El Estado libertario en retirada deja al sistema sanitario ante una inminente crisis

La justicia investiga las responsabilidades de autoridades sanitarias y de un laboratorio en la distribución de ampollas de fentanilo, un potente analgésico, contaminado con dos bacterias, que causó la muerte de más de 50 pacientes, según se sabe hasta ahora. Los problemas generados por este tratamiento pusieron a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la entidad encargada de controlar estos productos, en la mira.

Las sospechas son que existió negligencia en los controles, que no detectaron los problemas de producción del dueño de los fármacos. El caso se usa en estos días para ejemplificar los problemas que se pueden generar cuando se deja sin capacidad operativa a las entidades estatales, y se desregula un sector como el de la salud pública.

En 18 meses, la gestión libertaria en materia sanitaria impuso una lógica privatista, como alertan los trabajadores, que está teniendo graves consecuencias: en los hospitales –nacionales y provinciales –faltan profesionales, el Ministerio de Salud está dejando de realizar ciertas funciones y no se cumplen con programas y tareas que incluso deben hacer por ley.

Esto está multiplicando los conflictos, como ocurre con el Garrahan, donde hay anunciados nuevos paros, por la falta de mejora salarial y por el nuevo sistema de residencias. “Las condiciones emporan semana a semana”, denunció la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA).

El caso del fentanilo contaminado deja en claro cómo las políticas sanitarias del gobierno de Javier Milei y su ministro Mario Lugones está generando en un sistema que ya venía en crisis, pero en estos 8 meses potenció su alcance. En este tiempo, el desguace del Ministerio de Salud nacional, que incluye el despido de más de 1.200 trabajadores que dejó a varias direcciones y programas prácticamente paralizados, se traslada a las provincias, que deben ejecutar el mismo ajuste por la falta de recursos que antes llegaban de esa cartera.

“El retiro del Estado genera casos como el fentanilo contaminado, que causó más de 50 mueres, aunque las proyecciones indican que serían muchas más”, sostuvo María Fernanda Boriotti, titular de la FESPROSA.  “El corrimiento del Estado y la falta de control también lleva al aumento en el precio de los medicamentos que vimos al inicio de la gestión libertaria, a la dificultad que se genera en torno al acceso a la salud”, agregó en diálogo con Política del Sur.

En este punto, se responsabiliza tanto a Nación, que impone el modelo, como las provincias, que en su mayoría lo sostienen en mayor o menor medida.

Por la salida de profesionales y trabajadores del sistema público, indicó Boriotti, hoy “no se consiguen turnos para muchas especialidades, y pasan meses para lograr una consulta”. Lo mismo pasa con la baja en la vacunación o el aumento de  casos de enfermedades vinculadas a las condiciones sanitarias como la tuberculosis. “Es un panorama muy preocupante”, insistió.

Una de las consecuencias de las políticas libertarias y el ajuste compartido es que se está yendo mucho personal al sector privado, entre trabajadores y profesionales. El tema salarial es central en los conflictos en el sistema de salud.

La FESPROSA y sus gremios toman como medida la canasta de bienes y servicios que mide la Junta Interna de ATE en el INDEC, y que se diferencia de la canasta básica porque incluye algunos ítems como alquiler. Según el último reporte, este salario debería ser de 1.840.098 pesos para una familia tipo. Con este límite, la mayoría de los trabajadores y profesionales de la salud están por debajo de la misma.

Por eso, alertó Boriotti, “cada van se van más del sistema público”. “Estamos en un momento que la salud y sus conflictos laborales están en la agenda pública, y hasta hora sin una respuesta concreta de los gobiernos”, agregó la titular de FESPROSA, que criticó la ausencia del gobierno en las últimas audiencias, como la del Hospital Garrahan. “La falta de propuestas del gobierno es un hecho que se repite en todo el país”, dijo. 

El conflicto en el Garrahan, tanto el que llevan adelante el personal como sus residentes, mostró la falta de interés del gobierno respecto a la salud. Si bien hubo tres audiencias para intentar conciliar, la gestión nacional no llevó funcionarios de peso, y no hubo avances en los reclamos.

Ante esto, se anunció un nuevo plan de lucha, con dos nuevos paros por 24 horas los días 10 y 17 de julio, en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto para el hospital. Además, convocaron a una marcha federal desde el Congreso hacia Plaza de Mayo.

La protesta se da en el marco de una escalada de tensión que ya acumula seis paros contundentes. “Es una lucha muy activa. Siguen ocurriendo situaciones muy graves”, afirmó la médica pediatra Gabriela Bauer, con más de 30 años en el hospital y ex presidenta del Consejo de Administración. La semana pasada, médicos y residentes también participaron de una movilización a Plaza de Mayo para rechazar la reforma del sistema de residencias dispuesta por el Ejecutivo.

Según Bauer, la unidad gremial es clave en el plan de lucha. Dos de los tres gremios con representación en el hospital coordinan las acciones con “mucha firmeza y acuerdo”. Sin embargo, advirtió que los residentes fueron amenazados con despidos si seguían participando de las huelgas: “Recibieron un telegrama del Consejo de Administración indicando que debían volver a sus tareas o serían cesanteados”.

La médica denunció además que el impacto del ajuste ya se siente en los pacientes. En las últimas dos semanas, se fueron 14 profesionales, incluidos dos terapistas en solo siete días. “Ya está habiendo impacto en los chicos”, afirmó. Esto genera demoras en turnos quirúrgicos y consultas reprogramadas con más de seis meses de espera.

Otra consecuencia de esta política es los problemas de acceso a tratamientos y otros insumos, que deben ser garantizados por el estado nacional. En un reciente informe, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) analizó la situación de los medicamentos en el país, tanto en el sector de farmacias como en el sector público, donde varios programas de entrega gratuita se vieron afectados por el ajuste libertario.

“El problema del acceso a la medicación es de suma gravedad para personas que viven con VIH y se atienden en el sistema público, es decir la mayoría de ellas”, afirmaron desde la entidad. Las organizaciones de pacientes denuncian “faltantes de antirretrovirales, cambios forzados en esquemas de tratamiento, escasez de reactivos para controlar carga viral y CD4, y falta de preservativos, lo que compromete tanto la atención como la prevención.

Según datos oficiales, en la Argentina viven unas 140 mil personas con VIH y el 13 por ciento aún no conoce su diagnóstico”. “Aunque el 40 por ciento de los diagnósticos son tardíos, para 2025 se proyecta distribuir solo 800 mil test rápidos, frente a más de 1,1 millones en 2023, y 100 mil test de carga viral, cantidad insuficiente para el control mínimo de quienes ya están diagnosticados”, recalcó el reporte, al que tuvo acceso Política del Sur.

En cuanto a los fármacos oncológicos, se recordó que hasta diciembre de 2023, otra área clave era la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que financiaba medicamentos e insumos a personas sin cobertura médica y en situación de vulnerabilidad. También articulaba con provincias, especialmente donde no existían Bancos de Drogas.

En febrero de 2024 la DADSE pasó a depender del Ministerio de Salud. A partir de esto, describió el trabajo, "fue desfinanciada, quedó sin dirección ni personal, comenzó a desatender expedientes y suspender entregas". En abril, organizaciones sociales presentaron un amparo colectivo para exigir el restablecimiento del acceso a los tratamientos. "Ocho meses después, una medida cautelar ordenó al Estado resolver los pedidos demorados. Sin embargo, el gobierno apeló y los reclamos siguen pendientes”, denunció el CELS.