también descree de que el gobierno incorpore al texto mejoras en el contexto del intercambio con los gremios, por lo que se posiciona en favor de un paro. Vale recordar que, según un informe de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), desde que asumió Milei cerraron más de 3.000 empresas de construcción y manufactureras, lo que derivó en la pérdida de más de 160 mil puestos de trabajo.
Además de armar dentro de la estructura de la CGT, Furlán quiere fortalecer su postura y eventual manifestación con gremios “extra CGT”. Por eso antes de su cumbre sindical estuvo reunido con Rodolfo Aguiar, titular de ATE y uno de los más visibles opositores al proyecto, que ya anunció paro de estatales y marcha para febrero.
En el encuentro, informaron los gremios, manifestaron la necesidad de “dialogar sobre la iniciativa que pretende aprobar con urgencia la gestión de Javier Milei y que comenzará a debatirse, dentro del periodo de sesiones extraordinarias, el próximo 10 de febrero”. En este sentido, Aguiar sostuvo que no es necesario “esperar” a que el proyecto se discuta en el Congreso Nacional para realizar una medida de fuerza, “ya que podría ser demasiado tarde”.
En la misma línea, advirtió que su sindicato “podría movilizarse” en algunas de las provincias donde los gobernadores respalden el proyecto del oficialismo, como ya lo hicieron públicamente los mandatarios Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes recientemente ratificaron su apoyo al ministro del Interior, Diego Santilli. “Hemos intercambiado (con Furlán) un análisis sobre la reforma laboral que intenta imponer el gobierno. Estamos frente a un proyecto que directamente tiene por finalidad eliminar los sindicatos y construir un nuevo ordenamiento jurídico en el que no existan los derechos individuales y colectivos”, aseguró Aguiar.
Por su parte, Furlán hizo referencia a los encuentros que mantiene por estos días Santilli con los mandatarios provinciales y aseguró que debería hablar “con los trabajadores” para poder debatir “un modelo de desarrollo productivo” antes de modificar la legislación laboral.