Dirigentes en la mira: Crece la criminalización de la actividad sindical

Cuando encabezaba una protesta frente a la Municipalidad de Córdoba capital, el titular de ATE y la CTA Autónoma de esa provincia Federico Giuliani fue violentamente detenido por la policía local. Mientras esperaba ser atendido por funcionarios para llevar su pedido de más alimentos para comedores populares, efectivos policiales sometieron al dirigente, le fracturaron un codo y lo detuvieron, junto a otros 14 referentes sindicales y sociales.

A partir de esto, comenzó un verdadero calvario que duró una semana, e incluyó estar 24 horas esposado a una cama, sin recibir alimentos, y el traslado a un penal de máxima seguridad. No es la primera vez que Giuliani es objeto de la represión. Cuando el presidente Javier Milei visitó Córdoba, la protesta organizada por su gremio fue violentamente atacada, y le abrieron una causa judicial, que tiempo después incluyó un allanamiento a su domicilio.

Su caso no es aislado, y es parte de una avanzada que se vive en materia de criminalización de la protesta social, que viene avanzando de la mano de una justicia dispuesta a habilitar para quienes protestas la máxima del candidato libertario: “cárcel o bala”.

En estos días, también se conoció que se indagará a dirigentes lecheros por su accionar frente a Lácteos Vidal, y la Corte Suprema de Justicia habilitó al titular de la seccional de Esteban Echeverría del Sindicato de Camioneros por una protesta frente a una química local.

Los casos donde la justicia avala el avance represivo sobre los dirigentes sindicales se multiplican, y en los últimos días dieron casos de especial gravedad, ya que se avala la posibilidad de que muchos de estos referentes terminen presos.

El caso de Giuliani –liberado una semana después, gracias a la gran movilización de ATE, que había llamado a un paro nacional –se suman los de ocho dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA), quienes fueron indagados y quedaron virtualmente procesados por los delitos de “desbaratamiento de empresa, amenazas y compulsión a la huelga”, en el marco de un largo conflicto en Lácteos Vidal.

También la Corte Suprema de Justica dio luz verde para que Fabián Arévalo y un grupo de referentes del gremio que lidera Hugo Moyano vayan a juicio, por las protestas realizadas frente a una empresa en Esteban Echeverría, que fueron denunciadas como bloqueos. Estos casos ponen en evidencia el crecimiento de la represión y la judicialización como forma de contener el descontento por las políticas libertarias.

Según los últimos datos del Nonitor de Respuestas represivas del Instituto de Estudios y Formación (IEF), en 355 eventos represivos que se dieron hasta junio de este año, se produjeron 368 detenciones, además de 2.451 heridos. Gran parte de las detenciones se dieron este año, y en marzo hubo un pico de 127 aprehensiones. Esto derivó, según los datos a los que tuvo acceso Política del Sur, en 179 causas penales, con 93 allanamientos a domicilios o sedes de organizaciones. La Ciudad de Buenos Aires tiene el mayor número de represiones y detenciones.

“Hay un proceso de criminalización de la protesta y judicialización de los luchadores populares”, dijo desde Córdoba Giuliani, que fue liberado una semana después de estar detenido en el penal de Bower, una cárcel de máxima seguridad donde compartió pabellón con delincuentes comunes.

En diálogo con Política del Sur, el dirigente aclaró que este proceso “viene  desde antes que asuma Javier Milei, yo tengo dos causas del 2023, cuando gobernaba Juan Schiaretti en Córdoba y Alberto Fernández en el país”.  “Ya desde ese momento empezó una persecución a un gremio que no es obsecuente ni al estado cordobés ni a los grupos económicos”, resaltó, respecto a la postura de su gremio ATE y la CTA Autónoma.

Sobre su situación, Giuliani no tiene duda de la responsabilidad del gobernador de la provincia. “(Martín) Llaryora es Milei, y la justicia cordobesa no es neutral, sino adicta al poder”, resaltó. Por lo que le viene pasando, dijo que “no nos cabe la menor duda que en mi persona y la persecución que vengo sufriendo hay un rol central del ministro de Seguridad Juan Pablo Quintero, que es un émulo de Patricia Bullrich, y del gobernador, que es el máximo responsable de las fuerzas represivas del Estado”. 

Luego de ser detenido, estuvo en un hospital esposado a la cama, y luego trasladado al penal. No recibió comida por casi dos días. En el mismo instante que fue detenido, comenzó una fuerte movilización que logró su libertad. “Por un tiempo fui un preso por razones políticas, y esto habla que hay un proceso de avanzada en la criminalización de la protesta y de la judicialización de los luchadores”, resaltó el dirigente.

Otro caso reciente que confirma este proceso de la criminalización de la protesta sindical se dio esta semana, cuando ocho dirigentes del gremio lechero ATILRA fueron indagados y quedaron “virtualmente procesados” por los delitos de “desbaratamiento de empresa, amenazas y compulsión a la huelga” contra la pyme Lácteos Vidal.

La indagatoria se realizó s en la Fiscalía en lo Penal y Contravencional 26 de CABA. Los hechos investigados corresponden a un duro conflicto gremial que tuvo lugar durante casi dos meses en 2022, a raíz de la negativa de la empresa a recategorizar a algunos empleados.

Los imputados son Heber Ríos, secretario General de la Seccional General Rodríguez; Sergio Raúl Longo, subsecretario de la Seccional Trenque Lauquen y actual titular de la delegación del Ministerio de Trabajo provincial en esa ciudad; Gastón Emilio Moreno, secretario general de la seccional Trenque Lauquen, y otros cinco vocales y delegados.

Según los abogados de la pyme, es la primera vez en CABA que se utiliza esta figura contra acciones sindicales, un precedente que genera alarma en el movimiento obrero. El fiscal acusó a los imputados de “desplegar (…) acciones que excedieron el derecho a huelga que pretendían ejercer”. La acusación incluye la “ocupación masiva de los espacios circundantes a las fábricas, la intimidación al personal para que se sumara a la huelga y la obstaculización y/o impedimento del ingreso y egreso de mercadería”.

La defensa de los dirigentes, a cargo del abogado Gonzalo Alvaro Díaz Cantón, negó rotundamente las acusaciones, calificándolas de “mentiras”. “Nosotros ya fuimos juzgados por esto”, afirmó, en referencia a instancias previas del conflicto.

En tanto, recientemente un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió avanzar con el juicio oral y público contra dirigentes del Sindicato de Camioneros, encabezado por Pablo Moyano, por el bloqueo realizado en 2021 frente a la empresa Química Oeste.

Esto resulta un peligroso antecedente ya que muchas de las causas que están dando vueltas similares a esta pueden terminar con más de un dirigente gremial preso. El caso se remonta a mayo de 2021, cuando un grupo de personas identificadas con la delegación Monte Grande del sindicato impidió el ingreso y egreso de camiones, clientes y empleados a la planta ubicada en la provincia de Buenos Aires.

La protesta duró más de una semana y, según la denuncia del empresario Carlos Dos Reis, ocasionó “pérdidas millonarias a la firma” y al sector petrolero, que depende de sus productos químicos. El conflicto judicial se inició con una denuncia penal por extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo, pero los acusados habían sido sobreseídos cuando el caso fue elevado a juicio.

Ahora, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar a un recurso extraordinario presentado por la querella y ordenaron retomar el proceso judicial. La empresa Química Oeste denunció penalmente a los manifestantes por "extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo", y la abogada María Florencia Arrieto calificó la protesta como “un reclamo laboral inventado”.

A causa del bloqueo sindical, aseguró que sufrió pérdidas de varios millones de pesos por día, y que al sector petrolero le representó un promedio de 2 millones de dólares por la falta de insumos.