Los despedidos de Garbarino vuelven a marchar y piden definiciones para su futuro

Los despedidos de la empresa Garbarino anunciaron una nueva movilización para la semana próxima, en el marco del reclamo que hacen para que el dueño de la firma Carlos Rosales informe cuándo y cómo pagará los sueldos, aguinaldos y liquidaciones adeudadas, en el marco de la crisis que llevó al líder de ventas de electrodomésticos a tener apenas un puñado de locales abiertos. Junto a despedidos de otras empresas, los cesanteados insistirán con su pedido que se fije la forma en que se pagará lo adeudado a los más de 3 mil empleados que siguen en conflictos, agrupados en un colectivo que sigue reclamando. En una audiencia realizada en diciembre, Rosales dijo que tenía un plan para terminar con el conflicto, pero a cuatro meses de esto no hubo novedades, por lo que los trabajadores realizaron una presentación ante el juez de la causa para que se aceleren los tiempos. El temor es que se sigan liquidando activos, como las dos empresas de Tierra del Fuego, y que esos fondos no se usen para pagar a los empleados.

Desde el colectivo “Trabajadores de Garbarino en Lucha” se confirmó que el 10 de abril realizarán una nueva movilización y corte en Puente Pueyrredón, en la localidad de Avellaneda, para insistir con su reclamo de que Rosales defina el plan de pagos de los salarios caídos. En la primera quincena de marzo, en el mismo lugar, los trabajadores, junto a movimientos sociales y partidos de izquierda reclamaron por la reincorporación de varios despedidos en otras empresas, como Megaflex y EMA. “Basta de ajuste, basta de despidos”, fue la consigna en ese momento, que se repetirá en esta jornada, que se espera sea tensa. Además, cesanteados realizaron un pedido ante la Justicia para que se vuelva a citar a Rosales y se avance en esta cuestión del plan de pago. El pedido se hizo ante el juez Alejandro D’alessandro para que cite a Rosales y dé explicaciones del supuesto plan para pagar la deuda de salarios, aguinaldos y liquidaciones que debe a los cerca de 3.300 empleados despedidos desde que comenzó la crisis el año pasado, e incluyó que el empresario fije “una fecha de pago” para cumplir con sus obligaciones y que además informe sobre la forma en que seguirá sosteniendo la empresa.

“Pedimos al juez que llame a una nueva audiencia a Carlos Rosales para que diga cuál es el plan de negocios que en diciembre dijo que tenía, que al día de hoy no tenemos novedades”, confirmó Gabriel Yapura representante de este grupo. Ese posible plan, le dijo Yapura a Política del Sur, “depende exclusivamente de la venta de las dos plantas en Tierra del Fuego, más la maquinaria que es lo que realza el valor de la venta”. Pero como no hubo mayores datos de la forma en ejecutar este supuesto plan, se volvió a reclamar a la Justicia. “Con ese verso pasaron cuatro meses”, agregó Yapura. La sospecha del colectivo de despedidos es que hay complicidad para “extender los tiempos”, y así “seguir vaciando” la firma.

El pedido incluye críticas a la sindicatura general, que trabaja en la causa de la quiebra de Garbarino. “La sindicatura le dijo al juez que nosotros estamos pidiendo cosas que ya estaban en la causa, cuando no es así. Nuestro pedido surge en línea con lo que nosotros venimos diciendo: necesitamos una fecha de cobre de ese plan”, insistió Yapura. En el escrito se reclamó que Garbarino “dé cuenta del estado actual de sus negocios y las proyecciones empresariales”, algo que se negó en una pronta contestación. “La sindicatura está jugando muy a favor de la empresa, lo que se está haciendo es tratar de extender los límites al máximo, de hecho, se está tratando de pedir una prórroga para presentar el informe final de la convocatoria”, remarcó el referente de los despedidos. Una vez que esté ese informe, dijo, “el juez debe tomar la resolución, y todo apunta que vamos a la quiebra definitiva”. “Garbarino es un barril sin fondo, la plata va ir a cualquier lado, menos a los trabajadores”, recalcaron.

El conflicto de Garbarino comenzó en abril del 2021, cuando comenzaron los primeros atrasos en el pago de los sueldos. Luego, se cerraron sucursales, por lo cual el personal realizó varias tomas. La crisis se fue agravando hasta que prácticamente no hubo operaciones. Desde mayo de este año, el tema parecía sentenciado, ya que la Justicia no logró destrabar los desacuerdos entre la empresa y sus trabajadores. Decepcionados, la mayoría de los despedidos recurrió a la Justicia para cobrar, mientras este colectivo se organizó, eligió representantes y mantuvo la pelea política y sindical.