Gremios universitarios inician semana de acciones para aprobar nueva ley de financiamiento

Según la última medición del Center for World University Rankings (CWUR), que publica un listado de las universidades del planeta, siete entidades argentinas, todas ellas públicas, están entre las 2 mil mejores del mundo.

La Universidad de Buenos Aires (UBA), en el puesto 409 a nivel global, se posiciona como la mejor del país, mientras que seis de las siete universidades argentinas clasificadas caen en la lista, lo que marca las dificultades que deben afrontar desde que asumió la presidencia Javier Milei, cuya motosierra se ensaño con el sector, dejando muy complicado el normal funcionamiento de la educación superior.

Además de esta amenaza, la falta de recursos mantiene pisadas las paritarias de docentes y nodocentes, que profundiza una pérdida salarial considerada histórica. Para salvar esto, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, junto a rectores y estudiantes, elaboró un nuevo proyecto de ley para garantizar los recursos para solucionar estos dos problemas.

Para apoyar su tratamiento y posible aprobación, esta semana se realizarán acciones en todo el país, para juntar firmas que permitan respaldar la iniciativa, y conseguir los votos para su aprobación. En este contexto, dos de los gremios que forman este frente realizarán paros, y una marcha que es promocionada como la tercera de la comunidad universitaria, aunque no se sabe si será tan masiva como las anteriores.

El proyecto denominado Ley de Financiamiento Universitario fue elaborado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA). El mismo establece dos ejes centrales respecto del funcionamiento del sector: la recomposición salarial y el financiamiento.

Las dos cuestiones son de enorme preocupación para los autores de la iniciativa, ya que el ajuste de recursos no permite garantizarlos en el corto y mediano plazo. Sobre el tema de los salarios, el proyecto al que tuvo acceso Política del Sur establece que el gobierno deberá convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y nodocentes de las universidades nacionales, “garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley”.

“Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente”, agrega la norma.

Esta semana, para respaldar esta propuesta, se realizará la iniciativa “Prendete a defender la universidad pública”, que busca juntar un millón de firmas para llevar al Congreso. “Estamos en estado de alerta y movilización, vamos a pedirle al Congreso que apruebe la ley y que garantice los recursos para el sector”, sostuvo el referente de la CONADU Histórica Luis Tiscornia, ante la consulta de Política del Sur.

Esta semana, el gremio realizará el 26 y 27 de junio un paro nacional de 48 horas, mientras el jueves 26 habrá una Marcha Federal Universitaria. Lo mismo hará CONADU, que se sumará al paro nacional y exigirá la recomposición salarial, además de que se trate la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso de la Nación.

“Este proyecto es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino y, por eso, convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto, a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad”, marcaron desde CONADU a través de un comunicado.

En cuanto a las paritarias, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá convocarlas a través de “las representaciones sindicales docente y nodocente del sector universitario con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores”.

“El proyecto está en el Congreso, para ser tratado en comisión”, le dijo a Política del Sur una fuente del Frente Sindical, que marcó que hubo reuniones con legisladores para intentar darle volumen al tratamiento. Según la misma fuente, los diputados que respaldan la propuestas están trabajando “para poder incluirlo en la próxima sesión”, aunque dependen de los tiempos políticos del Congreso.

“Es necesario ponerle fecha para que no sea cajoneado”, agregaron. Para darle mayor volumen al pedido de tratamientos, las entidades lanzaron otra campaña #Yo apoyo la Ley de Financiamiento Universitario, destinada a invitar a toda la comunidad a adherir de manera personal al proyecto. La idea es juntar firmas para llevar al recinto en caso que haya demoras en discutir la iniciativa.

Para conseguir recomponer los salarios y garantizar las paritarias, dejando de lado el actual esquema que estableció el gobierno que consiste en cierres arbitrarios sin discusión con incrementos del 1-2 por ciento, se necesitan recursos, que deberán ser garantizados por el Estado Nacional.

Al respecto, el proyecto dice que el financiamiento se realizará a partir de la transferencia mensual “de lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley 23.548 Coparticipación federal de recursos federales” y otros ítems, que formará la llamada “Proporción Universitaria”.

La misma se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación teniendo como numerador “el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales y, como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia en la mencionada ley”.

Además, se busca crear un Fondo para carreras estratégicas, con un fondo anual de 10 mil millones de pesos, “actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el INDEC”. Este fondo tendrá como objetivo “generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país y aquellas áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial”.

El fondo será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, “con acuerdo expreso del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se destinará a nuevas carreras, al desarrollo de investigaciones, a convenios con universidades de otros países y a becas para estudiantes de esas áreas”.

Además, se buscará una “ampliación anual y progresiva” del monto y el número de estudiantes de universitarias públicas beneficiados con distintas becas.