La CGT confirmó que hará un paro nacional el día que se trate la reforma laboral

La conducción de la CGT confirmó que el próximo martes 10 de febrero realizará un paro nacional con movilización en todo el país para rechazar el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que ese mismo día será debatido en el Senado. La medida se anunció tras la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo y promete afectar servicios clave, con protestas en ciudades de todo el territorio nacional. Desde la central obrera afirmaron que la reforma representa un retroceso en derechos laborales y una flexibilización de las condiciones de trabajo sin diálogo con los gremios. “Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización”, adelantaron. .

 

El secretario general Jorge Sola advirtió que la iniciativa oficialista “es un ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”, en un reclamo que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de consenso entre el Gobierno y las organizaciones sindicales en torno a un proyecto que, según la CGT, precariza el empleo y reduce los mecanismos de negociación colectiva.

La protesta impactará en sectores esenciales como transporte público, administración pública, bancos, recolección de residuos, la construcción y actividad industrial, entre otros, y confluirá con movilizaciones en todo el país, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde las columnas sindicales se concentrarán frente al Congreso.  El gobierno, por su parte, ya pospuso oficialmente para el 10 de febrero el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, con el objetivo de reunir mayor consenso parlamentario antes de su votación. Los sindicatos sostienen que la reforma sin acuerdo podría afectar conquistas históricas de los trabajadores y cargan contra la falta de diálogo formal con la Casa Rosada. “El Gobierno impide una reforma laboral consensuada porque rechaza sentarse a negociar con el sindicalismo”, sostuvo el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo.

 

En tanto,  el primer encuentro del año entre los principales operadores legislativos del oficialismo marcará el regreso formal de la ofensiva libertaria para imponer una reforma laboral que podría afectar derechos históricos de trabajadores. La mesa política convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunirá este viernes 16 de enero en la Casa Rosada para ajustar el texto y definir la estrategia parlamentaria. El objetivo inmediato es lograr que el Senado habilite su tratamiento a fines de este mes, antes del inicio de las sesiones extraordinarias previsto para el 2 de febrero. Las conversaciones se centran en dos puntos sensibles: el capítulo tributario vinculado a cargas sociales y el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya eliminación o modificación podría recortar garantías ante despidos y suspensiones.

 

La convocatoria incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; al ministro del Interior, Diego Santilli; a Ignacio Devitt, de Asuntos Estratégicos; y a Eduardo “Lule” Menem, operador político del interior. También podrían sumarse Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dos figuras clave en la articulación del poder real dentro del Ejecutivo. El oficialismo apuesta a que las comisiones técnicas permitan “depurar” el proyecto y procesar objeciones de actores sociales, aunque sin convocar aún a instancias formales de diálogo con sindicatos ni organizaciones laborales. La abogada Josefina Tajes encabezará una de esas comisiones desde este viernes, según anticipó Bullrich.

 

Entre las modificaciones posibles se analiza la revisión de artículos sobre indemnizaciones, licencias y representación sindical, que ya motivaron alertas de la CGT y de varios gremios de base. Hasta el momento, el Gobierno no ha publicado un texto definitivo ni abrió canales de participación directa para trabajadores o especialistas del derecho laboral.

 

Diego Santilli se convirtió en una pieza central del despliegue territorial, con una agenda de diez visitas provinciales en enero para asegurarse apoyos de gobernadores aliados. Esta semana estuvo en Chubut con Ignacio Torres, en una actividad centrada en la emergencia por incendios forestales. El lunes irá a Chaco a reunirse con Leandro Zdero y luego a Mendoza para verse con Alfredo Cornejo. Las negociaciones también tocan otras leyes. Podría incorporarse a extraordinarias un proyecto para modificar la Ley de Glaciares, un pedido clave de varias provincias cordilleranas. En cambio, la Reforma del Código Penal —también prioritaria para el oficialismo— quedaría postergada.

Mientras tanto, el oficialismo busca sumar una nueva “victoria legislativa” tras la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre, aunque los efectos concretos de esas medidas sobre las condiciones de vida siguen sin esclarecerse.

 

Aunque el proyecto ya cuenta con una versión avanzada, todavía se discuten aspectos clave que podrían alterar derechos laborales básicos. Según trascendió de fuentes oficiales, los puntos más sensibles incluyen la eliminación de multas por trabajo no registrado, la modificación del régimen de indemnizaciones y la posible creación de un esquema alternativo al actual Fondo de Asistencia Laboral (FAL). También siguen en debate los alcances de la reforma en materia de representación gremial y convenios colectivos. El eje general del texto apunta a una flexibilización del mercado de trabajo que podría debilitar la posición de los trabajadores frente a sus empleadores.

 

Para sindicatos y especialistas, estos cambios implicarían una regresión en derechos adquiridos. Los sectores más afectados podrían ser trabajadores jóvenes, tercerizados o sin convenio colectivo, que quedarían más expuestos a modalidades precarias y sin protección efectiva.

 

El debate formal todavía no llegó a Diputados, pero en la cámara baja el tema ya genera expectativas y movimientos. Si el Senado aprueba el proyecto, Diputados pasará a ser cámara revisora, un rol que —según anticipan distintos legisladores— no será meramente protocolar. Por el contrario, advierten que la revisión incluirá discusiones de fondo y eventuales modificaciones. En ese marco, las estrategias y los contactos comenzaron a desplegarse entre los diputados nacionales. El socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas —referenciado en la ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia—, adelantó a TN que ya tienen en agenda una reunión con la Confederación General del Trabajo (CGT). El encuentro había sido coordinado en diciembre con el triunvirato sindical, pero debió suspenderse por el tratamiento del Presupuesto 2026 y fue reprogramado para las próximas semanas.

 

“Es importante que el Gobierno haya aceptado posponer el debate, porque habla de una primera voluntad de incorporar algunas modificaciones y de escuchar lo que plantean desde los gobernadores, las centrales sindicales y distintos actores”, sostuvo Paulón. En ese sentido, agregó: “Espero que la intención de tratarlo el 11 de febrero no sea ir a una sesión el mismo 11, sino un debate previo en las comisiones donde se puedan incorporar concretamente los aportes que serán recibidos”.

 

En paralelo, la bancada de Unión por la Patria (UxP), que conduce Germán Martínez, apoya su estrategia en los legisladores de extracción sindical para diseñar la ofensiva contra el proyecto del presidente Javier Milei. En ese grupo se encuentran Hugo Yasky, secretario general de la CTA; Vanesa Siley; Mario “Paco” Manrique, de Smata; y los bancarios Sergio Palazzo y Carlos Cisneros. Voceros de esos diputados sindicales aseguraron que ya están presentando propuestas alternativas, más que simples cambios puntuales al texto del oficialismo. Entre las iniciativas destacadas figura un proyecto de Hugo Yasky que propone modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo en lo referido al período de vacaciones. “El empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 21 de diciembre y el 20 de marzo del año siguiente”, establece la iniciativa.