Nuevos cuestionamientos al índice de inflación del INDEC

Por quinto mes consecutivo, la inflación se incrementó comparada con el mes anterior, y genera cierta inquietud en algunos sectores. La tasa del 2,3 por ciento de octubre marca una tendencia alcista, que no se condice con la tranquilidad que maneja el gobierno nacional, en especial luego del triunfo electoral de las legislativas. Lo cierto es que en el actual escenario, comienza a ser un tema el IPC y sus consecuencias. Mucha más si se tiene en cuenta que la actual medición es considerada cuanto mínimo desactualizada, y hay un compromiso del oficialismo de actualizar las canastas, lo que puede hacer que la cifra se dispare.  

Esta medida es reclamada por los gremios, que aseguran que la tasa funciona actualmente como “un ancla” de las paritarias, porque los valores no condicen con la realidad, y le ponen techo a los aumentos salariales.  En este sentido, una vez conocida la nueva medición, las críticas se renovaron.

Mediante un documento difundido este jueves, la Mesa Sindical –entidad que nuclea a más de 40 organizaciones de las tres centrales obreras –volvió a cargar contra el gobierno de Javier Milei por el último dato de la inflación, como hizo durante todo el año. “Miente, miente que algo quedará”, fue el título del documento del grupo, que denunció “inflación trucha, salarios y jubilaciones a la baja”, y reclamó por “un fin de año con aumento y sin reforma laboral”. “No refleja la realidad que viven nuestras economías familiares”, dijo de manera tajante este grupo, que se viene pronunciando contra la forma en que se mide el IPC. Desde el sector público, también pidieron un sinceramiento de las cifras oficiales.

La Mesa Sindical recordó que la inflación subió por quinto mes consecutivo y “ya no pueden ocultar que crecieron los rubros en los que gastamos los trabajadores/as y nuestras familias: transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, prendas de vestir y calzados, cuidado personal y protección social”. “A pesar de los esfuerzos por maquillar la realidad se devela que aumenta la pobreza y la indigencia. Son datos duros de la realidad, no interpretaciones”, recalcaron en el texto, al que tuvo acceso Política del Sur.

Sin embargo, recalcaron que en el gobierno “insisten en que ambos rubros mejoraron: que hay menos pobres. Insólito pero real”. En el año el espacio también puso en duda el dato de pobreza, que se difundió en octubre pasado, y que hizo jactar al oficialismo de haber sacado 12 millones de personas de esa condición: “Basta de maquillaje estadístico”.

Por esto, la Mesa Sindical mantuvo todo este año el reclamo de “una reparación salarial del 20 por ciento para todos los trabajadores/as y jubilados/as porque el gobierno toma mal los datos de la inflación real debe transformarse en una campaña nacional”. “Tan fuerte como el rechazo a la reforma laboral depredadora y retrógrada. Los trabajadores/as sabemos que los intentos por quitarnos derechos conquistados van de la mano con la pretensión de pulverizar los sueldos para imponernos una vida mínima”, alertaron. La otra cara “perversa” de esta política descarada son “los despidos y las suspensiones”. “Darle batalla es nuestro derecho colectivo.   Para enfrentar la política de una vida mínima: unidad sincera, estrategias claras y un fin de año a favor de las mayorías en Argentina”, concluyó este espacio, formado por una amplia representación sindical.

Los datos inflacionarios oficiales del INDEC vienen siendo cuestionados hace meses por distintos sectores sindicales, con este espacio como estandarte. La principal crítica es los problemas metodológicos que implica mantener una ponderación pensada para un contexto económico como el de 2015, completamente diferente en cuanto al peso que, por ejemplo, tenían las tarifas de servicios públicos y los alquileres en los salarios.

Este problema está la base de las diferencias cada vez mayores entre las mediciones del INDEC y las de que realiza el instituto estadísticos de la Ciudad de Buenos Aires, que cada mes suele ubicar el dato inflacionario varias décimas por encima. En ese marco, el titular del organismo, Marco Lavagna viene anticipando la posibilidad de una actualización de las fórmulas de medición inflacionaria, pese a la resistencia del oficialismo a la implementación de mediciones que esmerilen su principal logro económico, mostrando datos inflacionarios mucho más elevados que los registrados hasta el momento.

Ante las críticas durante el año, el INDEC confirmó que el nuevo IPC, elaborado con base en la Encuesta de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, comenzará a difundirse en febrero del 2026 con el dato correspondiente a enero de ese. La decisión fue comunicada tras conocerse el dato de inflación de septiembre, cuando ya se hacía sentir la aceleración de la inflación.

Según informó el organismo, implementar el nuevo esquema a partir de enero aportará beneficios técnicos relevantes, como el cumplimiento de estándares internacionales y una mejor “interpretación y análisis” de los datos para las comparaciones interanuales y acumuladas. “El IPC actual que está desactualizado porque la muestra incluye productos que ya no se consumen y otros tienen una incidencia que ha cambiado, o sea no tienen movimiento o su repercusión no es significativa”, le ratificó a Política del Sur un dirigente de este espacio.

Ante esta situación, remarcó que en la inflación medida como hasta ahora “hay productos que no son incluidos como los gastos de internet, servicio de celular, medicina prepaga, servicios de canales de películas, etcétera”. “La implementación de la metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018 se comenzará a difundir con los resultados de las variaciones de enero de 2026”, comunicó oficialmente el INDEC.

Pese a esto, desde la Mesa Sindical son poco optimistas respecto de lo que pueda pasar con esta actualización. “Cuando el gobierno considere que la inflación real sea baja, por caída de consumo, endeudamiento, etcétera, recién ahí, actualizará el nuevo índice”, recalcó el dirigente consultado.

En uno de los espacios donde más se siente el impacto de este IPC desactualizado es el la discusión salarial de los trabajadores del estado, que viene siendo planchada por el Gobierno, con aumentos que no superan el punto y medio mensual, a partir de los índices oficiales. Incluso con esta tasa que se supone menor a la real los estatales –ya sean de la administración pública, las universidades o la justicia –están muy retrasados.

La lucha de ATE por descongelar la discusión de los ingresos tendrá esta semana un nuevo paro nacional, una medida a la que sumarán el rechazo a la reforma laboral. En tanto, docentes y nodocentes también protestarán, en su caso para pedir por la Ley de Financiamiento universitario. Es que todo el sector estatal tiene problemas de ingresos.

En este punto, el titular de la Federación Judicial Argentina (FJA) Matías Fachal se sumó a las críticas de la Mesa Sindical respecto de la veracidad del índice que difunde el INDEC. “Todos sabemos que es un cálculo por lo menos falaz, engañoso, desvirtuados, porque se calcula categorías de hace 20 años, por eso es directamente mentiros”, dijo Fachal, en declaraciones a Política del Sur. Como ejemplo el dirigente puso los incrementos de servicios públicos, alquileres y transporte, que hoy “tienen un peso mayor en el gasto de un asalariado, y son los que más aumentan”. El tema, analizó, fue parte del proceso electoral, y el gobierno decidió mantener el actual IPC para evitar sumar “descontento social” en la campaña electoral. “Este escenario de desconcierto y malestar económico, más las amenazas del gobierno de Estados Unidos con la ayuda económica y que se contradice con la idea que no hay una crisis, terminó influyendo en los comicios”, afirmó Fachal.