Lluvia de amparos judiciales contra las limitaciones al derecho a huelga

Tal como lo había adelantado la semana pasada, la CGT presentó ante la Justicia laboral un pedido de amparo sindical para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025, con el cual el gobierno de Javier Milei pretende cercenar el derecho a huelga garantizado por la Constitución Nacional. Esta fue una de las presentaciones que se realizarán en este tiempo, cuando varios gremios le pidan a la justicia que declare inconstitucional la declaración de esencialidad de varias actividades.

La presentación fue hecha ante el Juzgado Laboral 3 a cargo de Moira Fullana en un escrito que pone en jaque la constitucionalidad de ese DNU desde varias aristas. Una de ellas tiene que ver con el debido proceso legislativo, ya que “la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto” sino a través de ley sancionada por el Congreso.

La otra cuestión que puso de relieve el texto es que la normativa dictada por el Poder Ejecutivo no solo choca de frente con la legislación nacional sino también con la internacional que tiene rango constitucional. Por ejemplo, con los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La acción judicial fue una de las alternativas a las que se había referido la semana pasada la central obrera a través de un comunicado. El rechazo al decreto 340/2025 será “en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar” los “derechos amenazados por el Gobierno”. La declaración había advertido que “la CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costó conquistar y defender”.

La acción de amparo presentada por la CGT ante la jueza Fullana plantea que el DNU de Milei limita el derecho a huelga y “fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional”. “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, dice uno de los puntos centrales de ese artículo.

El planteo de la CGT es que el nuevo DNU tiene como objeto “cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadores y trabajadoras”. Y a su vez busca debilitar a los sindicatos, ya que los paros y demás medidas de fuerza gremiales son acciones propias de la política laboral. “La limitación (del derecho a huelga) debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales”, dice el texto presentado ante Fullana.

En tanto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) denunció al Gobierno argentino ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por incumplir normas que hacen a la "libertad sindical" y afectar "el legítimo derecho a huelga". El gremio que encabeza Pablo Biró denunció en la OIT el DNU 340/25, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial, que limita el derecho a huelga y amplía las actividades consideradas esenciales, que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75 por ciento en caso de estar en conflicto.

Entre estas actividades quedó abarcado el transporte, incluido el aerocomercial, con una serie de modificaciones que figuraban en capítulo cuarto del DNU 70/23 que fue suspendido en la Justicia y que está pendiente a una definición de la Corte Suprema. “Desde APLA, nuevamente denunciamos al Gobierno Nacional ante la OIT por incumplimiento de las normas de libertad sindical y, en particular, las limitaciones relacionadas con el legítimo derecho a huelga, en consonancia con los gremios aeronáuticos y del transporte”, señala APLA en un comunicado.

El sindicato de los pilotos sostiene que con este nuevo decreto “el Gobierno vuelve a intentar condicionar el ejercicio de la huelga, estableciendo servicios mínimos, en el caso del transporte aeronáutico del 75 por ciento, repitiendo el texto del DNU 70/23, que ya fue declarado inconstitucional por la Cámara del Trabajo”. Además, recuerdan que el año pasado, a raíz de un conflicto gremial, el Poder Ejecutivo intentó regular una medida de fuerza de los gremios aeronáuticos mediante un decreto que “también fue suspendido judicialmente frente al planteo de APLA”.

 APLA destaca que también mediante otro decreto, el 338/24 “atentaron de forma directa contra la soberanía aeronáutica y el empleo argentino, eliminando la exigencia de garantizar tripulación, asistencia y mantenimiento de trabajadores argentinos en los servicios aerocomerciales de nuestro país”. “Lejos de avanzar en libertad, retrocedemos en derechos, equidad y principalmente en puestos de trabajo para los aeronáuticos”, afirma el gremio al tiempo que reafirma que tomará "todas las medidas legales y sindicales que sean necesarias para revertir esta situación".