Ley aprobada pero en duda: “Es una situación inédita para la democracia argentina”, sostuvo Calzoni

Tras el rechazo a los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Congreso de la Nación, queda por delante la promulgación y reglamentación de ambas leyes. Sin embargo, con el antecedente de la Emergencia en Discapacidad, temen que no se implementen.

Política del Sur conversó sobre la Ley de Financiamiento Universitario con Jorge Calzoni, rector de la Universidad de Avellaneda quien manifestó que “en principio uno presupone que va a suceder lo mismo" que con la Emergencia en Discapacidad, pero planteó: "El tema es cómo seguimos después”.

“Veremos en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), nos convocaremos a alguna reunión extraordinaria para evaluar los pasos a seguir. De verdad desconozco cómo sigue esto porque creo que nunca sucedió y ante eso realmente va a ser complejo el cómo continuar, si pasa por un amparo, por un tema judicial, por un tema administrativo. Son situaciones novedosas para la democracia argentina y veremos cómo se resuelve”, expresó Calzoni.

En ese sentido, afirmó que “algunas voces dicen que no tenés más alternativa que el juicio político. Uno piensa que la política es esa posibilidad de lograr acuerdos, no necesariamente consenso. Se podría haber discutido o debatido la posibilidad de reconocer las pérdidas que en el mismo veto el Poder Ejecutivo hizo, con respecto a la pérdida salarial en el tiempo, ver los gastos de funcionamiento por otro lado. Habría otras posibilidades. Se llevó a un extremo donde pareciera difícil volver”.

“Seguramente, si esto efectivamente se concreta, va a haber alguna convocatoria a todos los rectores para discutir con todo el cuerpo legal cómo vamos a continuar de ahora en más, porque es una situación inédita”, comentó.

Por otro lado y sobre la situación particularmente en la UNDAV, comentó: “Estamos con un contrato programa, que son aquellos que después impactan en el presupuesto, sobre una diferencia que tenemos de concursos docentes realizados en el año 23. Tenemos el compromiso que nos dieron de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de que esto va a salir, con lo cual nos alivia un poco en función de lo que teníamos previsto. Desde ese punto de vista estaríamos un poco más tranquilos”. 

“Lo complejo es el tema salarial de docentes, no docentes, las becas, el tema de ciencia y tecnología, que son situaciones que todavía requieren una solución más de fondo y en eso estamos igual que todo el resto del sistema”, lamentó.

Asimismo, comentó: “Parte de los gastos de funcionamiento los fuimos utilizando para cubrir déficits, que en realidad tiene que ver con no contar con presupuesto. Estamos con la austeridad extrema, seguimos con problemáticas que, si llegara a resolverse esta situación, por lo menos podríamos sostener los gastos cotidianos, pero hoy por hoy estamos en un problema”.

“La situación en general es de estar muy justos en gastos de funcionamiento. Hemos tenido una pérdida porque los aumentos tarifarios, de servicios y de gastos en general son superiores a los incrementos que se han tenido y tenemos una dificultad que creo que tienen todas las las instituciones”, aseguró.

Con respecto a los docentes, comentó que “hay una rotación que tiene que ver con la búsqueda de otra salida laboral. Porque ya ir a la sede, el estacionamiento, el venir y la situación en general, hace que en muchos casos vayan dejando”, principalmente aquellos docentes de dedicación simple con pocas horas cátedra.

¿Y los estudiantes? “Tratamos de hacer un seguimiento para ver la situación, esto lo hicimos siempre. Y el contexto social, económico impacta. Sobre todo el costo del transporte, ahí hay un problema y la comida, la pérdida de empleo. Veremos en el cierre del cuatrimestre cuando hacemos los números finales, a ver cómo estamos, pero sí tenemos una pérdida importante por contexto socioeconómico”, recalcó.

Finalmente, recordó que la ley “planteaba una solución un poco más de fondo, más allá de la escritura en sí de la ley y las discusiones que hubo en el medio. Se planteaba un porcentaje de cara al futuro, que quede como permanente y nos daba un pie para lo que era el presupuesto 2026. Ese era el debate, un poco más allá de los números duros. Era la idea de tener un porcentaje y una distribución interna que pueda sostener las distintas líneas presupuestarias que tenemos en las universidades”.