El titular del Ejecutivo bonaerense puso primera y avanza en la confección de un importante paquete de proyectos de ley que tiene la intención de solventar las alicaídas finanzas de los municipios, golpeados por esta crisis sin magnitud del coronavirus.

 

El Gobernador bonaerense comunicó esta novedad a los titulares de ambos Cuerpos, tanto la matancera Verónica Magario como el lomense Federico Otermín escucharon de boca de Kicillof la intención de elevar estas iniciativas para consideración de los legisladores en las próximas semanas.

 

El conjunto de propuestas encierra en su formulación la necesidad de paliar la insostenible situación financiara de las comunas.

 

Se buscará en primera instancia brindar ayuda a los municipios, y se insistirá con iniciativas tendientes a la contención social de los grupos más vulnerables en el marco de la emergencia, poniendo particular acento en la situación del conurbano bonaerense.

 

Según confió a este medio una alta fuente de la escena legislativa: el paquete de proyectos ingresará por la Cámara de Diputados para ser estudiados por comisiones bicamerales.

 

Kicillof apunta a logar un rápido acompañamiento en el palacio de calle 53, que es donde discierne una ecuación más sencilla debido al apoyo que puede desprenderse de la conjunción de primera minoría que representa el Frente de Todos con grupos neo peronista, como el bloque 17 de noviembre de Mario Giacobbe y Cambio Federal, antiguo miembro del eje troncal de Cambiemos y que se referencia en el “rosquero” Emilio Monzón y en el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

 

Entre los principales lineamientos del paquete de leyes, encontramos iniciativas que apuntan a ratificar los decretos de declaración de las distintas emergencias votadas en el mes de diciembre, al tiempo que se solicita a la Legislatura la delegación de competencias para prorrogarlos mientras dure la pandemia.

 

Desde la oposición de Juntos por el Cambio objetan esta última petición debido a que entienden que no contempla un criterio de caducidad, ni hace constar de una fecha límite.

 

Sostienen desde el espacio opositor, que la aprobación de una normativa semejante podría generar una interpretación antojadiza del Ejecutivo y perpetuar esta situación de emergencia en el tiempo con manejo discrecional de recursos.

 

Otra de las propuestas de Kicillof que buscará que refrende la Legislatura, consiste en extender a 18 meses el plazo de devolución de los préstamos otorgados a municipios por el Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal, permitiendo que superen el ejercicio fiscal.

 

Otra de las iniciativas que se presentará a la Legislatura, expresamente solicitada a Kicillof por alcaldes cambiemistas, pretende eximir por lo que resta del año a los distritos de usar el Fondo Educativo en un 40 o 50% -según el municipio- para obras de infraestructura.

 

Los legisladores opositores habían puesto especial énfasis en que se les permitiera a los intendentes disponer de estos recursos destinados a educación para equilibrar las alicaídas economías distritales.

 

Se buscará suspender algunos artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que obstaculizan el otorgamiento de beneficios a municipios que no adhirieron o que no cumplen con las exigencias de esa norma.

 

Otra de las propuestas que enviará Kicillof, y que tiene la particular venía de los intendentes peronistas del conurbano, hablita a reducir de un mes a 15 días el plazo mínimo para pagar los certificados de obras de infraestructura de salud por Covid-19 con el objetivo de agilizarlas.

 

Del mismo modo se impulsará una propuesta vinculada a la regularización de los geriátricos y el control de estándares mínimos durante la pandemia, y una adecuación normativa para la mejor aplicación en la provincia del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) nacional sobre suspensión de desalojos por un año.

 

El proyecto en cuestión referirá a la aplicación en el ámbito provincial de las ejecuciones y lanzamientos por deudas de alquileres dispuesta por los DNU 319 y 320.

 

A las disposiciones que contemplan esos decretos -que establecen la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y el congelamiento hasta el 30 de septiembre del valor de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios- el Ejecutivo bonaerense agregará una resolución sobre la labor de mediación y la creación de un consejo asesor para que tome intervención en casos de varias familias que vivan en barrios populares.