ATE rechazó los cierres del INTI y otros organismos estatales

Efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad cercaron el ingreso al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y les prohibieron a los trabajadores marchar alrededor del organismo; empleados aseguraron que hubo “represión” y que se llevaron detenidas a dos mujeres que pertenecen a la institución. La situación se dio en el marco de la protesta realizada por el gremio ATE en rechazo a la intención del gobierno de transformar el INTI en una “unidad organizativa” y quitarle la autarquía, al igual que con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), implicando” un severo ajuste en ambos organismos”. “Se trata del golpe final, de un tiro de gracia a la industria y la producción”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

“Si permitimos que la decisión del gobierno prospere, todo el ecosistema industrial perderá a un aliado fundamental para el fortalecimiento y la expansión. El INTI tiene 70 años de historia, de trayectoria para el desarrollo industrial y la soberanía económica de nuestro país”, agregó el dirigente. En este marco, el referente estatal expresó: “Si se avanza en la centralización de este organismo, se pone en riesgo su carácter autárquico y federal. Esta pérdida de soberanía tendrá consecuencias graves e inmediatas”.

“El INTI es un organismo público que hoy se mantiene solo, y con esta medida le harán perder toda capacidad para gestionar recursos y firmar convenios estratégicos. Además, se desarticularán líneas de trabajo que están consolidadas en todo el país. Están siendo amenazados numerosos puestos de empleo”, explicó Aguiar.

Ambos organismos son descentralizados. A partir del DNU que prepara el Ejecutivo, el INTI pasaría a ser dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, como parte del Ministerio de Economía. En tanto el INTA pasaría a estar bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que también depende de la cartera que dirige Luis Caputo. Estas modificaciones implicarían que el Ministerio de Economía tendrá la administración y el control de los fondos de ambos organismos, dejando las puertas abiertas para un fuerte ajuste.

“Además, tenemos que recordar que este instituto fue creado por una ley del Congreso Nacional. Cualquier modificación de su autarquía a través de un decreto del Poder Ejecutivo es inconstitucional. Si se publica este DNU, además de las medidas de acción directa que se van a profundizar, vamos a realizar una inmediata presentación judicial”, expresó el secretario general de ATE Nacional. “El INTI es de todos y tenemos que defenderlo, porque en su defensa estaremos defendiendo la ciencia, el conocimiento y el trabajo, pero también la producción y la soberanía”, concluyó Aguiar. Cabe destacar que el Decreto, además de establecer modificaciones en el INTI e INTA, establecería modificaciones similares en los institutos de Semillas (INASE), Vitivinicultura (INV), y de la Propiedad Industrial (INPI), entre otros.

Aguiar tuvo un altercado con uno de los agentes de la Policía de la Ciudad que le exigió que se movilizara por la vereda, al igual que los periodistas y camarógrafos que también permanecen allí. En estos momentos, la Policía se encuentra alrededor del Instituto Tecnológico e impide el ingreso o la salida de los trabajadores que están en las inmediaciones y dentro del organismo.

Durante las primeras horas de la mañana, los trabajadores del INTI habían resuelto cortar un carril de la avenida General Paz, para visibilizar el rechazo al decreto que “desguaza” al organismo, sin embargo, al estar “rodeados” por efectivos policiales resolvieron caminar en las inmediaciones de la entidad, pero esa medida terminó con represión, heridos y detenidos.

Giselle Santana, delegada de ATE en el INTI, informó que dos trabajadoras fueron detenidas y varios compañeros recibieron asistencia médica dentro del instituto. “El clima es tenso. Nos tienen rodeados y ni siquiera nos dejaron caminar por la colectora. Hubo represión y detenciones”, expresó. Organizaciones sindicales y referentes políticos repudiaron los hechos y reclamaron por el derecho a la protesta pacífica, en medio de un contexto de creciente conflicto entre el gobierno y los organismos públicos afectados por la nueva normativa.