Desde marzo se está denunciando la existencia de una partida de fentanilo adulterada que ya causó cerca de 100 muertes en diferentes puntos del país. A pesar de que el opiáceo fue sacado de circulación no se descarta la aparición de nuevas víctimas.
Política del Sur conversó al aire con Alejandro Ayala, licenciado en kinesiología y Fisiatría y hermano de Leonel, víctima del fentanilo contaminado. El joven junto con otros familiares de víctimas tuvo la oportunidad de reunirse con diputados nacionales para trasladar esta preocupación.
La reunión fue “para poder identificar o tal vez contextualizar, y poder definir medidas legislativas que permitan prever y prevenir lo que puede llegar a suceder en el futuro, en términos de de materia de política pública”, explicó Alejandro.
Y agregó: “Lo que se charló y lo que se tiene que tratar en el recinto es primero, personas, empresarios o laboratorios que infrinjan en los procedimientos administrativos de control, producción, fabricación de medicamentos, tengan una condena penal de 5 a 10 años en caso de cometer algún delito de estas características”.
Y como segunda cuestión, “la trazabilidad del fentanilo en la última etapa. Porque es uno de los grandes problemas ahora de la justicia poder identificar de forma fehaciente dónde están esos lotes o dónde estuvieron cuando se conoció el fentanilo contaminado. Al no ser trazable en la última etapa es un gran problema para la salud pública. Porque induce a contaminaciones, a usos innecesarios, a desvíos en el mercado. Esta trazabilidad termina siendo una decisión política meramente”.
Además, “lo que también se trabajó y se trató y que se va seguramente a aprobar es un Comité de Investigación para auditar todos los procedimientos que ahora está realizando la justicia en La Plata”, agregó.
Por otro lado, explicó que “nos llama poderosamente la atención el uso del fentanilo como primer fármaco para tratar el dolor. Ya no se usa la morfina, ya no se usa otro fármaco que es potencialmente menos nocivo o adicto o que tenga menos efectos adversos. El fentanilo en Argentina termina siendo un medicamento de alto riesgo de aplicación, pero a su vez económico. Este laboratorio vendía a las instituciones médicas, el fentanilo a $500, menos que el ibuprofeno”.
En relación a lo anterior, sostuvo que “es muy complejo el uso, muy estricto y que tenga ese costo, da mucha curiosidad. Necesitamos controles más estrictos y reglas más rigurosas para la fabricación y el monitoreo de toda esta situación”.
Asimismo, Alejandro señaló que “la ANMAT no dio aviso en tiempo y forma, habiendo conocido el resultado del fentanilo contaminado, después de elevar la denuncia del Hospital Italiano. Tardó dos semanas en reportarlo en el Boletín Oficial. Hubo dos semanas en donde se siguió administrando el fentanilo contaminado en todo el país. Por otra parte, también, Kreplak anunció que tuvo que allanar la ANMAT para rescatar papeles que involucraban al laboratorio por irregularidades”.
“Ningún funcionario público de la salud se contactó con las familias, no tenemos seguimiento, no tenemos salud mental, no tenemos certeza de lo que va a suceder. Nosotros quedamos en el medio de disputas políticas porque se están pasando la pelota unos a otros. Esto es responsabilidad de todos los funcionarios públicos”, subrayó.
En consonancia con esto, lamentó: “Mi hermano está enterrado bajo tierra, así como las 97 víctimas, sin ninguna bandera política. Es un tema que hay que trabajarlo, hay que profundizarlo y hacer cambios rotundos para que esto no vuelva a suceder. Cambios políticos profundos”.
Siguiendo con su relato, advirtió que “la responsabilidad del control de calidad era de la ANMAT. La ANMAT tenía que controlar ese laboratorio, no tiene nada que ver con provincia. Y cuando le llega el medicamento a las instituciones médicas, los médicos confían plenamente porque se supone que está certificado y está en óptimas condiciones para su administración”.
También consideró curioso que “las instituciones médicas no quieren informar a las familias que su familiar recibió fentanilo contaminado. Estaría bueno que los responsables de las instituciones médicas puedan dar un punto de vista de por qué no se está entregando la documentación, porque realmente es una vergüenza”.
Finalmente, agregó que hay víctimas sobrevivientes que también utilizaron el fentanilo contaminado pero aún no han aparecido a dar su testimonio y no se conoce su estado de salud actual. Así como muchas familias de víctimas que tampoco se animan a hablar. “Estamos enfrentándonos a gigantes, a personas muy comprometidas, corruptas”.