En la legislatura bonaerense se presentó el proyecto de Ley de Alquileres que busca solucionar el problema habitacional en la provincia de Buenos Aires regulando las condiciones para que los inquilinos, tanto de propiedades urbanas como rurales, tengan la protección del Estado a la hora del ingreso a una vivienda.
La iniciativa, impulsada por el senador Francisco “Paco” Durañona, establece la obligatoriedad de la publicación de los honorarios y alicoutas en los locales y páginas webs de las inmobiliarias y martilleros públicos; como así también que la solicitud de informe de dominio en el Registro de la Propiedad, las certificaciones de firmas, la averiguación de informes de garantía, honorarios y cualquier otro gasto relativo a los trámites por locaciones de inmuebles será costeado por el propietario.
En ese sentido, el legislador sostuvo que “hay que quitarle presión a los inquilinos de gastos que no les corresponde”. “La importancia de generar y garantizar las condiciones necesarias para quienes viven en distintos territorios, sea en grandes ciudades o pequeñas localidades, tengan acceso a los mismos derechos por igual”, indicó.
El titular de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, explicó que “hay que entender que hay cada vez más inquilinos y se concentran las viviendas en pocas manos”, por lo que pidió que el tema se torne “política de Estado” para “vivir dignamente”.
El proyecto establece que, para el caso de locaciones con destino a vivienda única, de ocupación permanente, la solicitud de informe de dominio en el Registro de la Propiedad, será sin costo para los locatarios en los futuros contratos de locación en el que se los soliciten, estando a cargo con la Ley, de las locadores.
Por su parte, Adriana Malek, de la Unión de Consumidores de Argentina expresó que por “el contexto de la pandemia el tema de alquileres fue un tema de preocupación para quienes debían renovar o conseguir una nueva vivienda. Estas familias enfrentaron endeudamiento, por eso nos parece fundamental este proyecto”.
En este sentido, Jeronimo Guerrero Iraola, del área de Inquilinos de la Defensoría del bonaerense comentó que hubo “un aumento del 500 por ciento de reclamos”. “Hay una necesidad de ir dotando de institucionalidad para poder estar ahí en los lugares y situaciones conflictivas”, afirmó.
La iniciativa establece que el 4% de honorarios para el arrendamiento de casas urbanas y rurales será exclusiva de los propietarios. Quien deberá pagar el trabajo de la inmobiliaria, es aquella que tiene viviendas en alquiler. La implicancia se fundamenta en los inquilinos ya que “para un alquiler de 30 mil pesos en la Provincia, necesitas 130 mil y con este proyecto bajaría muchísimo este obstáculo”, explicó Muñoz al tiempo que el senador afirmó que “el objetivo del proyecto es acercar una solución al problema habitacional en la provincia con una lógica de arraigo, generando un alivio económico al sector de inquilinos, que son quienes enfrentan la mayores cargas”.
De la presentación también participaron: el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyente (ACUCC), Acción del Consumidor (ADELO), Asociación Civil Cruzada Cívica para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Coordinación de alquileres de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CIAP), Ni Una Menos, la Municipalidad de Morón, Inquilinos Agrupados, Inquilinos Agrupados Bahía Blanca, Inquilinos Tandil, la Asociación Platense de Inquilines, Inquilinos Lomas, Inquilines Mar del Plata, Inquilinxs Tres de Febrero, Inquilinos Unidos Vicente López, Inquilinos de Quilmes.