Martello consideró que Edesur “en estas condiciones no puede seguir operando”

Como en cada verano, uno de los problemas más persistentes es el de los cortes de luz en varios barrios del conurbano, por lo que desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires se ha exigido que se le quite la concesión del servicio a Edesur.

“Hace más de dos años que venimos planteando esta situación, inclusive incorporamos una serie de registros de incumplimientos al ENRE (Ente Nacional Regulador de Energía) para que la evalúe, habida cuenta que a la empresa le quedan 60 años de más de concesión”, indicó a Política del Sur, Walter Martello, defensor del Pueblo Adjunto.

En ese sentido, marcó una de las puntas de lanza para este pedido que es que “las inversiones no guardan relación con el nivel de utilidades que tiene Edesur, sobre todo a partir de los enormes aumentos de tarifas que tuvieron hace 4 y 5 años”.

“La empresa en estas condiciones no puede seguir operando, nos tiene prácticamente de rehenes”, disparó.

Además precisó que “en 2015 que fue el último período de inversiones reales en mejoramiento y mantenimiento de la red”. “Pero la malísima atención al usuario motivó a una sanción importante de más de 200 millones de pesos”, expresó.

“No solo no invierten para mejorar el servicio sino que producen un maltrato a sus clientes que no pueden elegir otra empresa”, recalcó.

Por ese lado notificó que más de 6 mil usuarios pasaron las fiestas sin energía eléctrica y agregó que “hay lugares donde la luz permaneció cortada por más de 48 horas”.

Acerca de los cobros no registrados, Martello aseguró que este tema “se solucionó con una serie de multas que interpuso el ENRE el año pasado”. “Es una cuestión saldada porque se cobraba lo que querían, pero tenemos que estar muy atentos a que no se vuelvan a producir”, afirmó.

Asimismo recomendó: “Si nos quedamos ante el reclamo administrativo, probablemente no prospere, en cambio el ENRE tiene las herramientas para actuar, sino (desde EDESUR) cada vez van logrando mayor impunidad. La gente tiene que tener a disposición dónde y cómo reclamar”.