El Presupuesto enviado por Axel Kicillof a la Legislatura que calcula un gasto primario de 6,9 billones de pesos pone en evidencia por si hacía falta que el kirchnerismo apunta decididamente a recluirse en la provincia de Buenos Aires.
Los recursos estimados en la ley de leyes duplican a los del año en curso y promueven una suba de las alícuotas en los tributos inmobiliarios y automotor nominalmente por debajo de que sería la inflación del 2023.
Estos números dejan en claro que la provincia contaría nuevamente durante el 2023 con los recursos que recibe de manera discrecional desde el Gobierno nacional, y que se han visto incrementados años tras año desde la asunción de Kicillof en el sillón de Dardo Rocha.
La prenda de negociación para obtener un rápido apoyo a la propuesta e intentar su aprobación antes del comienzo del Mundial se limita a la materialización de un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM).
Las negociaciones por la constitución de esta fuente de recursos se avizora problemática en la discusión con la oposición, debido a que los alcaldes de Juntos se quejaron porque el año en curso el dinero no llegó con la fluidez que necesitaban para acelerar las obras ya iniciadas.
Es por esto que desde fuentes de la oposición avisan que pedirán más celeridad en los desembolsos como así también una cláusula de actualización de los recursos de acuerdo al devenir inflacionario: “Los intendentes no quieren quedarse atrás en los costos, tuvieron que ralentizar el ritmo de las obras”, confesó a PDS un legislador opositor.
Los alcaldes peronistas del conurbano estarían de acuerdo con la posibilidad del instaurar este fondo de dinero fresco para sus comunas y habrían dado el visto bueno a un reclamo opositor: de que el dinero que se recibe de Nación por fuera de la pauta presupuestaria sea coparticipado a los municipios por el Coeficiente Unico de Distribución (CUD).
Así las cosas, el Ejecutivo plantea un rápido desembarco de ministros como el de Economía, Pablo López, y el titular de Infraestructura, Leonardo Nardini, para prestarse a la requisitoria de los legisladores en el Parlamento provincial.
Al mismo tiempo, comenzarán las negociaciones con los alcaldes enrolados en la liga de intendentes radicales que comanda Miguel Fernández, alcalde Trenque Lauquen, y con interlocutores amarillos como Julio Garro y Néstor Grindetti.
El gobernador Kicillof tratará de que el cálculo de gastos esté aprobado en la primera semana de diciembre reservándose para después del Mundial, en el último peldaño del año, la posibilidad de arremeter con la posible suspensión de las PASO 2023.
Si bien la cuestión de la cancelación de las internas esta agarrada de lo que ocurra en el Congreso Nacional donde los legisladores de movimiento sociales y del albertismo resisten su disolución, en provincia son optimistas.
Es necesario aclarar que cualquier expediente que ingrese en extraordinarias debe contar con la aprobación de los dos tercios de ambos Cuerpos legislativos.
Por ende, el oficialismo deberá buscará acuerdos con una oposición que necesita imperiosamente de este instrumento para tratar de ordenar un proceso interno convulsionado.
“Si se logra resistir la negativa de Alberto acá sale rápido la suspensión porque la oposición no podría contrarrestar la presión”, le espetó a PDS un legislador peronista acostumbrado a tutearse con estar lides.
En rigor, el albertismo entiende que el tiempo de Fernández ya pasó pero admiten que el Presidente conservará un poder de veto en lo que tiene que ver con la conformación de listas y la elección del potencial presidenciable del oficialismo.
En los últimos días el máximo tribunal bonaerense arremetió nuevamente exigiendo una solución política al asunto de la Caja previsional del Banco Provincia, ya que tiene pendiente una resolución de inconstitucionalidad de la ley que se votó durante el vidalismo y que cercenó derechos de los jubilados de la entidad crediticia estatal.
Ante el primitivo pedido de los ministros judiciales, Kicillof consensuó con La Bancaria un nuevo proyecto que devuelve el 82% por ciento móvil y le da nuevamente a la mujer la posibilidad de jubilarse a los 60 años.
En principio, y ante la premura de la solicitud de la Corte, se había consensuado un precario acuerdo entre el oficialismo y el juntismo pero Mauricio Macri lo desarticuló al ordenarle a sus legisladores que rechazaran de plano la iniciativa con el argumento de que aumentaba sustancialmente el déficit debido a que la provincia se haría cargo de un parte del desfasaje de la caja previsional.
Ante esta situación, el radicalismo se mostró solidario con la postura del PRO y para evitar disidencias optó por apoyar la conformación de un expediente de minoría que mantiene a grandes rasgos el espíritu de la Ley Vidal y especifica que el Banco con sus utilidades debe responder por el déficit previsional.
Ante la renovada insistencia de la Corte, Kicillof ensayaría la búsqueda de un resquicio ante la profundización de la interna descarnada entre los correligionarios y amarillos expuesta públicamente en los últimos días y exploraría un acuerdo con los radicales y los moderados del PRO.
El interrogante que recorre los pasillos de la Legislatura tiene que ver si nuevamente tendrá lugar un escenario como el que se manifestó en lo idus de diciembre de 2021, donde el oficialismo votó la reelección de intendentes con el apoyo de los radicales y el larretismo dejando al macrismo pataleando en soledad.
“Si eso ocurre lo denunciaremos tenazmente", indicó raudo a PDS un legislador que responde a los halcones.
El juego está abierto y se presume un diciembre caliente más allá de la temperatura que emane de la fiebre mundialista.