Buscan empoderar a los municipios para la implementación de las leyes de Abastecimiento y Defensa del Consumidor

En consonancia con la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de dotar a los municipios de herramientas de poder para ejecutar tareas de fiscalización de precios, desde el Senado bonaerense el legislador del Frente de Todos, Francisco Paco Durañona, impulsa una iniciativa en aquel sentido que tiene por objeto darles mayor poder a los municipios en las tareas de contralor y sanción.

 

La propuesta contempla la posibilidad de  elevar el límite de las multas desde los $500.000 actuales hasta $10 millones.

 

“Es necesario dar margen de maniobra  a los municipios porque son el ámbito más cercano a la ciudadanía”, explicó Durañona.

 

En la confección de la iniciativa, el legislador de San Antonio de Areco, contó con la inestimable colaboración del líbero y diputado de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, por estos días más cómodo al calor del poder oficial que en la estepa a la que lo confinaron Macri y Vidal en el armado de listas 2019.

 

La desconfianza que abonan sus compañeros de banca en el legislador platense encuentra fundamentos, según comentan, en lo condescendiente que se ha venido manifestando con el presidente Alberto Fernández e inclusive con el gobernador Kicillof.  

 

“Semejantes barquinazos políticos lo han convertido literalmente en un paria político”, explican con malicia algunos legisladores opositores.

 

Adentrándonos en las características de la iniciativa conjunta, la misma   plantea una sustancial modificación de la Ley provincial 13.133, Código Provincial de implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.

 

Según explica Durañona, el propósito que persigue la misma radica  en poner a la Provincia y a los municipios a trabajar en el sentido que indicó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

 

“Se trata de colaborar en el control de los precios máximos y también resolver de fondo, de manera práctica, concreta y operativa la aplicación de la Ley de Abastecimiento, aprovechando estructuras vigentes en cada una de los municipios de nuestra provincia", completó el legislador.

 

En el mismo sentido, plantea una conveniente actualización de los montos de las multas contemplados en el artículo 73° de la normativa, aumentándolas desde los límites entre $100 y $500.000 que tienen actualmente hasta un rango que vaya desde los $10.000 a los $ 10 millones.

 

El proyecto apunta a la reconstrucción del vínculo entre el derecho del consumidor y el rol fundamental y permanente que debe tener el Estado, tanto en la instancia nacional como en la provincial y municipal-cada uno en el marco de sus competencias- en cuanto garante de condiciones de competencia justas y equitativas, interviniendo en los supuestos en los que los actores participantes no cumplieren con las reglas que imponen las normas regulatorias.

 

El senador provincial asegura que sin menoscabar la consideración de la necesaria libre competencia y de mercados libres, competitivos y abiertos, “es fundamental tener presente que en algunas circunstancias excepcionales se producen alteraciones en el normal desenvolvimiento de las fuerzas del mercado, y entonces los consumidores se encuentran más expuestos a abusos que en tiempos de normalidad”.

 

 

Estipula imprescindible otorgar a ciertas instancias públicas determinadas herramientas que posibiliten a la ciudadanía asegurarse la provisión de bienes y servicios en condiciones razonables, evitando el aprovechamiento y el oportunismo.

 

 

El proyecto, que si bien  lleva la firma de Paco Durañona por ser presentado en el ámbito de la Cámara Alta, contará con el impulso de Lipovetzky en el ámbito del palacio de diputados.

 

 

Tal tándem político se generó, según explican los autores, “en la  necesidad de parar con los aumentos de precios abusivos en forma urgente”, añadiendo que se trata de “un deber de todos, sin diferencias partidarias ni especulaciones de ningún tipo”.

 

 

Lipovetzky evaluó que “la ley provincial actual no es clara respecto a que la violación de los precios máximos configure una falta grave en perjuicio del consumidor”, razón por la cual “con este proyecto aclaramos la normativa, lo que es muy importante para que los intendentes controlen y protejan a la gente contra los abusos”.