El auge de los secuestros extorsivos y la muerte de un joven de El Jagüel a pesar del pago del rescate

Durante los últimos años, la cifra de secuestros extorsivos en nuestro país bajó considerablemente en comparación con la época de mayor esplendor de esa modalidad criminal. Además, el modus operandi de las bandas dedicadas a ese tipo de delitos varió con el paso del tiempo para convertirse en lo que se conoce actualmente como “secuestros exprés”: una versión distinta que consiste en elegir a las víctimas “al voleo”, sin ningún tipo de planificación previa y, a diferencia del pasado, en muchos casos solo se las mantiene cautivas algunas horas a bordo de un auto en movimiento.

Sin embargo, entre los años 2002 y 2004, la situación era muy distinta, tanto que se habrían llegado a registrar denuncias por secuestros dentro del territorio bonaerense cada 38 horas, lo que ponía en jaque a la Policía, ampliamente desbordada por la problemática que le costó más de un dolor de cabeza al Gobierno de ese entonces y que era reflejada diariamente por los noticieros de la época que replicaban la conmoción social que causaban.

Tal vez el primer caso que causó tal impacto en la opinión pública por la crueldad de los captores fue el de Diego Peralta, un joven de 17 años que la mañana del viernes 5 de julio del 2002 subió a un remis en la puerta de su casa de la localidad de El Jagüel para asistir a clases pero nunca más regresó. Durante el trayecto al colegio privado donde cursaba sus estudios, tres hombres armados y con chalecos antibalas interrumpieron la marcha del adolescente y bajaron de un auto al grito de “alto policía” para llevarlo a punta de pistola hacia la muerte, aunque eso se conocería más tarde.

El resto de los días que le quedaban de vida, la víctima los pasó sedado y atado a una silla en una casa de la localidad de Platanos, del partido de Berazategui, mientras sus secuestradores negociaban su entrega a cambio de un botín millonario en ese momento. La banda exigió la cifra de 200 mil pesos de dinero en efectivo, un número imposible de pagar para la familia Peralta.

Para los investigadores, los malvivientes contaban con el dato erróneo de que el padre del adolescente capturado tenía esa cantidad de dinero guardado, pero luego de una serie de llamados telefónicos, se conformarían con la entrega de 9 mil pesos y 2 mil dólares que el papá del menor pudo reunir gracias a préstamos.

El hombre arrojó esa suma cerca del estadio Vicente Capocazza de Claypole y el pago del rescate se concretó el 20 de julio, pero no así la entrega. Es que, de acuerdo a la confesión de uno de los acusados, al tercer día de cautiverio, el 8 de julio de 2002, sus captores llevaron al adolescente en un Renault 18 a la vera de una tosquera en Ezpeleta.

Previamente, los integrantes de la banda discutieron si mataban o no al estudiante secundario, en parte enojados porque no obtenían el dinero solicitado y con la sospecha que podía haberlos visto a través de la venda que cubría sus ojos. Finalmente, decidieron asesinarlo a puñaladas en el cuello y la espalda y arrojar el cadáver a las aguas en donde fue encontrado el 12 de agosto, atado a un riel.

En el medio, la presión social iba en aumento, aunque los secuestrados no volvían a comunicarse y la Policía Bonaerense desplegaba un operativo de búsqueda de cerca de 2 mil efectivos con varios allanamientos en el conurbano a raíz de llamados anónimos. Por su parte, algunos medios de comunicación recurrían a recursos de escaso respaldo profesional para el tratamiento del caso, como psíquicos o mentalistas. Uno de ellos se animó a afirmar en varios programas de televisión que el joven se había ido por su propia voluntad.

El último de los imputados fue llevado a un segundo juicio en 2010 debido a que se fugó a Paraguay y los trámites de extradición se demoraron. Carlos Ramón "El Pipi" Garzón fue condenado a 29 años, 11 meses y 27 días de prisión por el secuestro extorsivo y homicidio triplemente calificado del adolescente de 17 años.

Dos años atrás, el mismo Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata había condenado a perpetua a Marcelo “Chejo” Cejas, Julio César Rotella, David "Chaca" Pereyra, Rosa Pistilo, alias "La Gorda Rosita", y Enrique "Baty" Báez. También había sentenciado a diez años de prisión a Lauro "El Chino" Shimabukuru y a cinco años a José Pablo García.

El de Peralta fue el primero de una ola de secuestros extorsivos que azotaron a nuestro país a principios de los años 2000 y que siguen vigentes en la memoria de los argentinos como el caso de Axel Blumberg o Cristian Schaerer, entre otros crímenes aberrantes.

No obstante, para precisar los primeros hechos de esa índole hay que remontarse a la violenta década del 70, cuando los secuestros extorsivos no políticos fueron adoptados por grupos comandos especializados en asaltos de bancos que eran integrados por viejas bandas de delincuentes profesionales, entre los que participaban policías, militares, miembros del poder judicial o agentes de la SIDE. Estos contaban con una larga trayectoria en asaltos comandos lo que facilitaba la planificación, la inteligencia en la selección del blanco, pero además, contaban con una estructura capaz de extender las negociaciones y el secuestro durante varios días.