Moyano versus Maturano, la pelea detrás del proyecto para regular las apps de repartidores

Pablo Moyano y Omar Maturano están subidos en una feroz carrera para quedarse con la representación sindical de los repartidores en la provincia de Buenos Aires, un armado que de constituirse podría contar con unos 100 mil trabajadores. La pulseada es sólo un capítulo en una disputa más de fondo entre los Moyano y el líder de La Fraternidad por el control de los gremios del transporte.

El escenario de esa pelea es la Legislatura bonaerense, donde el Frente de Todos busca avanzar con un proyecto de ley para regular empresas como Rappi y Pedidos Ya. El proyecto ya tiene sanción del Senado, pero está trabado en Diputados donde Juntos y los liberales se oponen. El proyecto de ley propone la creación de un registro de los repartidores llamados riders. Ese registro sería clave para tener un número certero de la cantidad de trabajadores que conforman el sector.

Quien impulsa el proyecto es el senador Omar Plaini con el apoyo de Moyano. Plaini es el titular del gremio de canillitas, un gremio que viene perdiendo poder con la caída en las ventas de los diarios en papel y las revistas. El proyecto de ley que impulsa el senador Plaini, del sector de Moyano, propone la creación de un registro de los repartidores llamados riders. Ese registro sería clave para tener un número certero de la cantidad de trabajadores que conforman el sector.

Entre los repartidores se empezaron a articular armados sindicales. Uno es la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), que conduce Marcelo Pariente, quien responde a los Moyano. Para darle fuerza a ese armado de repartidores, Moyano designó a Pariente como secretario general de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, el histórico brazo político del movimiento obrero.

Pero Maturano también busca potenciar a su propio armado. Se trata de la Asociación Sindical de Repartidores (ASRI) que preside Mauro López. Este sector resiste el proyecto de ley de Plaini y amenaza con movilizar a la Legislatura si el expediente sigue su trámite en las comisiones de trabajo. Maturano incluyó a la ASRI dentro de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), una agrupación que se había creado en 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner para oponerse a la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) que manejaban los Moyano.

En abril del año pasado, los dirigentes vinculados al transporte enfrentados con el camionero relanzaron ese armado al que buscan consolidar como un polo de poder alternativo. Allí están Maturano, Roberto Fernández (UTA) y Carlos Acuña (estaciones de servicio).

En la Legislatura el proyecto de ley parece estancado. Esta semana, Plaini organizó una conferencia de prensa de la que participó Pablo Moyano y donde se cuestionó en duros términos a la oposición, en especial a Patricia Bullrich y a Javier Milei. Lejos de buscar acercar posiciones para lograr consensos, la postura del peronismo pareció buscar romper puentes.

La semana pasada el peronismo en Diputados buscó aprobar un dictamen conjunto en las comisiones de Presupuesto, Trabajo, Asuntos Constitucionales, y Legislación General. La estrategia era lograr un despacho para bajar el proyecto al recinto en la próxima sesión. Sin embargo, se decidió fue el propio Frente de Todos quien le puso un freno a la movida tras gestarse una resistencia por parte de los trabajadores quienes no habían sido convocados para analizar el texto.

El propio bloque del Frente de Todos le puso un freno al proyecto de Plaini, tras gestarse una resistencia por parte de los trabajadores quienes no habían sido convocados para analizar el texto. La clave del proyecto pasa por la creación de un Registro Provincial Único y Obligatorio para trabajadores de Plataformas en Aplicaciones.  La clave del proyecto pasa por la creación de un Registro Provincial Único y Obligatorio para trabajadores de Plataformas en Aplicaciones. Allí, las empresas empleadoras tendrán la obligación de inscribir tanto a sus trabajadores, como los vehículos utilizados.

En tanto, a partir de ese registro el gobierno podrá identificar a las empresas e individualizar a los trabajadores. La idea es poder controlar los derechos laborales de los miles de personas que circulan en moto o bicicleta. Esto obliga a los empleadores y prestadores (aplicaciones móviles incluidas) a inscribir a sus trabajadores, quienes deberán poseer un certificado para realizar la actividad.