El “plan motosierra” golpea a las provincias: salud, educación y transporte los más afectados

La guerra abierta entre los gobernadores y el presidente Javier Milei se intensifica a medida que el mandatario decide recortar cada vez más fondos que deben llegar a las provincias, y que ponen en jaque áreas claves como la salud o el transporte público. “El plan motosierra no se negocia”, dijo en una reciente entrevista televisiva el Presidente, que le sumó un nuevo ingrediente: la licuadora. En este panorama, los territorios más afectados son aquellos que no cuentan con recursos para hacer frente a este tipo de medidas, y que podrían tener colapsos en sus sistemas públicos. En este sentido, un informe de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) estimó que el 80 por ciento de los recursos que Nación dejará de girar estaban destinados a los sistemas de salud, por lo que el ajuste se hará sentir en insumos, salarios y atención de la población. Además, la UTA alertó sobre los efectos del recorte en el Fondo Compensador del Interior, a partir del cual se subsidia a las empresas del rubro transporte en el interior del país. La tijera de Milei llega a las escuelas, y hay alarma porque sin Paritaria Nacional Docente, está “muy complicado” el inicio de clases.

El recorte nacional sobre las provincias fue justificado por Milei, que dijo que mientras los gobernadores deben ajustar un punto del PBI, las cuentas nacionales se tienen que achicar 15. Por eso la necesidad de dejar de entregar estos recursos, que llegan a hospitales, escuelas y colectivos. En el caso de la salud pública, la FESPROSA viene alertando sobre los efectos en los ya castigados sistemas provinciales. “En estos momentos estamos con problemas de entrega de medicación en distintos programas, como la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE)”, confirmó María Fernanda Boriotti, titular de la federación médica. En diálogo con Política del Sur, la referente sanitaria recalcó que “el ajuste brutal del presidente Milei se va a hacer notas en los sistemas de salud, que está garantizada por las provincias pero que los recortes y las no transferencias impactará sin duda en el deterioro de la atención de los pacientes”. Ante esto, hace dos semanas FESPROSA pidió una entrevista con autoridades sanitarias nacionales, pero hasta el momento no tuvieron ninguna respuesta positiva. “No tenemos información sobre qué política se aplicarán en materia de salud a través de los programas nacionales que intervienen en las provincias”, dijo Boriotti.

Si bien el sistema de salud es manejado por cada provincia, Nación interviene verticalmente a través de programas como el de Salud Reproductiva, el de medicamentos especiales o los de lucha contra el dengue, en momentos que el país vive una situación epidemiológica complicada con esta enfermedad. “El caso del DADSE muestra lo insensible de esta política, se está dejando sin medicamentos a personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a tratamientos para enfermedades complejas como el cáncer. Estas medidas son antipopulares y antisanitarias”, recalcó la titular de la FESPROSA. Los gremios médicos junto a ATE y UPCN trabajaron esta semana para sostener la dirección abierta, pero el argumento del Gobierno es que se detectaron irregularidades, y que están trabajando para evitar esta situación. Lo que genera alarma es que Nación debe garantizar algunos insumos básicos, como las vacunas del Calendario Obligatorio, que podría estar en peligro. “Cuál será la próxima víctima, la vacunación obligatoria, el tratamiento para el HIV, los programas de salud reproductiva, el tratamiento para las enfermedades especiales, como la lepra y la tuberculosis”, se preguntó la FESPROSA en la comunicación enviada al titular de la cartera sanitaria, Hugo Russo.

El recorte en el sistema de salud se suma a lo que pasa en el transporte y la docencia, que amenaza con no iniciar el ciclo lectivo 2024 porque sin los recursos nacionales, habrá una baja salarial de hecho. En el caso del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que no será renovado por el Gobierno. Ante esto, diputados del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) presentaron ayer un proyecto de ley para prorrogar el fondo a partir del 1 de enero de 2024 y en forma permanente. “Reestablécese a partir del 1 de enero de 2024 y en forma permanente la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente, creado por la Ley 25.053 y sus prórrogas dispuestas por las Leyes 26.075; Nº26.422; N°25.919; 27.591; y por Decreto N°2054/2010 y art. 3° del Decreto N°88/2022", estipularon en el articulo 1 del proyecto titulado "Prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente y Salario Mínimo Docente". El texto también propone que los montos pasen a ser remunerativos y bonificables y que el salario mínimo del cargo docente que surja de la paritaria nacional y/o provincial correspondiente, no puede ser menor, "en ningún caso, al equivalente a la Canasta Básica Total fijada por el INDEC, donde el 70 por ciento como mínimo estará constituido por el salario básico”.

Otra área que sentirá el ajuste nacional es el transporte público. La semana pasada se confirmó que se decidió la eliminación del Fondo Compensador del Interior, a partir del cual se subsidia a las empresas del rubro. La medida se suma al reciente aumento en los boletos de colectivos y trenes en el AMBA, debido al objetivo del Ejecutivo de reducir considerablemente los subsidios al transporte. La medida se suma al reciente aumento en los boletos de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido al objetivo del Poder Ejecutivo de reducir considerablemente los subsidios al transporte. El Gobierno a partir de ahora concentrará la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa a través de la tarjeta SUBE, con un descuento que alcanzará el 55 por ciento de la tarifa del boleto. Un comunicado del Ministerio de Economía sostuvo que la medida tomada “guarda coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores y Gobierno ncional firmaron en 2017 y 2018” que, entre otras cosas, “establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”. Dicho pacto también se comprometía a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esto provocó el duro comunicado de la UTA, sobre el impacto en el sistema de este tipo de medidas.