Estatales nacionales piden descongelar las paritarias: “No hay más lugar para más pérdida”

Durante el 2025, la política salarial del gobierno nacional impuso un techo en las paritarias que generó malestar en los gremios. Si bien muchos convenios lograron revertir esta iniciativa, en el sector público se aplicó a rajatabla, generando aumentos mensuales en torno al 1-2 por ciento. Esto puedo verse claramente en dos sectores que hoy están movilizados con conflictos crecientes: Los estatales nacionales y docentes y nodocentes universitarios.

La lucha del Hospital Garrahan fue uno de los hitos en la pelea contra esta estrategia oficial, y terminó con una contundente victoria de los trabajadores y profesionales: Lograron un aumento del61 por ciento para todo el personal. Esto genera expectativa en toda la administración pública nacional, que espera que este conflicto siente un precedente, y pueda trasladarse al resto de los empelados públicos. “No hay lugar para más pérdida”, dicen desde ATE, que este martes debatieron la situación salarial y laboral de los empleados públicos, y anunció un nuevo paro nacional.

Según la proyección de los trabajadores del INDEC, en su último informe la pérdida de ingresos que se viene sufriendo desde que asumió Javier Milei supera el 30 por ciento, por lo que reclaman un “aumento de emergencia”.

En la última paritaria de los trabajadores del Estado nacional, se acordó un incremento total para todo el semestre del año del 7,5 por ciento, con subas que no superan el punto y medio mensual. Así lo definió el decreto 527/2025, publicado en el Boletín Oficial, en agosto pasado, cerrando la posibilidad de una verdadera recuperación salarial.

Esto fue rechazado de forma contundente por ATE, que lanzó un plan de lucha junto a comisiones internas de todo el Estado, circulando un petitorio y haciendo actividades de protesta y difusión de los reclamos. “Hemos perdido mucho en estos últimos años, nuestros informes lo demuestran, casi 30 por ciento en estos meses es demasiado”, sostuvo Raúl Llaneza, referente de la Junta Interna de ATE en el INDEC, que vienen difundiendo una serie de informes que confirman esta pérdida de ingresos.

Al respecto, el dirigente afirmó que “la lucha del Garrahan, como el de las universidades, tuvo un gran acompañamiento popular, y eso fue una bisagra, que fue un medio para vencer la política del ajuste del gobierno nacional, y además rompieron el veto presidencial con una sociedad que acompaño en masa”.

En cuanto a la situación de los estatales, Llaneza adelantó que “se viene una discusión no sólo hacia afuera visibilizando el tema, sino hacia adentro de nuestro sindicato por la necesidad de plenarios para discutir una política de lucha progresiva para lograr los puntos básicos que venimos reclamando”, agregó. “no hay lugar para más pérdida”, recalcó Llaneza en diálogo con Política del Sur.

Los efectos del congelamiento de la paritaria es una caída muy pronunciada del salario de los empleados públicos. Así lo muestran los informes mensuales que hacen los trabajadores del INDEC, que además marcan que los ingresos congelados expulsan a muchos trabajadores, que no pueden sostener la pérdida que vienen padeciendo, que el último reporte ubica en torno al 27 por ciento.

Según el análisis del mes de septiembre, un empleado público “necesitó 1.979.769 pesos para satisfacer las necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja de 30 años con dos hijos en edad escolar”. Este valor se compone de “675.671 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 1.304.098 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”.

“Las canastas utilizadas para este ejercicio no son las utilizadas por el INDEC para la medición de la pobreza, que en septiembre de 2025 llegó a 1.176.852”, aclararon desde la Junta Interna de ATE, que realiza mensualmente esta medición. Desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza “la inflación acumulada es de un 233 por ciento, y la pérdida del poder de compra de un 27,5 por ciento para el caso testigo (Nivel D Grado 0)”.

Este relevamiento, al que tuvo acceso Política del Sur, “se realiza en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del Estado, marcado por aumentos generalizados en servicios esenciales —como prepagas, transporte, educación privada, electricidad y combustibles— que impactan directamente en el costo de vida”. “A pesar de los efectos del ajuste y del creciente malestar social, el gobierno nacional continúa sin atender los reclamos salariales y sociales más urgentes”, agregaron desde ATE-INDEC.

Para graficar la magnitud de la perdida de una manera clara, Llaneza aclaró que “es igual a 41 Canastas Básicas Totales a valores del mes de septiembre de este año”. La situación de los estatales no es homogénea, y afecta mucha más a quienes ni siquiera acceden a ese aumento casi congelado, como son los empleados monotributistas. “Es destacada en nuestro constante reclamo de regularización contractual”, remarcaron desde el gremio, que marcó que en su caso la pérdida del poder adquisitivo general y al congelamiento salarial que padecen desde septiembre de 2024 “se le debe sumar la no percepción de los medio aguinaldos, presentismos y las exiguas sumas fijas que el gobierno otorga como paliativo”.

Tomando un salario neto mensual actual de 706.303 pesos, “han acumulado una pérdida que alcanza la suma de 5.311.525 pesos, esto es el equivalente a 7,52 de meses de honorarios en los últimos 93 meses”.

En este panorama, y con la reforma laboral en el horizonte, ATE reunió a la dirigencia de todo el país, y lanzó este martes una jornada de lucha para la próxima semana. La conducción del gremio votó por unanimidad realizar una Jornada Nacional de Lucha para el miércoles 19 de noviembre con movilización a la Secretaría de Trabajo a partir de las 12 del mediodía en rechazo a la reforma laboral planeada por el Gobierno y exigiendo “la inmediata reapertura de las paritarias”.

En este marco, el Sindicato pudo averiguar que el Ejecutivo prepara el desguace de áreas sensibles de control y fiscalización para adaptar el Estado a esta nueva normativa prevista: “Vamos a movilizar al ex Ministerio de Trabajo porque a los efectos de facilitar la posterior quita de derechos, ya pretenden empezar a adaptar la máxima autoridad laboral del país con esa finalidad. Intentan desmantelar áreas completas, casualmente las de fiscalización o las agencias territoriales, para impartir nuevas reglas y que las patronales no tengan ningún tipo de control”.

“Después de 23 meses de Milei, la administración pública entró en emergencia salarial. Cada día que pasa, el pluriempleo comprende a una cada vez mayor cantidad de empleados públicos que ya no pueden cubrir las necesidades básicas ni sostener dignamente sus hogares”, agregó Rodolfo Aguiar, titular de ATE nacional.