Los gremios porteños se vuelven el principal obstáculo al lanzamiento presidencial de Rodríguez Larreta

Al comienzo del 2020, cuando comenzó la pandemia, Horacio Rodríguez Larreta era “amigo” del presidente Alberto Fernández, según dijo públicamente el mandatario en aquellas primeras conferencias de prensa conjuntas. Pero las distintas opiniones respecto al manejo de la crisis fueron abriendo una brecha entre ambos, y hoy el jefe de gobierno porteño es la principal referencia opositora, por lo menos pensando en el 2023. Para que haya proyecto presidencial para el dirigente, que no puede renovar en la Ciudad de Buenos Aires, este año deberá jugar sus fichas cuidadosamente, tanto en la interna como en la pelea externa. En la segunda movida, los gremios se volvieron un obstáculo inesperado, ya que en estos momentos hay muchos conflictos abiertos, los únicos que ponen en discusión el proyecto larretista.

Si bien Mauricio Macri, Elisa Carrió, los radicales y otros sectores quieren discutir la figura de Rodríguez Larreta como el principal presidenciable de la oposición, lo cierto es que por su cargo y su imagen, es difícil pensar que alguien pueda negarle por lo menos la chance de proyectarse. Para eso deberá sortear una serie de conflictos con sus trabajadores, hoy los más visibles opositores a su imagen de “gran gestor”, que ganó a fuerza de blindaje mediático y discurso centrista, típico del PRO. Esta semana, una nueva marcha de la enfermería le recordó al jefe de gobierno que desde el 2018 no reconoce al sector como profesional, y le paga menos del 50 por ciento que a otros integrantes del sistema de salud.

En plena pandemia, los trabajadores de la salud criticaron las políticas sanitarias de Rodríguez Larreta, que lleva adelante quien es uno de sus funcionarios mejor puntuados: el ministro Fernán Quirós. Al principio de la crisis, hubo denuncias por la falta de entrega de insumos, a lo que se suman los pedidos por más personal y suba salarial. Tal fue la desprotección al sector, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aceptó investigar al gobierno porteño por la falta de protección de los empleados de salud. Además, los gremios que firman la CTA de los Trabajadores le pidieron a la Defensoría del Pueblo que abra una mesa de discusión con el personal de salud que cuente con la participación de todos los sindicatos, además de los funcionarios porteños del área.

El pedido fue realizado por la dirigencia nacional de esa central obrera, a la cual se plegaron los integrantes porteños, entre ellos UTE y los metrodelegados. “El objetivo de la mesa de trabajo es tratar los diversos reclamos y propuestas que forman parte de la agenda reivindicativa de las y los trabajadores de la salud en contexto de pandemia”, destaca el texto enviado al defensor del Pueblo Alejandro Amor, donde además se planteó la preocupación “respecto a la situación sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires y la necesidad de contar con un plan y cronograma de vacunación claro y abarcativo de toda la población expuesta al Covid-19”.  Los gremios del sector salud vienen reclamando a la gestión porteña por diversos temas, que van desde la entrega de insumos básicos para combatir la pandemia a mejores condiciones de trabajo, licencias y reemplazos y aumento de salarios. En el 2020, hubo varias protestas, e incluso una denuncia ante la OIT.

Además de las cuestiones sanitarias, Rodríguez Larreta debe resolver la discusión con los gremios docentes por la vuelta a clases presenciales. Desde hace días que hay cruces en torno al plan del gobierno porteño de abrir las escuelas en el inicio del ciclo lectivo 2021, y esta semana presentó a los gremios un protocolo para hacerlo de manera seguro. Pero la dirigencia sindical lo rechaza, y siguen las dudas. Como informó esta semana Política del Sur, el peligro de generar brotes de contagios pone en discusión esta medida. Como afirmó Amanda Martín, secretaria gremial de Ademys, se les trasladaron a los funcionarios “una serie de planteos ligados a exigir las condiciones para evaluar la presencialidad escolar masiva que propone el Gobierno porteño, pero los reclamos no fueron escuchados”. “Sumaron solo cuestiones menores que no hacen al cambio sustancial que pedimos y que tiene que ver con la responsabilidad del Gobierno porteño de mantener y garantizar las condiciones educativas de seguridad e higiene", precisó.

Incluso la resistencia gremial se trasladó al subte, donde los metrodelegados primero rechazan la idea de abrir las escuelas, lo que generaría saturación del sistema de transporte público, sino que además denuncia que Metrovías, en complicidad con el gobierno porteño, obliga a los trabajadores del sector que son parte de los grupos de riesgo a volver a las tareas presenciales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alertan desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), el porcentaje de casos positivos para Covid-19 en la población, es inferior al 3 por ciento. “Pero al comparar este valor con los casos positivos registrados entre trabajadores y trabajadoras de las seis líneas de subte y premetro, que hemos mantenido el servicio en funcionamiento diariamente desde el inicio de la pandemia, este porcentaje ha superado el 9 por ciento, quedando a la vista el mayor riesgo al que estamos expuestos”, afirmaron. Debemos lamentar, agregaron, “además de los 330 casos positivos, seis casos fatales, de los cuales tres corresponden a mayores de 60 años”.