Un sector de los gremios combativos acepta el pacto social, pero con “desarrollo productivo”

La Corriente Federal de Trabajadores (CFT) sostuvo que el pacto social impulsado por el presidente electo, Alberto Fernández, “no puede reducirse a precios y salarios, sino que deberá implicar el desarrollo productivo”.

El secretario de Prensa de la Asociación Bancaria (AB), Eduardo Berrozpe -en representación de Palazzo-, remarcó que el acuerdo social “debe delinear un camino de recuperación y crecimiento con justicia social y debatirse en condiciones sustentables y atendiendo el hambre, la alimentación, los medicamentos y la salud”.

El dirigente brindó una conferencia de prensa acompañado del titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, y el secretario general de los gráficos bonaerenses, Héctor Amichetti. Allí expresó que más allá de la elección de un nuevo gobierno, “el peligro para la Patria y los trabajadores todavía no cesó”.

“Los trabajadores afectados por la pérdida de poder adquisitivo y los jubilados deberán ser reparados, lo que posibilitará la recuperación del empleo y de las pequeñas y medianas empresas. El movimiento obrero no escatimará esfuerzos, que tendrán que ser acordes a la realidad. La garantía del Pacto Social será el protagonismo de los trabajadores”, argumentó el sindicalista.

Los referentes que participan de la Corriente emitieron un comunicado señalando que el Pacto Social también deberá incluir a “los trabajadores de la economía popular, empresarios industriales pequeños y medianos y al agro y el cooperativismo”.

Los gremios mantienen el hermetismo sobre el tema, y por fuera de la central obrera desconocen la noticia. Quién es este abogado de extrema confianza del presidente electo, sin mayores relaciones con la dirigencia sindical.

El Jefe de Estado electo quiere acelerar la firma del Pacto Social para presentarlo en el Congreso de la Nación en sesiones extraordinarias y empezar a implementarlo en 2020 como herramienta principal para salir de la crisis. Para eso, necesita que las pymes mantengan los puestos de trabajo e incluso sumen nuevos.

Pero es un sector muy vapuleado en los años del macrismo que primero necesita medidas de alivio e incentivo, especialmente por la falta de crédito y las deudas que acumularon.

En el albertismo primero piensan que el acuerdo social contenga exenciones impositivas para las empresas que no despidan gente. A eso sumaría una gran moratoria impositiva y previsional que incluiría quitas de deuda. Apunta a beneficiar a unas 400 mil empresas.