El gobierno inicia la venta de AySA: Piden garantizar las fuentes de trabajo

El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) manifestó su oposición al plan libertario de privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), al tiempo que recalcó su compromiso de defender todas las fuentes de trabajo. Con respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, el secretario general de SGBATOS, José Luis Lingeri, compartió un comunicado destinado a la sociedad, donde manifestaron la intención de informar que “se ha iniciado formalmente el proceso de reorganización societaria de AySA, que implica un cambio en la estructura de la empresa”.

A propósito, consideró que  “es importante aclarar que no se trata de una privatización tradicional, sino de un proceso mixto que contempla un esquema de concesión”. En este sentido, pormenorizó que el nuevo modelo “prevé que parte del paquete accionario se licite públicamente en busca de un operador que asuma la conducción del servicio. El resto será ofrecido a otros inversores, en el marco de una reorganización estructurada”, mencionó.

Además, compartió como novedad que “en este nuevo escenario, se ha garantizado un aspecto central: el 10 por ciento del capital accionario de la empresa quedará en manos de los trabajadores y trabajadoras”.  Para el dirigente gremial, el fragmento de la compañía destinado a los operarios, “no solo representa un reconocimiento al compromiso de quienes sostenemos cotidianamente el funcionamiento de AySA, sino que también asegura nuestra participación activa en la nueva etapa que se abre”.  Posteriormente, recalcó que es “clave para preservar derechos, intervenir en los espacios de decisión y defender la calidad del servicio que prestamos”.

Asimismo, la organización sindical ponderó: “Desde el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de las fuentes de trabajo y la función social de AySA como empresa pública al servicio de la comunidad”. No obstante, no le firmó un cheque en blanco al Gobierno, por lo que aseguró que “estamos siguiendo de cerca cada paso de este proceso y no vamos a permitir que se ponga en riesgo el futuro laboral de ningún compañero o compañera”. Más tarde, advirtió que “tampoco vamos a aceptar más ajustes de ningún tipo, y mucho menos si estos implican recortes en materia de personal o afectación de condiciones laborales”.

A modo de conclusión, valoró que “en momentos de incertidumbre, es cuando más fuerte debe ser nuestra organización y más firme nuestra voz”. Por otro lado, apelaron a la confianza de los usuarios y les solicitó que “se mantengan informados a través de los canales oficiales del gremio”. “Seguiremos comunicando cada novedad y, como siempre, actuando con responsabilidad, unidad y compromiso”, sumó. A modo de cierre, concluyó: “La defensa de los trabajadores y trabajadoras es nuestra prioridad”.

En otro orden, el Gobierno nacional publicó este martes el Decreto 493/2025, mediante el cual reemplazó el marco normativo vigente y autorizó, por primera vez en casi dos décadas, el corte del suministro por mora. El DNU, difundido en el Boletín Oficial, reconfigura sustancialmente las reglas del servicio de agua y cloacas en el área metropolitana, con el objetivo —según el texto— de atraer inversiones privadas y mejorar la eficiencia operativa de la compañía.

Concretamente, el artículo 10° del DNU firmado por el presidente habilita al Estado Nacional a “enajenar total o parcialmente” su participación en la empresa, que desde 2006 corresponde al 90 por ciento del paquete accionario, y tal como ya había ocurrido en 1993 durante el menemismo, le abre la puerta a los capitales privados para hacerse de la concesión. El restante 10 por ciento queda, como hasta ahora, en manos de los trabajadores.

Como señala la ingeniera civil especializada en Hidráulica, Maria Eva Koutsovitis, los pasos previos fueron la aprobación de la ley Bases, que en su artículo 7 declaró que AySA estaba sujeta a privatización, y la eliminación de los subsidios del Estado Nacional a las tarifas a usuarios. “Justamente, para que la empresa sea rentable a los futuros compradores”, señala. “Esto llegó a que en algunos casos detectáramos incrementos en la tarifa del servicio de agua y de cloaca de hasta un 1500 por ciento durante el año 2024”, dice la referente política porteña, fundadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

También como en los 90, el gobierno justifica la medida en la supuesta ineficiencia de la empresa y del modelo de gestión estatal, a la hora de atraer inversiones y ampliar la cobertura. A su vez, apunta al contexto de crisis económica -el famoso “no hay plata”-, y señala que la empresa era una carga financiera milmillonaria para el Tesoro Nacional. Koutsovitis, quien señala que, por ejemplo, “el año pasado la empresa pasado registró ganancias”, sostiene que ese tipo de razones mercantilistas no solo están superadas sino que son falacias. Primero, porque “es una obviedad que las obras de agua y de cloaca requieren necesariamente de la erogación de fondos públicos”.