La Cámara Baja convalidó las modificaciones a la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas que a grandes rasgos recorta sustancialmente las facultades del nuevo titular, el kicillofista Federico Thea, y que lo obliga a buscar consensos para resolver sobre irregularidades en el manejo de los recursos públicos en municipios y organismos oficiales.
A partir de la sanción de esta propuesta del vidalista Alex Campbell, condición acordada entre los principales popes del oficialismo y la oposición con el Gobernador para dar la venia, el presidente del órgano de contralor deberá pactar las resoluciones con los cuatro miembros que lo secundan y que responden políticamente a los distintos espacios políticos del variopinto bonaerense.
En rigor, se practicaron cambios a los artículos 1 y 5 del organismo de contralor que también obligará a Thea a consensuar lo que tiene que ver con la distribución de partidas presupuestarias del ente.
“Esta es una sesión para no convalidar leyes sino para crear cargos, cuando las fuerzas mayoritarias tienen diferencias lo arreglan creando cargos, con el consiguiente aumento del gasto público”, cuestionó con dureza el diputado de Avanza Libertad, Guillermo Castello.
El Cuerpo que preside Federico Otermín también refrendo en la nueva sesión ordinaria los pliegos de los tres lugares vacantes para la oposición en la Defensoría del Pueblo.
De esta manera, los diputados votaron afirmativamente al radical Marcelo Honores y a los amarillos, Luis María Ferella, que responde al jefe del bloque del PRO nacional, Cristian Ritondo; y Martín Brignoli, que responde al alcalde de San Nicolás, Manuel Passaglia.
La representación del peronismo será para el camporista de Quilmes, Angel García.
Los diputados aprobaron en esta ocasión un proyecto del líbero titular del bloque 17 de noviembre, Fabio Britos, que se venía postergando por el desacuerdo que habían esgrimidos por algunas agrupaciones de ex combatientes de Malvinas: la propuesta incorpora el beneficio de la jubilación anticipada para aquellos que participaron del conflicto bélico en el Atlántico Sur, pero incorpora un anexo para saldar la discordia estableciendo la prohibición del beneficio a quienes estén sospechados de violaciones a los derechos humanos.
El diputado del PRO Daniel Lipovetzky aseguró que con este proyecto de ley “estamos ratificando a personas que también son héroes de Malvinas, a gente que dio su vida ya que no podemos discriminar entre conscriptos y no oficiales con carrera militar”.
Por último, los legisladores aprobaron un proyecto de la diputada del Frente de Todos Berenice Latorre de Caro que determina que aquellos que tengan que jurar la promesa de lealtad a la bandera cada 20 de junio sea tomada por ex combatientes de la guerra de Malvinas que hayan nacido o sean residentes de la provincia.