En el medio de los tironeos en los que se encuentra enmarañado el oficialismo entre el peronismo tradicional y el dogmatismo imperante de La Cámpora y el cristinismo duro, precisamente en lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario, desde Juntos aprovechan la ocasión para acentuar la presión sobre el gobierno de Axel Kicillof en torno a situaciones que consideran inquietantes y que profusamente vienen desarrollándose en territorio provincial: la usurpación de tierras.
Quién tiró la primera piedra y encabezó la ofensiva contra el Gobernador fue el vencedor de las legislativas, Diego Santilli, que ha comenzado a recorrer silenciosamente la provincia nuevamente con la premisa de ir dotando de musculatura a su hipotética candidatura a mandatario bonaerense en el 2023.
Emula lo realizado en la campaña donde visitaba una localidad por día, enfrascado en la carrera con los otros aspirantes que sustentan pretensiones y que el larretismo tiró a la cancha con premura: Jorge Macri y Cristian Ritondo.
El Colo le espetó a Kicillof que las usurpaciones de tierra son propiciadas por punteros ligados al kirchnerismo y que debe poner coto irremediablemente a esos ilícitos y ocuparse del déficit habitacional de más de un millón de viviendas imperante en la provincia.
Desde Juntos denuncian que en la extensión territorial de la provincia de Buenos Aires hay unos 1700 asentamientos.
En rigor, la intención del espacio opositor es poner en agenda distintas problemáticas que se circunscriben a la órbita bonaerense y sacar del centro del debate cuestiones nacionales.
Razonan que si no se abocan y concentran sus esfuerzos en la provincia les será difícil en el año electoral combatir con éxito al aparato tradicional que ostenta el peronismo sobre todo en el conurbano.
La Legislatura bonaerense no se mostró ajena a los vaivenes discursivos en los que se inmiscuyeron las principales espadas del PRO, y sacaron a relucir un proyecto de ley que establece como requisito para el otorgamiento de planes y o programas de vivienda social emanados por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, no encontrarse procesado y/o haber sido condenado por delitos de usurpación.
La iniciativa elevada por el diputado platense, Daniel Lipovetzky, busca concretar la creación de un Registro de Beneficiarios de Programas de Vivienda Social, que funcionará dentro del ámbito del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y que tendrá como objetivo identificar a los destinatarios de planes y/o programas otorgados por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, de manera tal de restringir el acceso a aquellos que propicien o hayan participados de episodios rayanos con la usurpación de tierras.
En diálogo con PDS, el diputado amarillo mostró su preocupación por el incremento exponencial en términos cuantitativos de los casos de usurpaciones y tomas de terreno en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. “En la ciudad de La Plata, ser propietario de un predio, de terrenos o de tierras resulta una pesadilla”, puntualizó
Lipovetzky comentó a este portal que las usurpaciones “están a la orden del día, y es un delito imparable que ubica a la capital de la provincia de Buenos Aires en el punto geográfico de mayor ocupación ilegal de tierras, son 250 hectáreas que involucran a más de 40 tomas activas.
El diputado aprovechó la oportunidad para solicitar la intervención de las autoridades provinciales: “El derecho a la propiedad privada es fundamental en un Estado de derecho y también es inalienable, el gobierno de Kicillof no puede hacerse el distraído ante este tipo de acciones”.
Lipovetzky opinó que este tipo de modalidad constituye una “acción delictiva” que afecta directamente al derecho constitucional de la propiedad privada y que se manifiesta “como una de las formas en que la inseguridad se expresa en la actualidad en el territorio de la Provincia de Buenos Aires”.
El legislador opositor aseguró que desde Juntos buscan limitar los incentivos de quienes “descarada e ilegalmente incitan en distintos lugares de la provincia a cometer el delito de usurpación”.