Alertan que con el actual presupuesto las universidades sólo podrán funcionar hasta abril

La decisión del Gobierno nacional de no enviar un nuevo presupuesto para el 2024 genera alarma en varios sectores, que en un contexto de alta inflación puede ser muy perjudicial para el funcionamiento y el pago de salarios. En las universidades, los integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le enviaron a la Secretaría de Educación, que reemplaza al ministerio, un presupuesto de 2,5 billones de pesos, que representa cerca de un 300 por ciento de aumento en relación con la partida inicial que recibieron las casas de estudios para 2023. De no aprobarse, rectores y gremios docentes advierten que se comprometería el funcionamiento a partir de abril, y a partir de ese mes es todo incertidumbre. A esto se le suma el aumento de los servicios públicos, que tendrá impacto en los recursos del sector. Ante esto, uno de los gremios se declaró en “estado de alerta y movilización”, y llamó al resto de los sindicatos a que llamen a un “gran paro nacional”, para defender la educación pública superior y para pedir la reapertura de las paritarias. Por el momento el Gobierno no impulsaría el arancelamiento o el sistema de vouchers, algo que la comunidad universitaria rechaza.

En su último congreso nacional, la CONADU Histórica hizo un análisis de la coyuntura política nacional y de las medidas anunciadas por el nuevo gobierno y debatió en torno a la estrategia “frente al nuevo escenario político y discutió diversos temas gremiales”. En este sentido, ratificó la exigencia de “la inmediata reapertura de la paritaria salarial de la docencia universitaria y preuniversitaria”, para evitar que los salarios queden por debajo de la inflación. “El reclamo de la reapertura de la paritaria es casi obvio, los analistas aseguran que la inflación va a llegar al 30 por ciento en diciembre y seguirá alta enero y febrero, se necesita una suba salarial porque sino se hace una transferencia de ingresos desde los trabajadores a los sectores más concentrados de la economía fenomenal, lo cual es totalmente injusto”, sostuvo Luis Tircornia, dirigente del gremio universitario, ante la consulta de Política del Sur. El objetivo de la dirigencia es “por lo menos empatar a la inflación”, para lo cual se debe volver a dar un aumento. Además, se pidió que no se vuelva a aplicar el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores, y se pronunció “en defensa de la universidad pública, gratuita, al servicio de las clases populares”.

En cuanto a la cuestión presupuestaria, Tiscornia explicó a que “lo que resolvió el Gobierno es prorrogar el presupuesto 2023, es decir, aplicar las mismas cifras para el año pasado. Está claro que esto es menos de la mitad de los recursos en términos reales, por efecto de la inflación, lo que hará que las universidades de mantenerse esta situación en abril o mayo ya no tendrían más fondos para funcionar”. Para Tiscornia, esta medida se termina resolviendo “como sucede en las provincias: el gobierno tendrá la potestad arbitraria los refuerzos presupuestarios, al no haber ley”. En ese contexto, serán los rectores los que negocien esos refuerzos, y se terminarán de definir por vínculos políticos. “Está claro que estamos ante un ajuste generalizado que también pagará la educación junto con el conjunto de los trabajadores. Queda demostrado que el ‘ajuste lo paga la casta’ era una mentira”, concluyó Tiscornia. CONADU Histórica llamo a la unidad para enfrentar esta realidad.

En tanto, el plenario de delegados de la entidad rechazó el paquete de medidas, resolvió “proponer un plan de lucha urgente a la CTA Autónoma con la realización de un paro general con movilizaciones en todo el país promoviendo la coordinación de las tres centrales sindicales, y en el ámbito particular universitario, la articulación de las acciones entre las federaciones docentes”. Para el gremio, el decreto ataca “puntos nodales de los derechos del trabajo, y afecta también temas claves de derecho a la libertad y democracia sindical”, además establece la desregulación económica que implica, entre otras cosas, “la suba de precios de productos de necesidades básicas o esenciales, alquileres, etc”. También modifica el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales. Asimismo, el paquete “afecta las comunicaciones, la energía, el patrimonio nacional y la soberanía con la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización”.

“Claramente se observa que lo esencial de estas medidas, deteriora considerablemente el poder adquisitivo, compromete los derechos laborales y agrava las condiciones de vida de la clase trabajadora y el pueblo, perjudica a los pequeños y medianos productores, y compromete profundamente la soberanía nacional, promoviendo la extranjerización de los resortes claves del país y beneficiando la especulación y los sectores concentrados de la economía”, destacó el documento final de la CONADU Histórica. Previo al decreto, el Gobierno impuso un protocolo anti-piquetes para garantizar la aplicación de estas políticas. Las tres centrales sindicales argentinas conjuntamente denunciaron ante la OIT las violaciones al convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, la restricción y vulneración derechos constitucionales, y la incompatibilidad con las normas internacionales del trabajo y las recomendaciones de la OIT.