En una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el titular de la cartera de Justicia, Julio Alak, repasó la “herencia” recibida el 12 de diciembre y la respuesta de la cartera ante el coronavirus, y esbozó los desafíos en la agenda post pandemia.
Por el contagio del cambiemita Alex Campbell y el temor a que se desencadene un foco de contagios en el parlamento provincial, el encuentro fue cien por ciento virtual, tal como lo dispusieron ayer las autoridades del Cuerpo.
La reunión, justamente, la abrió el presidente de la Cámara, Federico Otermín, quien resaltó que la decisión de diagramar los encuentros en forma puramente remota apunta a la preservación sanitaria del personal de la Cámara y de los legisladores ante el pico de contagios: “Recibimos la presencia de Simone, y la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, también lo hará. Nos tenemos que acostumbrar a esto”, contextualizó el lomense.
Alak arrancó su introducción haciendo referencia al estado en el que encontró al Servicio Penitenciario Bonaerense: “Sin querer echarle la culpa al gobierno anterior, porque consideramos que es una deuda de la democracia, la situación es catastrófica”, calificó el Ministro.
“La sobrepoblación era la más alta de la historia de la provincia -continuó Alak-, lo que generó una huelga de hambre que comenzó antes de nuestro gobierno, que alcanzó 11 mil internos en las 63 unidades penitenciarias de la provincia, entre alcaldías y cárceles”, detalló.
Explicó que en la provincia hay casi 52 mil internos y 24 mil penitenciarios, cuando en realidad tiene que ser una relación de 1 a 1.
En la segunda parte de su ponencia, Alak hizo foco en la respuesta de su cartera a la pandemia de coronavirus: “El desafío de lograr que la población carcelaria no se contagie se logró sortear en forma bastante airosa. Entre otras medidas, se logró hacer la conexión integral de las unidades con la red de internet, tenemos las 58 cárceles y las seis alcaldías restantes conectadas”, informó.
El funcionario bonaerense delimitó en tres ejes centrales los objetivos de su gestión: “Un cambio de paradigma para que baje la reincidencia, que oscila en la provincia entre 60 y 70 por ciento; conseguir que la población penitenciaria termine los estudios primarios, secundarios o universitarios; y que se capaciten en oficios”, enumeró
En ese aspecto, resaltó el trabajo de la Mesa de Inclusión Social que se encuentra trabajando en el programa “Más trabajo, menos reincidencia” y aprovechó la ocasión para solicitar a los legisladores que escuchaban del otro lado de la pantalla que se le dé formato legislativo a este tipo de herramienta.
Alak marcó una postura sobre el Patronato de Liberados: “Es insuficiente y hay que rehacerlo, refundarlo”, determinó.
Y fue más allá: “Vamos a pedir una nueva ley del Patronato para trabajar en reducir la reincidencia porque el organismo ya no puede dedicarse sólo a controlar”, adelantó.
El ministro bonaerense anticipó que buscará un trabajo conjunto con la Legislatura: “Debemos animarnos a hacer un nuevo Código Procesal en la provincia, que se ajuste a los tratados, a la Constitución y ponga un equilibrio en el sistema”, pautó.
En forma posterior, esgrimió los parámetros a los que, a su criterio, deberán ajustarse los legisladores para la confección de una nueva normativa: “Lo ideal es que la prisión preventiva no supere el 20 por ciento, acá estamos en el 50 por ciento, es decir, que tenemos 19.700 internos que no sabemos si son culpables o no y muchos que cometieron delitos sin víctimas, hay 5.800 internos procesados por consumo de estupefacientes. Pensamos que eso también lo puede trabajar el Parlamento”, sostuvo.
Para concluir, el titular de Justicia resaltó la predisposición de su cartera en la concreción de una Ley de Víctimas en la provincia, al sugerir que “debe ir de la mano de esta modesta reforma del Código Procesal Penal para empezar a construir consensos”.
