Denuncian que el ajuste libertario “desguazó estructuras de control sanitario”

En su informe sobre el escándalo del fentanilo contaminado, la peor tragedia argentina de la historia vinculada a los medicamentos, la comisión investigadora del Congreso recomendó una serie de mejoras en los sistemas de alerta y control, parta evitar que otra vez se viva una situación similar.

El analgésico de uso hospitalario tuvo una falla de producción y centenares de ampollas se contaminaron con dos bacterias, y ante la falta de detección las mismas fueron usadas en todo el país, dando como saldo final la muerte de más de 120 pacientes.

Además de las responsabilidades del laboratorio productor, la justicia analiza el accionar de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la agencia de control sanitario del país. Los legisladores recomendaron reforzar las tareas preventivas, pero esta idea choca con la realidad del organismo: Por el plan motosierra, tiene apenas cinco inspectores para cubrir todo el territorio.

El caso sirve para ejemplificar como el ajuste libertario afectó al sistema de salud, según un reciente informe que detalló los problemas generados por el DNU 70 y otras medidas del gobierno de Javier Milei. Además, el reporte explicó el impacto de los despidos en hospitales nacionales, y los problemas para acceder a los medicamentos contra el Sida a través de programas estatales. “El ajuste libertario desguazó estructuras de control sanitario”, concluyeron.

El análisis del DNU 70 en el rubro de salud lo realizaron integrantes de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA, la Red de Bioética y la Federación Argentina de Medicina General, que lo presentaron ante referentes del sector, trabajadores y entidades profesionales en la sede del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

El trabajo, de 150 páginas al que tuvo acceso Política del Sur, se estudia con detalle “el impacto negativo en los programas de atención a la salud, como el de prevención de embarazo adolescente, y el desmantelamiento de los hospitales nacionales a través de la baja salarial, como el caso del Garrahan, y con los despidos como en el caso del Bonaparte y el Posadas”.

En el informe se centra en “la disminución de personal y la falta de presupuesto en la ANMAT y los peligros que ellos significan en medio de la crisis más seria de la sanidad argentina debida a medicamentos no aptos, como lo fue la situación con el fentanilo envenenado”. Sobre este caso, se confirmó que hasta el mes de julio “la ANMAT perdió un total de 138 empleados (poco más del 11 por ciento del total de su dotación), mientras que su ejecución presupuestaria para el período enero/agosto de 2025 se redujo un 26,7 por ciento en comparación con el mismo período del año 202329”.

Además, el informe ratifica que “el derecho a la salud, que es el derecho a la vida, ha sido violado y está siendo progresivamente violado por el gobierno actual”.

También muestra cómo las acciones de sus gobernantes, “además de sus intenciones mostradas en el DNU 70/23, han beneficiado a los más poderosos y no a los más débiles, a los más ricos y no a los más pobres, a los más influyentes y no a los más sometidos”.

Desde un enfoque multidisciplinario, este informe permite reclamar “el cumplimiento de derechos fundamentales a un gobierno que pretende gobernar por decreto desconociendo la situación de sus gobernados, que reprime las protestas despreciando y amedrentando a quienes reclaman por sus derechos, que propaga falsa información pues sólo publica propaganda, que pone en peligro la soberanía para favorecer a grandes trusts económicos”.

También, critica la disolución de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y la supresión de direcciones y subsecretarías indispensables para la gestión de vacunas, provisión de medicamentos para HIV, tuberculosis, lepra y hepatitis C, también son abordados en el trabajo. Como conclusión, las entidades marcaron que “la política de motosierra, orientada a desguazar estructuras estatales de control sanitario, debilitando la capacidad de prevención y respuesta frente a riesgos graves para la salud pública”

La presentación fue acompañada por gremios de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), que vienen alertando sobre los problemas que genera en las provincias el ajuste libertario, y vienen pidiendo respuestas al ministro de Salud Mario Lugones, que nunca respondió preguntas en la comisión legislativa por el fentanilo, por ejemplo.

“Si vos tenés una agencia gubernamental como la ANMAT desfinanciada, con despidos y cinco inspectores para todo el país las consecuencias están a la vista, con el peor desastre sanitario que hemos tenido en la historia del país”, denunció María Fernanda Boriotti, presidenta de la FESPROSA. Ante la consulta de Política del Sur, recordó que son varios los organismos y espacios desarmados, como “el programa de prevención del embarazo adolescente, la no entrega de preservativos y anticonceptivos”.

Para Boriotti, el modelo que plantea el gobierno nacional “es muy perversos, que cada uno se arregle de forma individual”, lo que convierte al país en “un ejemplo negativo en el ámbito sanitario internacional”

Una de las consecuencias del desguace del sistema sanitario es el crecimiento del pluriempleo y de la sobrecarga laboral entre el personal, tanto profesional como administrativo y de asistencia. “Ante la pérdida del salario real muchos trabajadores se vieron obligados a asumir múltiples empleos como estrategia obligada de subsistencia”, explicó el reporte. La reducción de plantillas y la creciente demanda en los hospitales públicos “intensificaron la sobrecarga laboral, derivando en un mayor desgaste físico y psicológico”.

Este proceso tuvo efectos “deletéreos directamente en la salud mental del personal sanitario, con incremento de casos de ansiedad, depresión y Burnout”.  Estas dos cuestiones generaron “una aceleración” del éxodo de trabajadores y profesionales de la salud desde el sector público hacia el privado. En este sentido, desde FESPROSA alertaron que esta realidad se verá potenciada si se aprueba la reforma laboral que impulsa el gobierno.

“Enfrentaremos la reforma laboral que, lejos de estar focalizada en el sector privado, tendrá un impacto directo en la salud pública”, dijo Boriotti. En particular, agregó la titular de FESPROSA, “porque se intenta restaurar el capítulo 4 del decreto 70/23, suspendido por la Justicia, y, de ese modo, restringir hasta la desaparición el derecho de huelga en salud a través de la esencialidad, pasando por encima del artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.