En una clara diferenciación con el kirchnerismo duro y La Cámpora, integrantes del espacio de Todos referenciados en el antiguo Frente Renovador de Sergio Massa, practicaron una sutil jugada de desmarque contra la uniformidad del bloque que conduce el matancero Facundo Tignanelli.

 

En rigor, operaron en consonancia con el planteo de su jefe político que en la Cámara de Diputados nacional habilitó una instancia de denuncia contra los jueces garantistas que ordenaron la prisión domiciliaria temporal de diversos delincuentes que cumplen condenas por causas graves.

 

Este acto reflejo político de Massa, encuentra su consecuencia en los estruendosos cacerolazos en distintos puntos del país contra la negligencia e impunidad de  algunos titulares de juzgados.

 

Lo cierto es que el tigrense ordenó a su tropa bonaerense emular su cruzada contra un sector del poder judicial. Las consecuencias inmediatas se consumaron con una presentación del diputado tres arroyense, Pablo Garate, promoviendo el pedido de juicio político al juez del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Dr. Claudio Brun, por su decisión de otorgar la libertad a delincuentes acusados de delitos graves y sin respetar los protocolos mínimos.

 

Esta denuncia electrónica fue la primera  recibida por la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.

 

Garate condenó en su presentación a los jueces que activaron masivas liberaciones domiciliarias: “la Justicia tiene que tener sentido común y responsabilidad, ya que hay que terminar con los jueces del ´salga, salga´ y los que creen que quienes cumplen condena tienen más derechos que las víctimas”, desaprobó el legislador massista.

 

Esgrimió que en esta ocasión se violó flagrantemente la Ley Nacional de Víctimas, la de Orden Público, la de Protección Integral de la Mujer, al tiempo que no se dio intervención al Asesor de Incapaces, pese a que la víctima presentaba retraso madurativo.

 

Jorge D’Onofrio,  otro de los alfiles massista en la Legislatura prepara un nuevo escrito, esta vez,  contra María Inés Piñero Bertot, jueza del Tribunal Oral 2 de San Martín y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Martín, por otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a Antonio Di Palma que violó recientemente a una menor de 17 años. 

 

Con el agravante de que al domicilio donde lo enviaron para cumplir su arresto se encuentra a unas pocas cuadras del hogar de la víctima y va a convivir con menores de edad.

 

 “En este caso en particular- detalló el diputado y asesor en materia de seguridad de Mass- es tan explicito el mal desempeño de estos magistrados que no solo mandaron a la casa a un violador, sino que no se encontraba en lo que denominamos población de riesgo”.

 

La inquietud también es manifiesta desde las filas opositoras mediante una solicitud al Ejecutivo bonaerense, para que proceda a detallar puntualmente los egresos a prisión domiciliaria por parte de internos del Servicio Penitenciario Bonaerense.

 

La presentación corresponde a los diputados de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo y Matías Ranzini, que solicitaron saber además en qué municipios pasarán el aislamiento social y obligatorio, en el marco de la pandemia por coronavirus.

 

"Es importante que el Ministerio de Justicia nos dé información precisa y actualizada constantemente en este tema tan sensible para la mayoría de los bonaerenses", expresaron los legisladores mediante un comunicado distribuido a la prensa.

 

Mientras tanto desde el Senado, el cambiemista Walter Lanaro, requiere información del Ministerio de Seguridad sobre policías denunciados que regresaron a la fuerza.

 

“Más de 400 agentes desafectados por María Eugenia Vidal fueron reincorporados por la nueva administración provincial”, denunció el legislador de Avellaneda.

 

El pedido de informes que elevó al Ejecutivo, explicita la necesidad de conocer los criterios adoptados por el actual gobierno provincial para concretar los regresos de quienes fueran sancionados y apartados de su cargo.

 

"Vemos con preocupación la reincorporación del personal policial desafectado durante la gestión de María Eugenia Vidal", lamentó Lanaro.

 

El Senador, entusiasta defensor de la gestión de Mariu, expresó su disgusto con esta medida, debido a que según explicó, la mayoría de este personal policial fue apartado de sus funciones por causas de corrupción: “motivo suficientemente grave como para que el gobierno provea mayor información a la Legislatura", explicó con cierta desazón.