La motosierra de Milei despidió a más de 20 mil estatales en un año

La desvinculación se concentró en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas estatales, sectores que registraron las mayores caídas en la cantidad de empleados. En concreto, el estado disminuyó su personal en un 10 por ciento, equivalente a más de 20 mil puestos de trabajo. De esta forma, el plan motosierra se aplicó muy fuerte en el sector público, que espera para fin de año otra salida de contratados, mitigada por los exámenes que se hicieron, que la gran mayoría aprobó, cerrando la puerta a nuevos despidos masivos.

En las empresas estatales, la reducción del personal alcanzó el 12,6 por ciento durante el mismo período. El informe destaca que la mayor parte del ahorro provino de la disminución de los contratos regidos por la Ley Marco, con una reducción de 2.060 millones de dólares. Le siguieron los empleados de planta permanente y transitoria y los contratos LOYS (en la práctica monotributistas). El recorte también se evidenció en la cantidad de puestos de trabajo en la APN según la modalidad de contratación.

Entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, se observó un descenso en todos los tipos de vinculación laboral. Los empleados de planta permanente y transitoria registraron una caída del 3,6 por ciento, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco y los empleados con contratos LOYS experimentaron reducciones mucho más pronunciadas, del 17,8 por ciento y 51,9 por ciento, respectivamente. El ministerio señaló que “para calcular el ahorro total, se consideró el salario promedio ponderado de octubre de 2024 según el tipo de contratación” y luego se “aplicó el concepto de perpetuidad para estimar el valor de los salarios futuros que ya no se pagarán y se utilizó una tasa de descuento para obtener su valor actual”.

En tanto, el 95 por ciento de los empleados públicos que participaron en el "examen de idoneidad" impulsado por el Gobierno logró aprobar en el primer intento. Según información del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que dirige Federico Sturzenegger, hasta ahora 9 mil trabajadores estatales de planta transitoria y contratados han completado estas pruebas, las cuales son obligatorias y contienen preguntas sobre competencias básicas.

Recientemente, el gobierno anunció que 40 mil trabajadores cuyos contratos finalizan el 31 de diciembre deberán realizar una evaluación como requisito para la renovación de sus vínculos laborales. Aunque aprobar este examen es un paso necesario, no garantiza automáticamente la renovación, ya que esta dependerá de los "parámetros usuales" que se aplican en estos casos.

Las evaluaciones se dividen en tres tipos: una enfocada en "servicios generales", otra en "administrativos" y "profesionales", todas ellas anónimas, con una duración de una hora y realizadas de manera presencial en formato multiple-choice; los resultados se procesan automáticamente para garantizar una corrección imparcial. Cada trabajador tiene tres intentos para aprobar el examen, y hasta el momento, casi la totalidad de los evaluados logró hacerlo en su primera oportunidad. La evaluación se llevará a cabo "por etapas", comenzando la primera fase en Jurisdicciones y Entidades ubicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se realizarán aproximadamente 2 mil exámenes diarios. A pesar de un rechazo inicial, los sindicatos del sector público, UPCN y ATE, decidieron involucrarse activamente en el proceso, ofreciendo apoyo a los trabajadores mediante clases preparatorias y garantizando que las pruebas se llevaran a cabo de manera transparente.