En la Argentina de Milei, 4.500.000 son pobres pese a tener trabajo

En el reciente plenario de secretarios generales, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) discutió la próxima convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 14.656.

Este instrumento busca generar un piso de ingresos para los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, y es una larga promesa del gobierno de Axel Kicillof que no se termina de concretar.

La dirigencia intercambio en el encuentro información sobre los sueldos que se pagan en territorio provincial, y en muchos casos la postal que se pintó fue la misma: Salarios que no superan la línea de pobreza. El caso municipal es el más dramático y más visible de este fenómeno, que hace años se viene profundizando pero que se potenció con la gestión libertaria: Trabajar y ser pobre.

Un reciente estudio aseguró que son 4.500.000 los argentinos en esta situación, más de un 20 por ciento de la masa ocupada en la actualidad. El trabajo refleja una “paradoja persistente”, según el análisis que se hace: aun con empleo, una parte creciente de la población no logra cubrir la canasta básica. Esta realidad se profundiza aún más si se usan otras canastas, como la que elaboran todos los meses los trabajadores del INDEC, que tiene el salario pretendido por una familia tipo muy cerca de los 2 millones de pesos.

El informe sobre trabajadores y pobreza  fue elaborado por la sección Social-Laboral de la Fundación Mediterránea, y advierte sobre la magnitud del problema. Según el estudio, “uno de cada cinco trabajadores argentinos es pobre”. La tasa de pobreza entre los ocupados alcanza el 21,6 por ciento, lo que equivale a 4.500.000 de personas sobre un total de 21 millones de trabajadores.

Entre los desocupados, la pobreza trepa al 58,9 por ciento, confirmando el impacto directo de la falta de empleo en la vulnerabilidad social. Pero el dato más preocupante es que tener trabajo tampoco “exime de la pobreza, especialmente en el caso de los empleos informales o de baja productividad”.

En tanto, el 40,5 por ciento de los independientes no registrados y el 37,5 por ciento de los asalariados informales viven por debajo de la línea de pobreza. Incluso dentro del trabajo formal, persisten sectores con altos niveles de vulnerabilidad. Un ejemplo es el servicio doméstico, donde los bajos salarios limitan “la posibilidad de superar la pobreza”.

El estudio también subraya las desigualdades regionales. En provincias donde más de la mitad del empleo es informal, la pobreza laboral se intensifica. Tucumán (58 por ciento), San Juan (57 por ciento), Salta, Santiago del Estero y Formosa (todas con 52 por ciento) encabezan el ranking de mayor informalidad.

Estas diferencias sectoriales y territoriales, dice la Fundación Mediterránea, explican “por qué la recuperación económica reciente no se tradujo en mejoras homogéneas del bienestar”. “La generación de empleo en sectores de baja productividad mejora las estadísticas de ocupación, pero no resuelve el núcleo del problema: los ingresos insuficientes”, agregó el reporte, al que tuvo Política del Sur.

Para la entidad, el desafío “no es solamente crear más empleos sino también generar empleos formales, estables y de mayor productividad. La clave está en la calidad de las inserciones laborales”. En ese sentido, las políticas activas de empleo, la formación técnica y la transición hacia la formalidad “cumplen un rol central. Invertir en capacidades laborales y ofrecer incentivos a la contratación formal no solo eleva los ingresos, sino que reduce las brechas de vulnerabilidad y fortalece la estabilidad económica”.

El trabajo de la Fundación Mediterránea concluye que “un mercado laboral más dinámico y de calidad no solo mejora los indicadores sociales, sino que refuerza la estabilidad macroeconómica y la capacidad de crecimiento del país”. Ante esta situación, se abren dos caminos aparentes, que el gobierno y los gremios quieren transitar.

En el caso del oficialismo, apoyados en una reforma laboral se buscan imponer “salarios dinámicos”, que cambian la forma de imponer parámetros en los sueldos. En tanto, la dirigencia sindical quiere nuevas canastas que estén acordes con la realidad.

En el primer caso, la gestión libertaria anunció en el reciente Coloquio de IDEA realizado en Mar del Plata su propuesta de “salarios dinámicos”. El encargado de presentar la idea fue el secretario de Trabajo Julio Cordero, quien brindó precisiones sobre el giro que promueve el gobierno en materia de relaciones laborales y negociación salarial.

El concepto remite a la posibilidad de habilitar “salarios dinámicos”, una idea que implica un reordenamiento del sistema actual de referencia salarial. En la visión oficial, la estructura tradicional mantiene los salarios de convenio como mínimos garantizados, pero con esto busca que los valores pactados sectorialmente funcionen como topes para los respectivos gremios. Según los lineamientos presentados por Cordero, los valores fijados en los convenios dejarían de ser “pisos” y pasarían a funcionar como “techos” de referencia.

De esta manera, los sindicatos perderían la prerrogativa de utilizar esos montos como el mínimo asegurado para todos los trabajadores encuadrados y, en cambio, cada empresa podría pactar sumas diferentes, siempre que no superen lo fijado colectivamente.

Actualmente, los salarios básicos que resultan de los convenios representan para los sindicatos un resguardo que se aplica de modo uniforme a los empleados bajo su órbita. Con la reforma, el gobierno pretende que las partes involucradas flexibilicen los mecanismos de actualización y revisión de ingresos, adaptándolos a la situación concreta de cada sector o firma.

En tanto, los gremios pretenden para empezar a mejorar los ingresos que se actualicen las canastas, para un mejor reflejo de la realidad. Esto es un pedido de la Junta Interna del INDEC, que alerta por el retraso de la puesta en vigencia del nuevo IPC, que finalmente se pondrá en marcha en enero del 2026. “Necesitamos un INDEC independiente de los gobiernos de turno”, destacaron desde la entidad.

Para los trabajadores, “miembros del ejecutivo nacional han difundido una interpretación errónea y maliciosa del trabajo realizado por nuestro organismo, que pone en ridículo las estimaciones publicadas y desacredita la labor de los más de mil trabajadores del instituto ante la sociedad”. En particular, se refirieron a la afirmación según la cual este gobierno “habría sacado más de 12 millones de personas de la pobreza, un planteo que no resiste el mínimo análisis”.

En primer lugar, porque parte de “una utilización maniquea de los períodos de referencia”. Se compara el valor actual del indicador con el correspondiente al primer semestre de 2024, omitiendo deliberadamente la suba de 12 puntos porcentuales registrada posteriormente la asunción del actual gobierno, provocada por la devaluación de diciembre de 2023 y la consecuente aceleración de la inflación.

Fue este gobierno el que nos arrastró a un índice de pobreza semejante a la crisis del 2001. En segundo lugar, “aún bajo este marco temporal forzado, la cifra resulta incorrecta”. La EPH posee una muestra representativa de alrededor de 30 millones de personas, que habitan los 31 aglomerados en los que se realiza la encuesta.