jueves 14 diciembre, 2017
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Triaca quiere dar de baja cerca de 500 sindicatos y lo acusan de fortalecer el “unicato”

>Redacción Redacción
diciembre 07, 2017

Se conoció el borrador de una resolución que en 60 días dejaría sin cobertura legal a unas 450 organizaciones consideradas “sellos de goma”. En la CGT hay un “beneplácito tácito”. En cambio, la CTA considera que la medida busca profundizar el modelo actual como parte de la alianza con los sectores más tradicionales del movimiento obrero.

Por Diego Lanese

En su encuentro con gobernadores, empresarios, gremios y otros sectores, el presidente Mauricio Macri no sólo festejó la victoria electoral, sino que presentó sus lineamientos para la segunda parte de su mandato. No sólo a través de las tres reformas que hoy se discuten (laboral, previsional e impositiva), sino también con sus palabras. En una de sus frases, se quejó de que haya “más de 3 mil sindicatos”, pero que sólo una minoría firme paritarias. Los dichos apuntaron a la proliferación de organizaciones de inscripción simple que, según la actual ley, no pueden negociar colectivamente. A partir de entonces comenzaron las versiones de una reducción de gremios, un plan que hoy tiene el ministro de Trabajo Jorge Triaca en su escritorio, que dejará en 60 días a 450 entidades sin amparo legal. La iniciativa cuenta con cierto aval tácito de la CGT y es muy criticada por la CTA, que acusa al funcionario de fomentar el famoso “unicato”.

Según diversos medios periodísticos, el plan para reducir gremios ya fue redactado y está en manos del ministro. El borrador del proyecto establece que varias organizaciones deberán acreditar una serie de requisitos para mantenerse legalmente, ya que no existe en los últimos tres años “actividad operativa”.

La medida la toma la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que actualizará el Registro Especial de Asociaciones Sindicales, donde figuran muchos gremios que en el último tiempo no cumplieron con diversas obligaciones. “La asociación sindical que no mantenga los requisitos que le permitieron acceder al registro o que no cumpliera con los deberes impuestos por un período prolongado de tiempo, pierde, por propia conducta, el derecho a integrar ese registro,y por lo tanto, debe ser dado de baja de dicho instrumento de control y publicidad”, establece el borrador, al que tuvieron acceso diversos medios.

De esta forma, el Gobierno podría sacar de circulación a unos 450 gremios considerados “sellos de goma”, es decir, que no cumplen con la normativa vigente. Esta dirección ya había estado vinculada a otra resolución polémica: en la previa al paro nacional de abril, emitió una recomendación para que los gremios utilicen voto electrónico en sus internas, respeten el cupo femenino y eviten que sean candidatas personas con procesos legales.

La medida, una vez puesta en marcha, favorecerá a los gremios grandes, tradicionales, por lo general nucleados en la CGT. Es que la actual ley argentina permite un único sindicato legal por rama, es decir, sólo una organización tiene derecho a poseer la personería gremial. El resto puede ser reconocido legalmente, pero no puede, por ejemplo, negociar paritarias. Estas entidades, llamadas “de inscripción simple”, proliferaron en los últimos años e incluso fueron reconocidas a partir de fallos judiciales, como el que obtuvo ATE en la Municipalidad de Salta.

Más “unicato”

El proyecto de Triaca tiene el aval implícito de la CGT, que desde siempre se quejó de la proliferación de gremios y sostuvo la idea de un gremio por rama, el famoso “unicato sindical”, base del modelo actual. El tema fue siempre parte de las negociaciones con los gobiernos.

En tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner, por ejemplo, cuando la CTA unificada dio su apoyo formal a sus medidas iniciales, se habló de un inmediato reconocimiento para la segunda central obrera. “Una de las condiciones que puso la CGT para apoyar al ex presidente fue enfriar la personería de la CTA, evitar su reconocimiento”, admitió una fuente cercana a Azopardo ante la consulta de Política del Sur. En cuanto a este nuevo proyecto, la misma fuente consideró que “hay buena predisposición de los líderes sindicales”, que ven en algunas organizaciones de base “una amenaza”. “No hay que dividir el movimiento obrero, todo lo contrario, sino se benefician los patrones”, remarcó.

Hay varias peleas por el reconocimiento que marcan el pulso de esta disputa. La más popular tal vez sea la del subte, donde históricamente la personería estuvo en manos de la UTA. Pero en el 200 el surgimiento de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro (AGTSyP) puso en juego la hegemonía del gremio conducido por Roberto Fernández. Los metrodelegados se convirtieron rápidamente en los más numerosos en el subte, incluso reconocidos por la empresa Metrovías, hasta que el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada traspasó la personería, hoy otra vez en manos de la UTA por un fallo judicial.

En tanto, desde la CTA consideran la iniciativa del Gobierno un intento de profundizar el “unicato” y la alianza del Gobierno con los sectores tradicionales. “De lograr que sean menos sindicatos, lo que hace es fortalecer el modelo de ‘unicato’ en la Argentina, que viene siendo parte de la estructura de gobernabilidad de la Argentina por lo menos de 1930 en adelante”, sostuvo Pablo Spataro, secretario adjunto de la CTA Autónoma de Capital Federal. Consultado por Política del Sur, el dirigente agregó que desde su espacio siguen “insistiendo con que la libertad y democracia sindical es clave, que cada trabajador pueda elegir el sindicato que lo representa y fomentar la organización sindical en los lugares de trabajo, donde se genera la riqueza. Si no hay delegados, se van a generar injusticias, hay más trabajo en negro, más abuso de los patrones, peores condiciones de trabajo”.

Ambas fracciones de la CTA vienen proponiendo lo que se denomina “un modelo extendido”, es decir, que se reconozcan a los gremios, ya sea quetengan personería o inscripción simple. Incluso, ya se hicieron varias presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoció esta problemática y le recomendó al Estado argentino reacomodar su normativa.

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