Aseguran que los salarios de los municipales están “muy por debajo de lo necesario para vivir dignamente”

A comienzos de mayo, el intendente del distrito de Saavedra anunció una medida muy polémica: el descuento del 13 por ciento en los salarios municipales.

Con reminiscencias de aquel ajuste realizado por el gobierno de la Alianza a comienzos de los 2000, el intendente Matías Nebot tomó la drástica medida ante los problemas financieros que arrastran las arcas comunales. Algo similar sucede en Guaminí, otro distrito complicado en materia de salarios, donde el gobierno local congeló los ingresos de sus trabajadores.

Estos dos casos extremos son parte de una situación complicada respecto de los empleados de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que paga salarios muy por debajo de las necesidades actuales. De hecho, un reciente relevamiento realizado en todo el territorio provincial encontró básicos “irrisorios”, que en algunos casos apenas superan los 100. 00.- pesos.

Esta realidad viene siendo denunciada por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), que además difundió un crudo informe sobre la alarmante pérdida del poder de compra del salario mínimo en mayo de 2025, que suele regir los haberes del sector.

Desde hace un tiempo la entidad que lidera Rubén “Cholo” García se declaro en “estado de alerta y movilización”, y le pide al gobierno de Axel Kicillof que cumpla su compromiso y llame al Consejo del Salario Municipal, un instrumento para intentar salir de la crisis de ingresos.

El relevamiento salarial se conoció en los últimos días, y mide los valores de los sueldos de unos 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. La muestra, que fue difundida por diversos gremios, permite comprobar que “en muchos lugares estos sueldos están muy por debajo de lo necesario para vivir dignamente”, como viene denunciando la FESIMUBO.

Algunos de los sueldos básicos relevados en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires son San Isidro, 360.747 pesos; Pilar, $ 274.887.- ; Moreno, 327 mil pesos; La Matanza, 160 mil pesos; y Merlo, 60 mil pesos.

Además, la entidad sindical  difundió un “crudo informe” sobre la alarmante pérdida del poder de compra del salario mínimo en mayo de 2025. Los datos revelan que el ingreso básico “no alcanza siquiera para cubrir las necesidades alimentarias y no caer en la indigencia”.

El documento que elaboró la Secretaría de Negociación Colectiva de FESIMUBO, a cargo de Gustavo Seva (Municipales San Isidro), detalla la grave situación salarial de los municipales bonaerenses y los asalariados en general. Según los datos, a los que tuvo acceso Política del Sur, el salario mínimo vital y móvil representa apenas el 27,7 por ciento del valor de la Canasta Básica Total (fijada en 1.110.623,65 pesos).

Peor aún, el salario mínimo “solo cubre el 61,6 por ciento del ingreso que una familia necesita para no caer en la indigencia (500.280,92 pesos)”. Esta cifra, relevada por el sindicato utilizando datos oficiales del INDEC, “pinta un panorama desolador para miles de trabajadores”.

Apenas conocida la inflación de mayo (1,5 por ciento), desde FESIMUBO remarcaron que la inflación interanual se ubica en un 43,5 por ciento, con un alza acumulada del 13,3 por ciento en lo que va del año. Si bien el índice mensual muestra una desaceleración, “los salarios continúan rezagados frente a los precios”. Desde la federación se refuerza el reclamo de “paritarias libres y sin techo”.

Paralelamente, denuncian un contexto de “creciente judicialización de la política, que afecta la democracia y los derechos sociales”. La entidad sindical aprovechó las declaraciones que volcó la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, tras conocer la condena en mano de la Corte Suprema en la Causa Vialidad.

La presidenta del PJ Nacional arrojó: “Al cepo del salario, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”. La contundente frase subraya la gravedad de la situación económica y política que atraviesa el país, la cual hace tiempo viendo advirtiendo los gremios municipales.

En este panorama, son cada vez más los distritos en crisis. El más complicado es Saavedra, que ya aplica el descuento del 13 por ciento a salarios de funcionarios, concejales y trabajadores comunales. “He mantenido conversaciones con intendentes de la región, y muchos están en una situación similar, con dificultades para pagar proveedores y sueldos”, dijo Nebot.

Las disposiciones adoptadas incluyen el congelamiento de los salarios de funcionarios, la reducción al mínimo de las horas extras, la suspensión de subsidios institucionales y sociales, o la paralización de ingresos de personal. No obstante, el Municipio abonó los sueldos de abril con un incremento del 7,5 por ciento.

En un comunicado, el Sindicato de Trabajadores Municipales expresó un fuerte malestar con la clase política local y detalló los salarios actuales de funcionarios y trabajadores municipales, incluyendo el descuento del 13 por ciento que se aplicaría en mayo y junio.

El objetivo fue visibilizar las marcadas diferencias salariales y respaldar el reclamo por una reducción más significativa en los sueldos de los cargos jerárquicos, en lugar de trasladar el ajuste a toda la planta municipal. En paralelo, el distrito de Guaminí congeló los salarios y redujo al mínimo el pago de horas extras, en el marco de una declaración de emergencia económica.

Ante esto, En abril pasado FESIMUBO  ratificó, en un plenario de secretarios generales realizado en Avellaneda, el estado de alerta y movilización, y llamó a la comisión directiva a poner fecha y lugar de movilización en reclamo a “violaciones de la Ley 14.656 por parte de los municipios empleadores” y se enfatiza en el estancamiento de la convocatoria del consejo del empleo municipal.

En un comunicado dirigido al gobierno de la provincia de Buenos Aires, se marca que desde los gremios de empleados comunales “durante 5 años han esperado respuestas concretas” a distintas demandas de las organizaciones. Menciona que “las prestaciones del IOMA fueron cayendo en cobertura y calidad”, “las prácticas evasivas de las obligaciones previsionales y de la seguridad social” por parte de los ejecutivos locales y se detiene en la falta de llamado del Consejo del Empleo Municipal.

Se indica que la “Ley Doval” contempla un “ámbito para que los representantes de los trabajadores y los de los municipios empleadores acuerden y ajusten políticas de corto y mediano plazo tendientes a corregir los graves desvíos”.