Ferraresi arma “su policía”: ¿Control local o comando político con uniforme?

La inseguridad en Avellaneda escaló en los últimos años con cifras alarmantes: solo en el Departamento Judicial Avellaneda‑Lanús, los robos crecieron un 59,1 % y los homicidios dolosos un 43,8 % en el último año medido.

Las zonas calientes se multiplican: Gerli, Crucesita, Sarandí y el Centro registran robos diarios, hechos violentos y ausencia total de prevención. Frente a este contexto, el intendente Jorge Ferraresi anunció la creación de la Policía Municipal, una “fuerza de prevención rápida” que, según sus propias palabras, le responderá al municipio y no a la Provincia. Esta nueva fuerza ya fue aprobada por el Concejo Deliberante.

Lo que en principio sonaba a reacción ante el caos, rápidamente se transformó en un debate denso, polémico y riesgoso: ¿quién va a controlar a esta nueva policía? ¿Tiene respaldo legal? ¿Tendrá poder de arresto? ¿Qué presupuesto utilizará? Y sobre todo: ¿va a combatir el delito o a vigilar al disidente?

Ferraresi había anunciado que iba a crear un órgano de seguridad municipal denominado Fuerza de Prevención Rápida, nombre que era confuso y lo cambió por policía municipal, y que iba a contar con agentes que dependan de la comuna y utilicen armas no letales.

Según el anuncio oficial, esta fuerza contará con 300 efectivos, 30 móviles, cuatro destacamentos, una nueva Comisaría de la Mujer y la Familia, además de la instalación de anillos digitales, pórticos lectores de patentes, 104 cámaras y 949 alarmas comunitarias que alcanzarían a más de 51 mil vecinos conectados.

Fue en agosto en plena campaña que el jefe comunal confirmó que la dirección de la escuela de formación estará a cargo del ex juez Luis Carzoglio, y que la comuna realizaría una inversión de 8 mil millones de pesos en el 2026 y 10 mil millones en el 2027. Los mismos tendrán una formación de dos años y que espera que sean unos 300 efectivos, lo cuales empezarán a formarse en el 2026.

Vale aclarar que Carzoglio fue destituido como magistrado por aplicación de la ley de Maltrato Laboral, por las causales de “maltrato psíquico y social contra el trabajador o la trabajadora” mediante “hostilidad continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio o crítica”.

Además, el jurado le aplicó causales de remoción contempladas en la ley provincial de enjuiciamiento de magistrados, entre ellas “incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido y la realización de actos de parcialidad manifiesta”.

Un concejal la oposición local, en diálogo off the record con este medio, desnudó contradicciones internas de esta nueva policía y alertó que el proyecto no habla de presupuesto ni de competencias claras. Ferraresi habló en su acto de “8000 millones el primer año”, pero la ordenanza no lo detalla. Tampoco está clara la articulación con la UTN para formar a los agentes en una carrera de dos años.

Los nuevos agentes usarían armas de “baja letalidad” (como tonfas, gas pimienta y pistolas no letales), que cualquier civil podría comprar por plataformas on line. No serán policías formales, sino personal de prevención con poder de actuación ciudadana.

“En realidad no tienen Estado Policial. Pero como funcionarios públicos pueden hacer arresto civil. Es un limbo legal que puede derivar en abuso, si no está regulado”, explica la misma fuente.

Más grave aún es lo que se le dejó en pie a esta fuerza: la posibilidad de ejercer el “poder de policía municipal” bajo la ordenanza 7480, que los habilita a fiscalizar cuestiones del Código de Faltas Municipal.

“Eso los va a poner en la calle, controlando comercios. Y cuando se sientan con poder, van a coimear. Van a pisar el territorio de la Bonaerense. Y eso termina mal, como la Policía 2”, vaticina el concejal.

El anuncio de Ferraresi ocurre en un contexto explosivo. Sólo en los últimos meses: En Gerli, una vecina fue asaltada a metros de la comisaría y denunció inacción policial. En el centro de Avellaneda, los vecinos hablan de una “ola de robos” sin respuesta ni monitoreo. En Crucesita, el basural y calles abiertas facilitan la fuga de delincuentes.

En Nicolás Avellaneda, los robos a comercios son sistemáticos. En Sarandí, la DDI detuvo a un prófugo por homicidio luego de tres años. Sumado a eso, la persecución de menores armados en autos robados, tiroteos protagonizados por policías activos y detenciones sin orden judicial son moneda corriente en los partes policiales de julio y agosto de 2025.