Durante los primeros dos meses del año se cometieron 54 femicidios y travesticidios

En estos últimos días se conocieron los datos de un informe la asociación civil la Casa del Encuentro que arrojó que desde el 1 de enero al 28 de febrero de este año se cometieron 52 femicidios y dos trans/travesticidios.

En comunicación con Política del Sur, la abogada representante de la organización, Laura Novo, indicó que este número les “sorprende” debido a que “es una cifra que no baja y lo que viene demostrando es la inoperancia del Estado para contener esta pandemia de violencia de género”.

Recalcó que “hay un promedio de horas muy alto” entre femicidios (26) y que se terminó “el 2021 con una cifra muy elevada y lo que viene a exigir es actividad por parte del Gobierno”. “Tenemos un Ministerio y tiene que estar a la altura para llevar adelante programas nacionales de los tantos que hay. Esto no se está viendo, son vidas que ya no están”, expresó.

El relevamiento también dio cuenta que desde que comenzó el año, 64 hijos quedaron sin su madre, de los cuales 43 son menores de edad, a lo que Novo afirmó que “son victimas colaterales del femicidio” y que “han sido testigos y han visto el maltrato que padecía”.

“Cuando una mujer hace una denuncia está pidiendo ayuda del Estado. Tener denuncias o medidas vigentes no implica salvar la vida de la mujer porque lo que hace el Estado automáticamente es desentenderse. Se tiene que buscar un buen sistema de prevención, que no estamos viendo”, reclamó.

También remarcó que esto “evidencia que las políticas públicas no ayudaron a esa mujer y por eso culminó con un femicidio”.

“El Estado tiene que evaluar cómo está funcionando la Ley Micaela. Si siguen ocurriendo los femicidios es porque los servicios no están funcionando. Empezamos a ver las fallas desde hace mucho tiempo”, evaluó.

Otro dato que reveló el estudio es que el 71% de las víctimas fue asesinada en su hogar y el 63% por su pareja o ex. Novoa recalcó que “el lugar más peligroso para una mujer es su casa porque sus parejas o ex conocen sus movimientos”.

“Poner una medida no implica que el violento deje de serlo, sino que ahí está la responsabilidad del Estado, garantizar una vida libre para la mujer y ver cómo ayudarla a salir de esa situación”, concluyó.