Por el protocolo antipiquetes fueron heridos más de 2.600 manifestantes

A fines del 2025, luego de estar internado por varios meses, la familia de Pablo Grillo confirmó una leve mejoría en su estado. El fotógrafo de Remedios de Escala fue herido cuando cubría una marcha al Congreso, y tuvo que ser operado por las consecuencias del impacto recibido de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza.

Por el hecho fue procesado un gendarme, pero el Ministerio de Seguridad siempre negó la intencionalidad del incidente. Grillo es el caso más visible de los heridos que dejó la aplicación del protocolo “antipiquetes”, la herramienta que puso apenas llegó a la cartera de seguridad Patricia Bullrich para despejar las calles. Luego de más de dos años de aplicación, la Justicia decidió suspender su aplicación, por considerarlo contrario a la libertad de protesta.

Esto fue considerado una victoria por las organizaciones sindicales y sociales que rechazaron en este tiempo su utilización. Durante su vigencia, el protocolo permitió el accionar indiscriminado de las fuerzas de seguridad, que según los datos hirieron a más de 2.600 manifestantes, en la represión de más de 100 protestas y marchas. Los datos son avalados por la oficina argentina de Amnistía Internacional, que se pronunció varias veces contra las políticas de control de la calle del Ministerio de Seguridad.

Según los datos del Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma, desde diciembre de 2023 a octubre de 2025 el Ministerio de Seguridad fue el principal responsable de reprimir “52 protestas callejeras en las que las fuerzas federales hirieron a al menos 2382 personas y se detuvo a 229 manifestantes”. Esto se hizo bajo el paraguas del protocolo “antipiquetes”, la herramienta usada para tal fin.

A escala nacional, la cifra represiva asciende a 103 represiones estatales a la protesta social, “con un saldo de 2.615 personas heridas y 363 detenidas”. “Esta violencia no se limita a cifras agregadas: tiene rostro y consecuencias irreversibles”, destacó el reporte al que tuvo acceso Política del Sur. Incluye casos letales, como el asesinato de Facundo Gómez por fuerzas federales en Salta (diciembre de 2024); casos de máxima gravedad, como el de Pablo Grillo (marzo de 2025); y al menos 5 casos graves de manifestantes que perdieron la vista de un ojo por el impacto de proyectiles disparados por las fuerzas de seguridad.

Estas cifras exponen “un patrón de violencia sistemática destinado a disciplinar y amedrentar a quienes ejercen su derecho a la protesta”. El mismo “lejos de ser un hecho aislado, muestra una clara tendencia a la alza”.

La comparación interanual es elocuente, según este monitor: “mientras que en todo el año 2024 (diciembre 2023 – diciembre 2024) se registraron 50 represiones con 1.163 personas heridas, en solo los primeros diez meses de 2025 la cantidad de represiones (53) ya superó la cifra anual anterior”. El dato más alarmante es “el drástico incremento en la violencia física: el número de heridos en 2025 se disparó a 1.452, lo que representa un aumento de aproximadamente un 25 por ciento en un período de tiempo más corto”.

Esta escalada confirma que la respuesta estatal “no solo se ha mantenido, sino que se ha hecho más brutal y peligrosa para la integridad física de quienes protestan, consolidando la represión como una herramienta central de disciplinamiento social”. Paralelamente a la violencia física, “se ha intensificado la criminalización y judicialización de la protesta social, utilizando las detenciones arbitrarias como un mecanismo de castigo y disuasión”.

Desde el inicio del nuevo gobierno hasta octubre de 2025 “se registraron 491 detenciones de manifestantes y/o miembros de organizaciones del campo popular”.

La tendencia es marcadamente creciente: en los primeros diez meses de 2025 hubo al menos 321 detenciones, lo que representa un incremento del 88 por ciento respecto al total del año anterior (170 detenciones entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024). De esas 321 detenciones en 2025, 246 (el 77 por ciento) ocurrieron en el marco de represiones directas a la protesta social, evidenciando el vínculo orgánico entre la acción violenta de las fuerzas de seguridad y la respuesta penal del Estado.

“Esta política se ha visto agravada por la aplicación de detenciones prolongadas más allá de las 24 horas legales, una práctica ilegítima que busca maximizar el castigo y la intimidación”, denunció el monitor de la CTA Autónoma. Casos emblemáticos de esta estrategia han sido registrados en las ciudades de Lomas de Zamora, Corrientes y Mendoza, donde manifestantes fueron privados de su libertad por períodos excesivos sin causa justificada.

Esta modalidad “constituye una detención arbitraria que viola garantías constitucionales básicas y refuerza el carácter punitivo de la respuesta estatal al conflicto social”. “Este freno legal al protocolo represivo resulta fundamental de cara a las luchas sociales que están en curso, ya sea por la pérdida de puestos de trabajo, los recortes salariales y jubilatorios, la defensa de los recursos naturales, la resistencia a la reforma laboral o la solidaridad con otros pueblos hermanos”, concluyó el reporte de la entidad sindical.

En este contexto, un informe de Amnistía Internacional coincidió con estos datos, y contabilizó más de 2.500 heridos a partir del protocolo. El trabajo de la entidad de derechos humanos se difundió a dos años de vigencia del protocolo “anti piquetes”, el instrumento de Bullrich para controlar la protesta social, que su sucesora Alejandra Monteoliva promete mantener y seguir aplicando. A partir de un reporte donde se contabilizan las acciones represivas en el marco de este mecanismo, y los heridos que se produjeron.

“Durante 2024 y 2025, en el marco de implementación del protocolo ‘anti piquetes’, se registraron al menos 2.557 personas heridas de distinta gravedad como consecuencia del uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza”, destacó el reporte, al que tuvo acceso Política del Sur. Entre ellas, recordaron, “personas que recibieron impactos de balas de goma en la cabeza y el rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física en general”. 

Los datos muestran “un incremento exponencial de la represión de un año a otro”. En 2025, la Comisión Provincial por la Memoria registró “1.341 personas heridas y al menos 165 personas detenidas”.  En todo 2024, el mismo organismo había registrado 1.216 personas heridas y 93 personas detenidas durante manifestaciones. “Esto implica un aumento del 77 por ciento en la cantidad de detenciones, la mayoría de ellas arbitrarias, sin pruebas suficientes y con liberaciones inmediatas”, destacaron desde la entidad internacional. Se registraron además cuatro casos de impactos de balas de goma en el ojo, que derivaron en pérdidas oculares permanentes.

Entre los más graves, “el 12 de marzo de 2025 Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras recibir un disparo de arma cinética por parte de un agente de la Prefectura Naval durante una marcha de apoyo a jubilados”. En noviembre de 2025, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció la pérdida de su ojo izquierdo como consecuencia de un disparo de bala de goma recibido en esa misma manifestación, en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La labor periodística y la integridad física de trabajadores y trabajadoras de prensa también se vieron gravemente afectadas.