La defensa de Bazán insistió en que se trata de una “causa armada” y pidió su liberación

Familiares y allegados de Marcos Bazán se movilizaron durante este miércoles en la puerta de los Tribunales de Lomas de Zamora para pedir la liberación del detenido, cuya pena de prisión perpetua por el femicidio de Anahí Benítez quedó anulada recientemente para que vuelva a ser juzgado.

Luego de conocer la medida ordenada por la Sala I del Tribunal de Casación bonaerense, los abogados del imputado, María del Rosario Fernández y Eduardo Soares, solicitaron la conclusión de la prisión preventiva para que su defendido recupere la libertad y permanezca en esa condición a la espera del juicio en el que estará sentado en el banquillo de los acusados junto a el otro detenido, Marcelo Villalba.

No obstante, debido a la proximidad de la feria judicial, desde el entorno cercano de Bazán se manifestaron para visibilizar el reclamo y exigir que se resuelva el pedido en los próximos días, antes de fin de año. Así lo expresó la letrada Fernández, que al aire del programa Política del Sur aprovechó para criticar a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora por su desempeño durante el juicio contra Bazán.

"Ellos trataron de encajar las cosas para que Bazán aparezca como culpable", sostuvo en referencia el papel de los magistrados cuyo criterio de imparcialidad fue cuestionado por supuestas irregularidades en la incorporación de pruebas consideradas claves para determinar la presunta culpabilidad de Bazán en el crimen de la adolescente de 16 años encontrada asesinada en la Reserva Santa Catalina en agosto del 2017.

"Nosotros solicitamos este fallo, que se revierta la condena y que se demuestre su inocencia", reiteró Fernández sobre el próximo proceso judicial que afrontará su cliente, frente a un tribunal distinto que deberá ser sorteado próximamente.

El TOC 7 de Lomas de Zamora había considerado culpable a Bazán de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada y homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" (femicidio), y como "partícipe necesario" de un "abuso sexual agravado por acceso carnal".

Sin embargo, los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana dieron lugar al reclamo realizado por organismos de derechos humanos, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la organización Innocence Project, que consideran que se trata de una "causa armada".

"Encuentro probada la infracción a la garantía de imparcialidad judicial, puesta de manifiesto en el particular sesgo de los jueces al examinar la evidencia y motivar el veredicto de culpabilidad del acusado, como también en la intervención que tuvieron durante la práctica de la prueba, desviándose del rol que como terceros desinteresados debían cumplir en el marco de un proceso penal adecuado", sostuvo Carral en su voto, al que adhirió su colega Maidana.

Uno de los puntos más cuestionados de la Sala I habría sido un peritaje considerado clave en el caso, realizado por el reconocido can “Bruno” y su instructor Diego Tula. En su trabajo, el especialista habría descubierto el rastro odorífero de Anahí dentro de la casa de Bazán y la presencia del propio imputado en la fosa donde se halló el cadáver de la víctima, a 235 metros de su vivienda.

Además, Casación cuestionó al tribunal oral por seleccionar "arbitrariamente qué pruebas iba a considerar de todas las que conformaban el caudal probatorio disponible, ponderando únicamente aquellas evidencias que consideró compatibles con los datos aportados por el instructor de canes, y omitiendo considerar toda otra evidencia o circunstancia que resultara incompatible con esa mirada".