Gremios y movimientos sociales presionan a Kicillof para un presupuesto “más redistributivos”

A fines de noviembre, el gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó el proyecto de presupuesto, que se está analizando en la Legislatura, el cual prevé un gasto global de 3,1 billones de pesos. La discusión gira en torno de las inversiones en áreas clave, y el pago de la deuda que tiene la gestión bonaerense. Como sucede a nivel nacional, la distribución de los recursos es cuestión de discusión, y gremios y movimientos sociales presionan para que haya más partidas para atender la cuestión social. Incluso, este martes marcharon y dieron a conocer un documento donde piden que el presupuesto 2022 sea redistributivo”. De esta forma, se abre un frente de tormenta para el gobernador Axel Kicillof, que esta semana logró cerrar la discusión salarial con estatales y docentes, pero ahora deberá contentar a este sector, que reúne a una multisectorial de distintos espacios.

Reunidos en el espacio “Soberanía, trabajo y producción”, los gremios y movimientos sociales se movilizaron para presionar en plena discusión del presupuesto. Este grupo, nacido en el 2020, nuclea a organizaciones de las dos CTA, que si bien están alineadas al gobierno nacional, tienen una mirada crítica a algunas de sus políticas, y piden mayor redistribución de los recursos. La marcha a La Plata se dio luego que las entidades consensuaran un documento, que si bien destacan que en territorio bonaerense está “en un sendero de recuperación económica”, para que esta tendencia llegue a todos “habrá que contar con un Estado activo y presente no sólo en las políticas sociales sino también en el proceso económico”.

“Por eso es necesario un Estado que cada vez intervenga más en la economía a fin de potenciar el trabajo digno, la soberanía y la producción sustentable", reclamaron, y pidieron que sea con políticas públicas "que generen más y mejor trabajo, con salarios que empiecen a recuperar el poder adquisitivo perdido durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”, destacó el espacio, en su documento al que tuvo acceso Política del Sur. Para esto, propusieron el “fortalecimiento de la infraestructura y el acceso a la tierra y la vivienda; inversión en salud, educación y políticas sociales hacia los sectores más postergados, y reconocer las tareas de cuidado; implementar políticas de promoción del trabajo y fomento de la producción; fortalecer el Estado a través de más trabajadores con estabilidad laboral, mejores salarios  y condiciones laborales, y poner en marcha un nuevo convenio de trabajo además de fortalecer la obra social y la caja previsional”.

Este grupo de gremios, entre los que están los integrantes de la CTA Autónoma, se unieron el año pasado, cuando dieron a conocer el llamado “Manifiesto Nacional por la Soberanía el Trabajo y la Producción”, que busca imponer una agenda que incluye dos temas centrales: no pago de la deuda y la creación de un ingreso universal. Ambas cuestiones fueron parte de las propuestas que en estos años le acercaron al gobierno de Alberto Fernández, y que ahora buscan lugar en la provincia de Buenos Aires. El equilibrio que debe hacer Kicillof en materia presupuestaria está condicionado por estos reclamos, en momentos que además tiene fuerte presión de algunos gremios estatales para que mejore las condiciones salariales. Si bien docentes y trabajadores de la administración pública firmaron si acuerdo esta semana, los médicos siguen en conflicto, mientras los judiciales acaban de ingresar otro pedido formal de reapertura de la paritaria.

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En el análisis, en el gobierno provincial destacan que este año el presupuesto tiene una fuerte “impronta social”. Un trabajo de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) ratifica esta postura. El mismo, publicado esta semana por Política del Sur, destaca que “el gasto primario aumentará un 16,3 por ciento con relación a lo registrado en el 2019, a causa principalmente a los incrementos en Salud, Educación y Cultura y Servicios de Seguridad en 40,2, 21,1 y 10 por ciento respectivamente. En contrapartida, los servicios de la deuda “se redujeron considerablemente al representar un 7,7 por ciento del gasto total en el año 2019 a proyectarse un 2,9 por ciento para el año 2022”.

A pesar de esto, los gremios afirman que el presupuesto que debe aprobar la Legislatura debe marcar el rumbo “hacia un Estado popular, democrático y con justicia social”, y señalaron que “es urgente avanzar hacia presupuestos más robustos y con menores niveles de endeudamiento”. “El tiempo que viene debe estar alejado de las recetas de ajustes del FMI y por eso el gobierno provincial deberá continuar trabajando fuertemente para profundizar el camino del desarrollo con justicia social, el cual podrá lograrse con el protagonismo de las organizaciones libres del pueblo y la movilización popular”, concluyó el documento.