La aprobación del presupuesto abre una nueva grieta entre los gremios docentes

Luego de la última reunión que reabrió la paritaria docente, los integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) salieron a reclamarle a la legislatura de la provincia de Buenos Aires que apruebe dos leyes claves para poder proyectar un aumento salarial para el sector: el presupuesto y el endeudamiento.

Las negociaciones entre el oficialismo y los distintos bloques opositores se estancaron hasta último momento, por lo que la presión gremial se intensificó. Así, además de los sindicatos educativos, las seccionales provinciales de las dos fracciones de la CTA hicieron un llamado público para que ambas normas vean la luz.

Pero al mismo tiempo, este miércoles un sector de SUTEBA –gremio mayoritario de la docencia –se movilizó para exactamente lo contrario: pedir que la legislatura rechace los números de Axel Kicillof. Se trata del sector identificado con la Lista Multicolor, que reúne a la dirigencia clasista, y que se enfrenta a la conducción de Roberto Baradel.

En medio de ambas posturas, los estatales se distanciaron del pedido de los funcionarios, pero tampoco criticaron públicamente el proyecto, dejando un lugar para su respaldo, que hizo el dirigente Oscar de Isasi como líder de la CTA Autónoma bonaerense.  Alarma en el sector por el avance de la Ley de Libertad Educativa a nivel nacional, que tendrá impacto en la provincia de Buenos Aires.

Los gremios docentes se sumaron a los pedidos del oficialismo para intentar la aprobación del presupuesto y la Ley de Endeudamiento, un pedido de los funcionarios para poder destrabare eventuales nuevos incrementos salariales. “El aumento salarial es prioritario: Por eso la legislatura debe aprobar las leyes presupuestarias”, expresaron sin medias tintas los integrantes del FUDB, que confirmó que la gestión de Kicillof expresó en la cumbre “la decisión gubernamental de dar continuidad al tratamiento de la agenda laboral y salarial, pero que está a la espera del tratamiento de las leyes presupuestarias en la Legislatura provincial”.

Por eso el reclamo definitivo. Pero un sector de SUTEBA se movilizó esta te miércoles para justamente lo contrario: rechazar la propuesta del oficialismo. Se trata de la Lista Multicolor,  que estuvo primero en la sede del Ministerio de Trabajo para “visibilizar la bronca por un salario de hambre”. “Los docentes, como el resto de los trabajadores del Estado, no llegamos a mitad de mes, estamos endeudados para poder comer y trabajamos dos y hasta tres cargos. Es una situación que no se aguanta más”, dijo el espacio mediante un comunicado.

La crítica al gobierno es la falta de oferta en la última reunión de la paritaria docente: “Los sindicatos difundieron un comunicado donde se pronuncian a favor del Presupuesto 2026, el paquete impositivo regresivo y el nuevo endeudamiento de Kicillof”.

“Nosotros en primer lugar rechazamos la extorsión del gobierno de Kicillof, que plantea que sólo con endeudamiento puede pagar no sólo un aumentos salarial, sino  los aguinaldo”, dijo Andrea Lanzette, de SUTEBA Multicolor de Lanús.

En diálogo con Política del Sur, criticó esa postura del gobierno provincial, que “pone en riesgo el pago del aguinaldo sin esas dos leyes, sin generar alternativas”. El espacio es crítico de los números proyectados por el gobierno bonaerense, ya que “no genera ninguna mejora en materia de presupuesto educativo”.

“Hay un ajuste importantísimo en la provincia de Buenos Aires según la proyección de este presupuesto para el próximo año, para educación y otras áreas sensibles”, agregó Lanzette, que pidió recursos “para mucho más que aumentos salariales”.

En este sentido, la referenta de Lanús recalcó que “en educación tenemos situaciones muy complejas, con escuelas que al día de hoy no tienen  agua o gas, y que estuvieron así todo el año”. Por eso, el espacio clasista se movilizó junto a otros espacios, como los trabajadores del Astillero Río Santiago, para pedir el rechazo del presupuesto por esta doble situación: La extorsión y la falta de inversión.

“Además, el endeudamiento lo vamos a pagar todos los bonaerenses, necesitamos más recursos pero no en base a tomar más deuda, sino con una ley que le cobre a los más ricos, provincia de Buenos Aires tiene grandes cúmulos de riqueza que deben ser redistribuidos”, agregó.

Según los datos que se difundieron desde el sector clasista, el área de Educación sufre “un ajuste por inflación del 28 por ciento respecto al último presupuesto aprobado, se llevaría apenas el 24,78 por ciento del total bajando ahora del 26.42 por ciento en 2023 e incluso más: en 2003 se llevaba el 31,18 por ciento y en 2008 llegó a tener el 32,38 por ciento”. Además, plantea “más tareas para la docencia como impulsar la obligatoriedad de la sala de 3, la universalización de la sala de 2 años y extender la jornada educativa, pero congelando la planta, es decir mayor precarización y peores salarios”.

En tanto, a nivel nacional existe temor por los efectos de la llamada Ley de Libertad Educativa, que se conoció intenta aprobar el gobierno libertario. El primer capítulo de la norma, a la que tuvo acceso Política del Sur, define los lineamientos ideológicos centrales de la propuesta y coloca la “libertad educativa” como principio rector del sistema, seguida del “rol preferente” de las familias y la “subsidiariedad del Estado”.

Aunque el texto ya no presenta a la educación como un “bien público”, sostiene la gratuidad desde sala de cuatro hasta el último año de la secundaria y mantiene los contenidos mínimos del Sistema Educativo Nacional. En esa línea, el artículo 37 incluye la facultad para que las instituciones educativas definan el régimen de gobierno interno, los planes de estudio propios, los reglamentos, el régimen de personal y las políticas de admisión, permanencia y disciplina.

Para las escuelas estatales, el escrito prevé una transición progresiva hacia un esquema de gestión autónoma, al tiempo que incorpora un “Consejo Escolar de Padres” como órgano de participación familiar. En tanto, el esquema incorpora cambios en el calendario escolar y establece un mínimo de 540 horas anuales para nivel inicial y 720 horas para primaria y secundaria, inferior a las metas definidas el Consejo Federal de Educación para 2024, que fijó 760 y 900 horas, respectivamente.

En paralelo, el proyecto habilita la educación en el hogar como una modalidad alternativa equivalente al homeschooling con opciones híbridas y a distancia, sin fijar edad mínima. El documento indica que los estudiantes que opten por la educación en casa deberán acreditar conocimientos mediante exámenes periódicos.

No obstante, la sección más controvertida de la reforma altera el financiamiento educativo y suprime la meta del 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) mediante un esquema que reparte responsabilidades entre el Estado nacional y las provincias.

Apenas conocido el borrador del proyecto, los gremios “pusieron el grito en el cielo” respecto del impacto de la iniciativa. Desde la CTERA por ejemplo rechazaron “enérgicamente” el documento y aseguraron que se trata de “un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto, que en todo su contenido arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales conquistados durante años de luchas sostenidas desde el campo popular”.

“Desconocen e ignoran el proceso de participación respetuosa y plural que en el año 2006 logró definir a la educación como un derecho social y al conocimiento como un bien público, para reemplazarlo de manera antidemocrática con otro proyecto que claramente responde a los mandatos e intereses de las corporaciones empresariales del sector privado económicamente más concentrado, definiendo a la educación como un servicio y centrándose en los principios de la libertad individual por sobre los intereses sociales”, recalcaron.

Si bien son las provincias las que tienen bajo su tutela los sistemas educativos, los lineamientos generales los impone Nación. Además, agregaron fuentes del sector consultados por Data Gremial, el gobierno “interviene verticalmente a través de la ley actual, que aportar recursos para equiparar salarios, entre otras cosas. Esta ley institucionaliza el ajuste”.

El rechazo de CTERA apunta también a “un proyecto conservador que impone la idea de la familia como la figura preferentemente responsable de la educación de sus hijos, obturando cualquier principio colectivo de socialización en las escuelas, de igualdad ante el derecho y de justicia social”. Además introduce “la formación religiosa confesional en la educación pública y promueve la educación en los propios hogares (homeschooling)”.