El 15% de los trabajadores en la Argentina de Milei tienen problemas para comprar comida

A fines de septiembre, en todo el país comedores populares coordinaron acciones para reclamar mejoras en la entrega de alimentos. “Las ollas están vacías”, fue el lema de la jornada, que apuntó al ajuste del gobierno nacional a los programas sociales y de asistencia, que se extendieron a las provincias y los municipios.

Es que la falta de recursos pone en jaque su tarea, que además desde que asumió Javier Milei se vio golpeada por el ajuste libertario. Esto con una demanda en alza, que hace que cada vez más personas pasen a buscar alimentos cada día. Incluso trabajadores registrados.

Esta situación se vio en varias crisis del país, pero un reciente informe asegura que afecta a un número de argentinos inéditos, que deben recurrir a estos lugares para garantizar las comidas.

Es que casi el 15 por ciento de los empleados sufre “inseguridad alimentaria”, un fenómeno que es definido por Naciones Unidas por como los problemas que experimentan las personas que hace que “no pueden llevar una dieta sana y equilibrada de forma habitual debido a limitaciones de ingresos u otros recursos”.

Esto genera alarma entre los gremios, que vienen poniendo en marcha planes para mitigar esta realidad, que tiene especial impacto entre trabajadores informales, cuentapropista y jubilados.

Un último informe de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló una de las peores caras de la crisis de ingresos, que afecta a los trabajadores registrados.

Según el reporte, al que tuvo acceso Política del Sur, el 15 por ciento de los trabajadores asalariados del país “sufre inseguridad alimentaria por falta de recursos económicos”, es decir, pasa hambre. El estudio, que abarca el promedio de los últimos tres años, también mostró que “la situación se agrava entre los informales y los cuentapropistas, donde el índice trepa al 25 por ciento, evidenciando que tener empleo no garantiza el acceso a una alimentación suficiente o de calidad”.

El informe de la UCA detalla que el indicador se construye “a partir de las respuestas sobre acceso y calidad de los alimentos en los hogares”. Se consulta si los adultos o los niños redujeron porciones o sintieron hambre en los últimos 12 meses por falta de dinero. El resultado permite clasificar los casos en inseguridad alimentaria moderada o severa. Según los datos, “el 8,1 por ciento de los ocupados está en situación severa, mientras que el 11,5 por ciento enfrenta dificultades moderadas”.

El reporte se realizó en centros urbanos de todo el país con más de 80 mil habitantes e incluyó 2894 personas mayores de 18 años.

Entre los trabajadores formales, el panorama es menos grave: “la inseguridad alimentaria afecta al 7,4 por ciento de los asalariados con aportes, frente al 30,3 por ciento de los asalariados sin aportes”.

La precariedad y la informalidad aparecen como los principales factores detrás del deterioro. Según la UCA, “la insuficiencia del ingreso real explica por qué incluso con trabajo, miles de familias no logran cubrir sus necesidades básicas”.

El análisis de la ODSA muestra una tendencia preocupante: En 2022, el 17,3 por ciento de los ocupados tenía inseguridad alimentaria; en 2023 subió al 18,8 por ciento; en 2024 alcanzó el 22,5 por ciento, su nivel más alto en tres años. Dentro de ese universo, los cuentapropistas fueron los más golpeados: la incidencia saltó de 22,1 a 31,8 por ciento en un año.

En cambio, “entre los asalariados formales, el índice bajó levemente, de 9,1 a 7,8 por ciento”. El informe también muestra fuertes diferencias según la región y el género. En el conurbano bonaerense, “el 18,9 por ciento de los asalariados sufre inseguridad alimentaria”.

En las ciudades del interior, el índice baja al 14,8 por ciento. En CABA llega al 7,1 por ciento. Entre los asalariados con aportes, las brechas son aún más marcadas: “10,5 por ciento en el conurbano, 7,4 por ciento en el interior y solo 1,8 por ciento en la Capital Federal”.

Además, la inseguridad alimentaria es más alta entre las mujeres registradas: afecta al 8,5 por ciento frente al 6,6 por ciento de los varones.

En las filas de los comedores comunitarios, este fenómeno muestra su peor cara. Trabajadores y sus familias esperando recibir una vianda, con la angustia que no alcancen para todos, y retirarse sin nada.

Esto puede verse en la zona del AMBA o en el interior del país, y los gremios buscan acompañar la tarea de los movimientos sociales para evitar situaciones peores.

“Hay mucha más presencia de trabajadores en los comedores, y en especial jubilados, que van a buscar alimento casi todos los días”, dijo Pablo Spataro, titular de la CTA Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Ante la consulta de Política del Sur, el dirigente apuntó al modelo económico de Milei, que “excluye a cada vez más gente”.

En el interior, esto puede verse con algunos datos. En Córdoba, por ejemplo, ATE difundió este mes cifras del Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que confirmó que “da de comer a más de 308 mil beneficiarios en toda la provincia”. Las causas tienen que ver con “la fuerte crisis económica que golpea no sólo el bolsillo de las familias vulnerables, sino también de los hogares de clase media”.

“Eso hace que más chicos se sumen al PAICOR para poder alimentarse”, dijeron desde ATE. El PAICOR es una iniciativa provincial que brinda apoyo alimentario a estudiantes de bajos recursos para asegurar su bienestar y permanencia escolar.

Durante el invierno, el programa alimentario ya daba 8 mil raciones por día a los alumnos de la ciudad que necesitan del alimento diario.

En cuanto a las razones de esta tendencia, la UCA asegura que no hay datos de este año. “De 2025 todavía no hay datos, pero es posible que el índice haya mejorado, en sintonía con la merma de la pobreza y la indigencia, aunque las dinámicas de consumo cambiaron”, explicó Ianina Tuñón, investigadora de la UCA y coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia.

Además, el informe de la UCA confirma una tendencia estructural: “el trabajo ya no garantiza escapar del hambre”. En la Argentina de 2025, el 19,6 por ciento de los ocupados adultos tiene inseguridad alimentaria, reflejando que el problema trasciende el desempleo y se vincula con la pérdida del poder adquisitivo, la informalidad y la precariedad laboral. A esto se le suman los puestos de trabajo formales perdidos, que complican más el panorama.

Tuñón señaló que “uno de los aspectos más afectados en 2024 fue la calidad de los alimentos consumidos”, lo que sugiere que, aunque algunas familias logran cubrir sus comidas diarias, la nutrición sigue deteriorándose.