La comisión investigadora por la causa del fentanilo adulterado presentó un informe que advierte sobre incumplimientos reiterados en los controles de la ANMAT, la dispersión de normas y la necesidad de crear un sistema nacional de trazabilidad. Política del Sur conversó al respecto con Alejandro Ayala, licenciado en kinesiología y fisiatría y hermano de Leonel, víctima del fentanilo adulterado.
Explicó que “uno de los pilares de una comisión especial es para darle visibilidad mediática, social de un proceso histórico, en este caso sin precedentes”. Y sostuvo que “a pesar de los tiempos, la Comisión Investigadora tuvo un plazo de tres meses en el que se trabajó intensamente, con las barreras y las dificultades que fueron ahondando por la falta de voluntad política, de acceso a documentación de la causa, de la Justicia; se llegó a 20 recomendaciones que son muy importantes para reestructurar el sistema de control, fiscalización, de reportes de información y de acompañamiento a las familias”.
“Nosotros hemos insistido con el acompañamiento de todos los bloques. Esta Comisión Investigadora tuvo varios aspectos muy positivos, se conformó por varios proyectos de varios bloques. Tuvo un diálogo interinstitucional con el juez de la causa, que fue a dar su testimonio. La Comisión salió del Congreso para ir a Rosario a escuchar a las familias del lugar. Las familias fueron parte activa teniendo un micrófono abierto para dar su punto de vista sobre la situación”, mencionó, al tiempo que destacó que “marcaron aspectos muy positivos e importantes en cuanto al diálogo, a la apertura y al poder generar una conciliación sobre esta situación porque estamos hablando del derecho a la salud, algo muy importante y fundamental para todos los ciudadanos”.
Por otro lado, subrayó: “A nuestras familias no las mató solo un fentanilo adulterado con bacterias. Lo mató una cadena de negligencias estructurales de un sistema de salud y fallas en los controles que concatenaron en el paso del tiempo y provocaron una tragedia de estas características que era anunciada. Nos mató un estado ausente y digo ‘nos mató’ porque a las familias nos dejó una huella que nunca vamos a olvidar. Violaron el derecho a la vida y a la dignidad humana”.
En esa línea, aclaró: “No vamos a parar hasta que los responsables administrativos y políticos paguen por esta situación”. Y con respecto al informe, manifestó que “sin desmerecer las recomendaciones que se dieron, fue insuficiente en término de responsabilidades políticas”. “Necesitamos que los responsables políticos, como el ministro de salud, Mario Lugones, la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, estén apartados del cargo y puedan dar respuestas concretas en la justicia. Porque ellos fueron cómplices omisos y encubrieron información importante para poder detener ese lote que estaba contaminado y además para recuperar las ampollas que estaban dispersas por todo el país”, agregó.
También aseguró que esa partida de fentanilo ya no está circulando porque “el desafío de la Justicia fue poder rescatar las ampollas por registros en papel. El fentanilo es un medicamento de alto riesgo, muy peligroso, que tendría que tener un registro unitario virtual, como sucede en todos los países del mundo. Argentina excepcionalmente no lo tiene”. Y remarcó que “el tema central de esta Comisión Investigadora fue poder llegar a un punto de encuentro para diseñar un sistema de trazabilidad que pueda identificar todos los estupefacientes. Argentina produce muchos estupefacientes y la producción de estupefacientes no se registra. Se producen y no sabemos cuánto se produce, dónde van, qué se hace con eso”.
Finalmente, manifestó que “hubo un silencio ensordecedor durante meses". "Las familias tuvimos que empujar una Comisión Investigadora en el Congreso, que los medios de comunicación nos puedan abrir las puertas y agradecemos profundamente estos espacios. La gente en la calle no tomó conciencia social sobre esta situación, pero menos, y es lo que más me preocupa, el Poder Ejecutivo”, apuntó.
"No tomó la responsabilidad y el liderazgo político que se merece una situación con estas características. Sigue aplicando políticas desreguladoras sobre los medicamentos. A nosotros nos hace sentir muy mal y frustrados esta situación porque en vez de aplicar medidas reparadoras, nos terminan lastimando mucho más esas decisiones”, cerró.