Ya se notan las primeras y graves consecuencias de un Estado más chico

Las versiones de un “plan motosierra 2”, que prepara el gobierno nacional para la segunda etapa de gestión, podrían comenzar antes de fin de año, cuando se vencen miles de contratos. La orden dada por el Ministerio de Desregulación es achicar un 10 por ciento la planta de personal, y quienes no tienen estabilidad laboral estarían entre los primeros en caer en desgracia.

A la par que se prepara un plan de resistencia, la gestión libertaria insiste con limitar la capacidad operacional de las dependencias públicas, una especia de “maniobra de tenazas” que junto a la falta de personal hace que las posibilidades de cumplir  con sus funciones bajan, generando situaciones peligrosas.

Esto comienza a verse en varias áreas sensibles, como la salud, donde este año el país soportó la tragedia más grande de medicamentos, con la muerte de más de 100 personas por el uso de un medicamento que salió contaminado de su planta productora, sin que los controles lo detectaran.

Este caso es un gran ejemplo de lo que pasa cuando una entidad pública, como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), sufre el achicamiento de recursos y personal. Lo mismo pasa en el sector aeronáutico, donde las autoridades estatales comenzaron una serie de reformas que hacen que se realicen menos controles, delegando además a las empresas privadas esas tareas. “Se pone en riesgo la seguridad operacional”, aseguraron esta semana los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que debe garantizar vuelos seguros.

Estos dos casos se suman a muchos otros que muestran que la promesa del presidente Javier Milei de “venir a destruir desde adentro el Estado” se está cumpliendo, con las consecuencias que esto trae.

La motosierra de Milei y su ministro desregulador Federico Sturzenegger ya se cobró casi 60 mil puestos de trabajo en el Estado nacional. Esto condiciona el normal funcionamiento de las entidades públicas, que además sufren el achicamiento de recursos para las tareas fundamentales. Esto genera alarma porque no se distingue rubro o sector, incluyendo aquellos sensibles o esenciales.

En el caso de la ANAC, se vienen trasladando funciones al sector público por esta situación. “Hay cuestionamiento internacionales a la falta de trabajadores en la ANAC”, sostuvo Marcelo Belelli, coordinador de ATE en el organismo. En dialogo con Política del Sur, el dirigente dijo que “la plantilla de la entidad estatal se vio reducida en los últimos tiempos por retiros voluntarios, jubilaciones y algunos despidos en el marco del plan de ajuste del gobierno respecto al Estado nacional, la famosa motosirerra”.

En este sentido, el dirigente le pidió a las autoridades del organismo que se establezcan “claramente las responsabilidades y las funciones” del personal. “Todo ese proceso conlleva incumplir recomendaciones internacionales y tener menos capacidad operativa para poder controlar las operaciones aéreas en nuestro país”, agregó.  Esto, sumado al esquema de autoridad delegada, es decir, que el privado se auto-controle, hace que los trabajadores de la ANAC alertan que “puede impactar en la seguridad operacional”.

El esquema de autoridad delegada es parte de las últimas reformas que hizo la ANAC con la modificación de la Regulación Argentinas de Aviación Civil (RAAC) 153 que establece nuevas normas para la operación de aeródromos. Esta medida fue rechazada por ATE, que viene reclamando una mesa de diálogo y discusión para generar estos cambios, de forma consensuada.

Otro cambio, conocido hace unos días, permite una menor presencia de organismos de control en aeropuertos y aeródromos. La nueva reglamentación traslada funciones que hoy están a cargo de los profesionales de la ANAC a los concesionarios aeroportuarios. “Nosotros entendemos que cualquier proceso de transformación, si no se hace dentro de un marco ordenado de tiempo y de programación, estableciendo claramente una transición de un esquema de trabajo hacia otro, puede impactar en la seguridad aérea”, alertó Belelli.

Para ATE el hecho de que los aeropuertos no cuenten con el control del organismo público “significa menos seguridad aérea”. Ante estos cambios, la coordinación nacional ATE realizó una reunión de “carácter urgente” con los jefes de aeropuertos de todo el país, incluidos los responsables de seguridad operacional y control terrestre, y declaró el “estado de alerta y movilización” ante el riesgo concreto que genera la tercerización de las funciones.

En otra área donde se nota la falta de Estado es la salud. Hace unos días, los diputados que forman parte de la comisión que investigó responsabilidades por el escándalo del fentanilo contaminado, el analgésico que causó más de 100 muertes al estar infectado con dos bacterias, dieron sus conclusiones.

Para que se produzca esa tragedia, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) debió fallar en su rol de controlador de los tratamientos farmacéuticos que se usan en el país. Así lo determinan las conclusiones del informe final, que propone una serie de mejoras para evitar nuevos problemas.

El reporte, al que tuvo acceso Política del Sur, recomienda fijar “criterios de idoneidad y antecedentes para quienes dirigen laboratorios que producen fentanilo o derivados, además de exigir la declaración del origen de fondos para prevenir habilitaciones a actores sin capacidad acreditada”. También pide reforzar los controles sobre transferencias comerciales de laboratorios que adquieran licencias para producir inyectables críticos, incluida la obligación de inspeccionar el primer lote que elaboren tras obtener autorización.

En la misma línea, la comisión propone “un sistema de auditorías en Buenas Prácticas de Manufactura escalonado según riesgo y capacidad operativa; y la creación de un monitoreo digital obligatorio que impida elaborar registros con posterioridad a la producción”.

El informe final de la Comisión de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado consta con un total de 4.200 fojas con 20 recomendaciones que surgieron a partir del aporte de familiares de víctimas, especialistas en la materia y los documentos remitidos por las instituciones.

Uno de los ejes más robustos del informe es la trazabilidad. Los legisladores recomiendan implementar un sistema inalterable que siga el recorrido completo de los opioides y medicamentos críticos desde la adquisición de insumos hasta su entrega a droguerías y efectores.

Ese mecanismo debería complementarse con una trazabilidad nacional específica para inyectables y opioides dentro de los establecimientos de salud, incluida la cadena de custodia y la administración final al paciente. Para que esa información sea verificable, la comisión volvió a impulsar la digitalización obligatoria de historias clínicas y la adhesión de todas las provincias a la ley que establece el registro digital.

Propone sanciones para los efectores que no cumplan con esa obligación. También solicita que todas las jurisdicciones adhieran a la disposición de ANMAT que incorporó al fentanilo y otros productos farmacéuticos de alto riesgo al Sistema Nacional de Trazabilidad Digital. El documento señala la necesidad de mejorar los mecanismos de alerta sanitaria, con un sistema capaz de graduar riesgos y asignar prioridad alta a defectos de calidad potencialmente mortales.

En paralelo, pide fortalecer los Comités de Control de Infecciones y la vigilancia epidemiológica, con cumplimiento efectivo de las políticas previstas por la ley de resistencia antimicrobiana. Este punto cobra relevancia porque la adulteración se dio con un patógeno multirresistente.

La comisión también recomienda que el ministerio de Salud ponga en marcha una red de articulación público-privada para unificar protocolos de comunicación y respuesta ante situaciones de riesgo sanitario, y que impulse en el Consejo Federal de Salud pautas obligatorias de control y alerta epidemiológica. El informe propone formalizar por ley la creación de la ANMAT y establecer un sistema de incompatibilidades para sus funcionarios.