Polémica por el intento de Juntos de reformar la ley bonaerense que regula las farmacias

Las farmacias de la provincia de Buenos Aires alertaron sobre un intento del bloque de Juntos por liberalizar el sector, permitiendo a través de un proyecto de ley que los nuevos mostradores abran sin importar la distancia y densidad poblacional, como marca hoy la norma. La pelea entre el sector farmacéutico y el macrismo por la habilitación de estos locales viene de lejos, desde que en el gobierno de María Eugenia Vidal se intentó reformar la ley 10.606, que regula al sector. La pelea concluyó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la ley, pero que ahora el senador bonaerense Marcelo Daletto quiere cambiar. Los farmacéuticos volvieron a rechazar los intentos de cambiar la normativa, y recordaron que detrás de este interés está Farmacity, la cadena propiedad del ex funcionario macrista Mario Quintana. “Tratan los medicamentos como una mercancía”, afirman desde el sector.

El proyecto de Daletto fue presentado de manera sorpresiva en estos días, y si bien no se conocen mayores detalles se sabe que la idea es permitir que las nuevas farmacias abran sin necesidad de respetar la distancia mínima entre locales y la densidad poblacional. En este sentido, el legislador por la Cuarta Sección Electoral explicó que propone “eliminar restricciones para la habilitación de farmacias en la Provincia, en razón de las funciones de colaboración y auxilio de éstas en el sistema sanitario bonaerense”. Al explicar su proyecto de ley, el senador comentó mediante un comunicado de prensa que “las farmacias son una extensión del sistema de salud y con este proyecto buscamos generar un mejor servicio de cercanía, mientras que los farmacéuticos podrían ejercer su profesión en cualquier lugar de la Provincia sin restricciones territoriales o demográficas”.

Según Daletto, “esta propuesta no busca de ninguna manera modificar la exigencia de la titularidad de las farmacias limitada a los sujetos indicados en el artículo 14 de la ley 10.606 que busca garantizar la independencia profesional real para evitar que, eventualmente, se afecte el nivel de seguridad y calidad del abastecimiento de medicamentos a la población”. Por último, Daletto manifestó: “La libertad en la localización contribuirá a fortalecer el rol social de las farmacias y del farmacéutico. Es decir, esta iniciativa está basada en el bienestar de los ciudadanos, en la descentralización y la aplicación efectiva de los derechos del consumidor de productos farmacéuticos”.

En las farmacias, la noticia generó sorpresa. “No fuimos consultados”, dijeron dirigentes del Colegio de Farmacéuticos bonaerenses, ante la consulta de Política del Sur. Para el sector, el proyecto “busca otra vez beneficiar a las grandes superficies, como intentaron hacer en la gestión anterior. Pero la Corte Suprema dijo que la actual ley es constitucional”. En concreto, se refieren al pedido de la firma Farmacity, que llevó hasta el máximo tribunal sus pedidos de liberar la apertura de farmacias, y permitir que sociedades anónimas sean dueñas de locales. El fallo sostuvo que la ley 10.606 está en plena vigencia. “Creemos que buscan preparar el terreno por si vuelven al gobierno”, agregaron.

Uno de los problemas que existen además de la ley es que más de 100 distritos aprobaron ordenanzas locales para prohibir estas grandes superficies, y defender la ley de farmacias actuales. Curiosamente el gremio de empleados ADEF, que representa a los trabajadores del sector, se mostró a favor del pedido de Farmacity. Ahora, los dirigentes farmacéuticos adelantaron que pedirán mayores detalles al senador y al resto del bloque para saber los alcances concretos de la normativa que ingresó en la legislatura.

En tanto, desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) también se quejaron de la propuesta. “Esta semana trataremos de ver en qué consiste la letra de ese proyecto, porque, en principio, causó nuevamente preocupación. Es un tema de un juicio que ganó la provincia de Buenos Aires y que llegó también a la Corte nacional, que planteó que la ley era constitucional, que era una ley de corte sanitario y que tendría y que tendía a proteger el acceso al medicamento en cada pueblo, con cada farmacia separada cada 3 mil habitantes”, explicó María Isabel Reinoso, titular de la entidad. “En las entidades del sector no hemos sido consultados. Queremos saber cuál es la idea del legislador y reunirnos con él para saber cuál es el espíritu de este proyecto”, concluyó Reinoso.