Malestar por el cierre unilateral de la paritaria bonaerense: “Es un ajuste”

Ante el cierre de las liquidaciones de enero, el gobernador Axel Kicillof decidió dar un aumento para todos los estatales de la provincia de Buenos Aires, de un 25 por ciento, que se pagará con los sueldos que reciban en febrero, luego de los primeros encuentros del año, donde la gestión provincial recibió la demanda de los gremios pero no formuló oferta concreta, esta semana se definió este incremento para cerrar la paritaria 2023, que cobrarán empleados de la administración pública, docentes, judiciales y profesionales de la salud. Si bien desde La Plata descaro que la idea es “seguir negociando” con el sector, la dirigencia calificó como “insuficiente” el cierre del año, y calcularon que más allá de los esfuerzos todos los empleados públicos bonaerenses “perdieron contra la inflación”.  Esto abre una grieta en la relación entre los estatales y el gobierno, que en estos años tuvieron trato muy cercano, e incluso hubo una fuerte militancia a favor de la reelección del mandatario. El temor que circula por estas horas es que el “plan motosierra” a nivel nacional que incluye una fuerte limitación del giro de recursos s las provincias, complique las finanzas bonaerenses, y vaya deteriorando las discusiones, en un contexto de alta inflación generalizada.

El aumento del 25 por ciento otorgado por la provincia de Buenos Aires cierra la paritaria 2023, y todos los cálculos marcan que lo hace por debajo de la inflación anual por lo que los gremios expresaron su malestar por considerarlo “insuficiente”. El gobierno provincial decidió por decreto cerrar la negociación con 15 puntos porcentuales más sobre los salarios de diciembre y comenzar el 2024 con los restantes 10 por ciento a cuenta, alcanzando así una variación del 25 por ciento. Esto fue calificado de insuficiente por todos los gremios de la administración pública, ya que según el caso deja a los trabajadores varios puntos por debajo de la inflación. Por ejemplo, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) calcularon que el incremento acumulado del 2023 llega al 153 por ciento y manifestaron que “el gobierno provincial debería garantizar un incremento que permita que los salarios de las y los trabajadores puedan enfrentar este contexto”. En el caso puntual de la paritaria con los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), habían aceptado por mayoría una actualización salarial hasta noviembre del 117 por ciento. El espacio sostuvo en un comunicado que el incremento “resulta insuficiente para recuperar plenamente la pérdida del poder adquisitivo del salario provocada por la alta inflación acumulada durante el 2023, acrecentada abruptamente el último mes, producto de la devaluación”.

“Los salarios perdieron categóricamente”, sintetizó un dirigente estatal, ante la consulta de Política del Sur. En este sentido, no ocultó su malestar porque “fue un cierre unilateral para todos los estatales de la provincia de Buenos Aires”. “Lamentablemente se ha pasado por arriba a las paritarias, los gremios ya habían rechazado por insuficiente esta oferta, que no contempla el aumento terrible del costo de vida”, completó el mismo dirigente consultado. Luego de conocerse la noticia del aumento, los gremios expresaron su descontento no sólo con la cifra anunciada, sino con la forma. “Con este aumento podemos decir que hubo un 150 por ciento de aumento salarial contra un 211 por ciento de inflación acumulada en el 2023, además que nunca recuperamos lo perdidos en años anteriores”, analizó otro dirigente sindical, que coincidió con los números que fueron dando las organizaciones. Otro de los reclamos que circuló entre los estatales fue la falta de un mecanismo que permita actualizar salarios de forma automática, algo que se puso en marcha en algunos momentos de la gestión de María Eugenia Vidal e incluso en el primer gobierno de Kicillof.  La idea de tener una cláusula gatillo sin necesidad de paritaria es una exigencia que parece lejana, ya que el gobierno provincial debe lidiar con los recortes de Nación, que no le dejan margen de maniobra. “Todo esto se vuelve un ajuste, que sufrimos todos los trabajadores”, insistieron. Por el momento adelantaron que no habrá medidas locales, y se concentrarán todos los esfuerzos en el paro nacional del 24 de enero.

El constante ataque del gobierno nacional a la gestión provincial, afirman en La Plata, condiciona este tipo de acuerdos. Si bien algunos dirigentes de peso como el docente Roberto Baradel salió a pedir tiempo para el gobernador, en general el acuerdo salarial anunciado no hace más que generar malestar. “Los trabajadores de la salud debemos enfrentar un feroz ajuste, una mega devaluación y un crecimiento sideral de precios, con el argumento mentiroso que había que sincerarlos”, le dijo Política del Sur el secretario general de CICOP, Guillermo Pacagnini. A esto se le suma los efectos del DNU y la Ley Ómnibus que golpea fuerte al sistema sanitario, y que los gremios de todas las provincias están rechazando. “Estas medidas favorecen al sector privado en desmedro del sistema público de salud, favorece el negocio de los medicamentos liquidando la ya muy débil producción pública y desfinancia el sector, agravando la crisis sanitaria que venimos arrastrando”, sostuvo el dirigente. Desde que se anunciaron estas dos iniciativas, CICOP se declaró en “estado de alerta”, y junto a otros espacios de la salud pública trabajan para evitar la puesta en marcha de las reformas. “Hay que rechazar las dos iniciativas, no hay puntos negociables, lo mismo que el protocolo antidemocrático de Patricia Bullrich”, agregó Pacagnini.  

El malestar bonaerense tiene su correlato con lo que pasa a nivel nacional, tanto para los salarios públicos como los privados. Es que mientras enfrentan el ajuste y los despidos, los trabajadores de la administración pública nacional siguen sufriendo el deterioro de su poder adquisitivo. Así lo demuestra el último informe de la Junta Interna de ATE en el INDEC, que mensualmente elabora un cálculo de cuánto debería ser el salario de una familia promedio para afrontar una canasta de alimentos y servicios. En diciembre, el valor dio un enorme salto, y superó los 700 mil pesos. “La depreciación de nuestros ingresos, la política de achicamiento del Estado mediante despidos y la falta de recomposición salarial nos exigen estar a la altura de los acontecimientos”, afirmó el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur. En este sentido, el reporte estableció que “un trabajador necesito, en diciembre del año pasado 772.711 pesos para satisfacer sus necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar”. Este valor se compone de “283.473 pesos necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de 489.238 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”. “El panorama para los trabajadores estatales es complicado, si tenemos en cuenta que el salario de referencia de diciembre 2015 (10.191 pesos), actualizado a pesos de diciembre 2023 debió ser de 521.427 pesos y no los insuficientes 283.010 pesos, sin incluir las sumas fijas de 4 mil y 70 mil pesos, según la grilla salarial del SINEP de diciembre del 2023”. Esto generó una caída del poder adquisitivo del 44 por ciento.