La condena a CFK y la reforma de la Policia Federal dividieron aguas en el Concejo

El Concejo Deliberante de Avellaneda realizó este jueves 26 su novena sesión del año. Entre los temas tratados dentro del recinto, se puso en discusión la condena a Cristina Fernández y el decreto 383/2025 que modifica la Ley Orgánica de la Policía Federal.

El bloque oficialista de Unión por la Patria presentó un proyecto para declarar personas no gratas en la ciudad de Avellaneda a los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes confirmaron la condena a CFK. Esta propuesta generó rápidamente respuestas negativas por parte de la oposición.

En primera instancia, el concejal Damián Paz del bloque de LLA, adelantó su voto negativo y sostuvo que “dieciséis jueces pasaron por la causa” desde su inicio en 2016. Además afirmó que no tiene sentido hablar de una “mala intención de los jueces” cuando hubo mucha gente y resaltó que la mayoría de ellos fueron nombrados en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Siguiendo con lo anterior, remarcó que “la mayoría de estos jueces fueron nombrados por Cristina, ¿todos ellos estuvieron implicados en este complot? Me parece que hay un relato de ficción”.

Por otro lado la concejal del bloque del PRO, Yésica Argañaráz y el concejal Maximiliano Gallucci de Juntos por el Cambio acompañaron el voto negativo. Gallucci además apuntó que “No tiene sentido. Hay otros mecanismos legales”.

Desde el bloque de UxP, la concejal Melina Espósito rebatió: “voy a recordar y denunciar la condena ilegal de la presidenta del partido justicialista, Cristina Kirchner” y destacó lo curioso del fallo luego de que presentara su intención de ser candidata por la tercera sección electoral como diputada y destacó que “estos tres jueces son empleados de Macri y Magnetto”.

También reafirmó que no se encontraron las pruebas para condenarla. “La condenan por todo lo que hizo que fue la distribución de la riqueza, que fueron los mejores años vividos de los argentinos y argentinas, por darle dignidad al pueblo. La están condenando en este momento porque este modelo económico se va a caer”, detalló.

En este mismo orden se votó el repudio a la proscripción de la ex mandataria y nuevamente los bloques opositores adelantaron su voto negativo. El concejal Paz tomó la palabra y afirmó que “es difícil entender” releyendo en voz alta el proyecto y señaló que “ponen cosas que no son”.

En ese sentido refutó que los jueces de la Corte Suprema fueron nombrados por decreto: “Eso no pasó muchachos, ustedes lo siguen repitiendo como un mantra pero aparte se lo creen y lo firman”. Luego repasó los senadores peronistas que votaron a favor del nombramiento.

Sobre la condena resaltó que “puede ser ilegítima pero no es ilegal, se cumplieron todos los pasos de legalidad” y agregó que “a ninguno se le ocurrió decir ‘Cristina es inocente’, dicen: como hizo todas estas cosas buenas, no tiene que ir presa. Ni ustedes se creen que es inocente y no los quieren hacer creer a nosotros”.

En sintonía, Argañaraz consideró que “no voy a repudiar una decisión de la Justicia, porque en este Concejo no somos jueces” y adelantó su voto negativo.

La edil María Laura Garibaldi, del bloque oficialista mencionó que “los que son republicanos y democráticos no pueden ver lo que está pasando con la Corte Suprema” y expresó que los jueces no deberían “estar pegados a la política”. Y agregó “depende quién es el imputado se le atiende la causa o no se le atiende”.

Además apuntó contra la Justicia y manifestó el deseo de que “ojalá la corte tratara el decreto 70/2024 que está violando la Constitución”. Finalmente recalcó que “necesitamos una corte independiente, que cumpla con la ley. Acá lo que está en riesgo es la república. La justicia no funciona”. 

Y denunció: “Las políticas públicas que este gobierno está implementando, es un verdadero genocidio”.

Finalmente el concejal César Ríos de UxP, subrayó que “a Cristina quisieron matarla, cuando anuncio que queríaa ser candidata, rápidamente la justicia presentó un fallo para que no se presente a elecciones. Cristina es inocente, yo me atrevo a decirlo”.

Por último se trató el repudio al decreto 383/2025 por considerarlo institucional y un retroceso en materia de derechos humanos, las garantías institucionales y las libertades democráticas.

El decreto firmado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, modifica el estatuto de la Policía Federal y le otorga nuevas facultades sin orden judicial, entre otras reformas.

En ese sentido, el concejal Paz se manifestó en contra a la propuesta oficialista y leyó un fragmento del proyecto interpretando: “lo que ustedes ponen acá es que la policía no tiene que tener armas”.

Siguiendo esta línea, Gallucci se expresó de manera negativa y aseguró que “el decreto modifica el estatuto de la policía”. Además sostuvo que “hay que entender y ser lógicos, lo que se está modificando tiene que ver con aggiornar a la realidad”. También dijo que “gran parte de este decreto lo que hace es poner en la normativa lo que pasa en la práctica”.

Como respuesta a esta intervención, Ríos tomó nuevamente la palabra y reconoció que “con este decreto Milei y Bullrich otra vez quieren perseguir, reprimir. La violencia institucional con este decreto lo que hace es profundizar eso. Lo que quieren es modificar formalmente a las fuerzas represivas”.

Por mayoría los tres proyectos fueron aprobados en el recinto. En contrapartida y pese a las diferencias vinculadas a esta cuestión, se aprobó por unanimidad la posibilidad de que se realicen obras públicas, prestación de servicios, provisión de bienes o infraestructura con iniciativa privada.

Con respecto a esta ordenanza, la oposición apoyó y el concejal Paz felicitó al oficialismo porque “esto sale del decreto 70/2023 y de la ley bases, ¡Felicitaciones compañeros!”. Lo único que solicitó modificar fue el artículo que definía que un porcentaje de ganancia a la parte privada que no sea seleccionada para la obra, sería de entre el 1% y el 10%. Paz propuso que sea hasta el 3%, fue revisada y aprobada.

Agregó también que “este tipo de iniciativas públicas deberían tener un registro público que nosotros podamos ver y algún control del concejo deliberante”.

Garibaldi nuevamente respondió y afirmó que “nosotros no nos agarramos de la ley bases sino de una necesidad. La ley de bases es inconstitucional. Ante la necesidad de las obras y como no tenemos los recursos que necesitamos, es imprescindible que todos apoyen a una sociedad para salir adelante”.

El presidente del bloque de JxC también apoyó la iniciativa y remarcó que “el estado es fundamental y tiene que ser el que de las herramientas al privado para que se desarrolle”.

Además, el cuerpo recordó y repudió el 23º aniversario de la Masacre de Avellaneda, en la que la Policía asesinó a los jóvenes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán aquel trágico 26 de junio de 2002.