Milei eliminó 80 estatales por día de gestión: Muchas dependencias están casi paralizadas

La motosierra que usó Javier Milei en campaña se volvió un símbolo de lo que sería su gestión en el estado nacional. La idea de recortar fuerte el gasto público se centró en la figura de esa herramienta, que paseó por el mundo y hoy sintetiza la idea de “destruir el Estado por dentro”, que el propio presidente admitió en una entrevista.

Pese a la lucha de gremios y trabajadores, el ajuste que comenzó en diciembre de 2023 se mantiene, y cumplió dos años con números alarmantes. Según los datos, el gobierno nacional echó a más 80 trabajadores estatales por día desde que comenzó la gestión libertaria. La destrucción del empleo en la administración pública nacional ya sumó más de 60 mil despedidos desde diciembre de 2023, según lo confirmó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó los datos oficiales del ministerio que conduce Federico Sturzenegger.

Este “brutal recorte” fue festejado por el gobierno como un logro, con el argumento de que eliminó “ineficiencias” y logró “un ahorro a todos los argentinos”, ahorro que los libertarios estimaron en 2.444 millones de dólares. Pero muchos aseguran que la falta de personal, sumada a los escasos recursos, paralizan algunas dependencias claves, como pasa con la agencia de medicamentos ANMAT.

Además, la falta de inversión está generando problemas graves, como sucede en las tutas nacionales, donde se multiplican los accidentes fatales, según denunciaron trabajadores de la castigada Vialidad Nacional.

El Centro CEPA  realizó un análisis de los datos oficiales que permite observar cómo los despidos (el supuesto “ahorro” festejado por el gobierno) afectaron nodales del Estado, algunas tan cruciales como su capacidad de recaudar. El reporte, al que tuvo acceso Política del Sur, indicó que en la Administración Pública Nacional “la mayor reducción nominal de personal se registró en ARCA (la ex AFIP), con 3.260 puestos de trabajo eliminados, lo que representa un golpe directo a la capacidad de fiscalización, recaudación y control administrativo del Estado.

Este recorte masivo compromete el funcionamiento de un organismo clave para la sostenibilidad financiera del sector público y la eficiencia en la gestión de los recursos”. Los organismos científicos y técnicos del Estado fueron otros que sufrieron un fuerte ataque. “El CONICET, principal institución de promoción de la investigación científica en el país, sufrió una reducción de 2.080 trabajadores, entre investigadores, técnicos y personal de apoyo”, señaló el CEPA.

“Esta medida no solo afecta la continuidad de líneas de investigación de largo plazo — muchas de ellas vinculadas a problemáticas críticas como salud, ambiente, energía y soberanía alimentaria—, sino que debilita el tejido institucional del sistema científico argentino, históricamente reconocido en la región”.

En el tercer lugar de los organismos con más despidos está el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), que tiene funciones estratégicas como la de garantizar el acceso a internet y (no con este gobierno claro) regular las tarifas de sus prestadores. El ENACOM perdió nada menos que 834 trabajadores.

“En un país con profundas desigualdades de acceso a internet y servicios de telecomunicaciones, este recorte implica una renuncia al objetivo de achicar la brecha digital”, señala el informe del CEPA.

Le siguen en la lista del desguace el INTI, del que dependen cuestiones como la asistencia técnica a pymes, el desarrollo de normas de calidad, la transferencia tecnológica y la producción de bienes con valor agregado nacional, y del que fueron despedidas 786 personas.

Mientras que en el INTA, enfocado en el desarrollo agropecuario, quedaron 683 trabajadores menos. Ambos se suman al SENASA, responsable de controlar la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal, que perdió 626 puestos de trabajo.

Otra de las grandes afectadas fue la ANSES, lo que afecta la gestión de las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, “es decir, repercute directamente en los sectores más vulnerables, que requieren de un Estado presente y eficaz”.

“El enfoque parece ser cuantitativo más que estratégico: se reduce personal sin un análisis del impacto institucional ni de las capacidades públicas que se están desarticulando”, concluyó el CEPA. “Lejos de modernizar o eficientizar al Estado, estas medidas tienden a vaciarlo de contenido, conocimiento y herramientas para intervenir en el desarrollo nacional”, insistió. Si bien no está entre los que más despidieron, la ANMAT representa un caso emblemático.

La agencia regiuladora de los medicamentos está cuestionada por el escándalo del fentanilo contaminado, un analgésico contaminado con dos bacterias que se uso en todo el país, generando más de 100 víctimas fatales. Esto puso en duda la capacidad operativa de la entidad, que tuvo despido de personal y reducción de presupuesto. “En la actualidad hay seis inspectores para todo el país, imposible cubrir la red de laboratorios”, admitió una fuente del  organismo ante Política del Sur.

Además de tener poca capacidad de intervención, la falta de recursos hace que muchas entidades abandonen sus tareas esenciales, lo que genera situaciones peligrosas. En el caso de la Dirección de Vialidad Nacional, la falta de mantenimiento de las rutas provoca accidentes, muchos de ellos fatales. Así lo denunciaron desde la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que emitieron un documento luego que en Entre Ríos, en el inicio del 2026 se dieran 10 muertes en distintos accidentes de tránsito.

La entidad sindical  expresó su “profundo pesar” por estas situaciones, y advirtió que “lo que no se invierte en rutas se paga con vidas”. La entidad viene denunciando el brutal ajuste sobre la Dirección de Vialidad Nacional, entidad que la gestión libertaria intentó cerrar, despedir un tercio de su personal y desfinanciar, y pese a la férrea resistencia de sus trabajadores sigue teniendo enormes dificultades para cumplir tareas básicas.

Por el estado general de todas las rutas en el país, FEPEVINA pide que se declare “la emergencia vial nacional”. El documento de FEPEVINA señaló el “estado crítico” de la infraestructura vial, luego de conocerse la cifra de muertos en Entre Ríos en los primeros días del año. El gremio sostuvo que “la falta de inversión y de obras convierte cada viaje en un riesgo: más accidentes, más muertes”.

Asimismo, alertó sobre el deterioro creciente de los caminos entrerrianos, lo que sucede en los distintos puntos del país, y denunció la ausencia de políticas públicas para revertir la situación. En el pronunciamiento, también se cuestionó el cobro de peajes sin contraprestación en obras.

“A rutas destruidas, peajes caros y sin obras”, señaló la entidad, y criticó que “se cobra por transitar, pero no se invierte en soluciones reales”. Al respecto, FEPEVINA señaló que esta situación no sólo compromete la seguridad vial sino que también “afecta la producción, el turismo y pone en peligro a toda la población”.

El caso entrerriano no es aislado, y es parte de un deterioro generalizado de las rutas que se vienen dando por el desfinanciamiento de Vialidad Nacional. Así, en ya en junio del año pasado, un relevamiento del gremio marcó que “el 70 por ciento de los caminos nacionales están en estado de cuasi abandono”. “Lo que pasó en Entre Ríos al inicio de este año se da en el marco del mal estado de las rutas, por lo cual necesitamos que se sancione urgente la emergencia vial”, explicó Fabián Cattanzaro, secretario Gremial y de Prensa de FEPEVINA.

En diálogo con Política del Sur el dirigente aclaró que el gremio no genera estadísticas propias sobre accidentología o siniestros viales, sino que elabora reportes “a partir de datos de organizaciones y reportes que reproducía la Agencia Nacional de Seguridad Vial hasta el año pasado”. Lo que se viene pidiendo desde la entidad es que se salga de la actual situación, por los efectos que genera. “Defender Vialidad es defender la vida”, recalcó el gremio, que insistió que “sin obras, sin mantenimiento y sin control, las rutas siguen cobrando víctimas”. Por eso, FEPEVINA reafirmó: “No es un problema técnico: es una decisión política”.