Polémica entre gremios por la cantidad de trabajadores rurales no registrados en el país

La semana pasada, se anunció un ambicioso plan para regularizar trabajadores del campo, un sector que históricamente tiene un alto índice de informalidad, que se sospecha la pandemia lo potenció. El llamado Plan Nacional de Regularización Registral es una iniciativa del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), que cuenta con apoyo del UATRE, el sindicato de peones rurales. En distintas entrevistas, el titular del gremio habló de unos 500 mil empleados “en negro” en las distintas áreas del campo, pero otras organizaciones dudas. En el fondo se abre una disputa por la representación de miles de trabajadores, que en muchos casos no tienen ningún tipo de derecho, como sucede con los “peones golondrina”.

El lanzamiento del plan oficial tiene como objetivo “regularizará de oficio y de forma provisoria, por un plazo de 180 días desde la publicación en Boletín Oficial, a los empleadores del sector rural y a los trabajadores rurales que se encuentren declarados en AFIP pero sin estar registrados en el RENATRE”. Para realizar el trámite, explicó la resolución difundida, “deberán completar los formularios de registración del empleador, del establecimiento, la de los trabajadores con relación laboral vigente y solicitar las Libretas de Trabajo Rural o Constancias de Registración, según corresponda en cada caso. que tiene como objetivo que los empleadores puedan regularizar su situación registral y la de sus trabajadores”, así evitar cierre de establecimientos o multas.

En varias entrevistas, el flamante titular del UATRE José Voytenco habló de medio millón de empleados rurales sin registrar, una cifra muy importante. “Los números que manejamos son los oficiales que difunde el INDEC, con 500 mil trabajadores fuera del sistema de la seguridad social, es decir trabajadores no registrados”, afirmó en una entrevista reciente. Voytenco apoya este plan, que tendrá lugar en todo el país, luego de confirmar su acercamiento al oficialismo luego de la muerte de Ramón Ayala, quien había comenzado a tender puentes con la Casa Rosada. Antes de esto, el UATRE fue el puntal del “sindicalismo amarillo” que apoyó la candidatura y posterior gobierno de Mauricio Macri, algo que cambió luego de la muerte de Gerónimo “momo” Venegas.

Respecto a los 500 mil trabajadores excluidos de registro, desde otro de los gremios del sector expresaron sus dudas. Gustavo Arreseygor, titular del Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrícolas (SATHA), tiene una opinión distinta respecto al optimismo oficial. “No sabemos si llegan a 500 mil los trabajadores en negro, pero son esos empleados ‘golondrinas’ los que van de una cosecha a la otra los que hay que buscar”. En diálogo con Política del Sur, el dirigente remarcó que algunas actividades tienen casi toda su actividad informal, desde hace mucho: “la actividad avícola está casi en su totalidad en negro, y hasta ahora no se hizo mucho”. Para Arreseygor, el gremio le “vendió” el número al gobierno, para poder “salir a hacer inspecciones”. El plan se realizará en todo el país, incluyendo la provincia de Buenos Aires, donde tiene jurisdicción el SATHA, y que sin embargo no fue incluido en esta cuestión. 

El SATHA viene peleando para ingresar al RENATRE, el registro creado para el control del trabajo rural. El mismo fue disuelto en la gestión de Carlos Tomada, dando lugar al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), un organismo autárquico que le quitó el control a las entidades empresariales y al UATRE el manejo del sector, incluyendo los millonarios fondos, y que generó el duro enfrentamiento entre el sindicato que lideró hasta hace unos años Venegas y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.