El secretario general de la Federación de Sindicatos de Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén “Cholo” García, se refirió a la denuncia contra la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, y los extitulares del IOMA, Pablo Di Liscia, y del Instituto de Previsión Social (IPS), Christian Gribaudo, por la situación financiera de ambas entidades.

Mediante un comunicado, Fesimubo había remarcado que “compulsivamente, 80 mil trabajadores de la administración provincial fueron obligados a jubilarse, lo que bajó la ecuación de 4,5 trabajadores activos por jubilado a 2,9”.

Según estimaciones, el IPS realizó su balance en 2019 con un déficit de 20 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 159 por ciento respecto del dato que arrojó 2018, cuando el saldo negativo superó los 7.700 millones de pesos.

? #Gremiales | Municipales denunciarán penalmente a Vidal por las deudas de su gobierno

Fesimubo llevará a la justicia penal a la exgobernadora y a los funcionarios a cargo de la obra social, por malversación de fondos y defraudación.

Los detalles ? https://t.co/R8jWVZ8BsE pic.twitter.com/ZQ90obwTJ6

— POLÍTICA DEL SUR (@PDSurradio) February 5, 2020

En diálogo con el programa radial Política del Sur, García también denunció las “maniobras” en torno a la contratación de trabajadores, poniéndolos como monotributistas.

Según remarcó, a partir de tales inquietudes, tuvieron una reunión con el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y con la ministra de Trabajo provincial, Mara Ruiz Malec, “donde se les planteó cuáles eran las soluciones desde el punto de vista del Fesimubo en IOMA e IPS”.

Para García, el objetivo de los funcionarios PRO “era destruir el IPS”. “La caja hay que cuidarla. Acá no había una prueba y error, había una intención directa de fundir el IPS”, cuestionó.

“Por eso, nosotros queremos que la Justicia investigue tanto lo que se ha hecho en IOMA como lo que se ha hecho en el IPS. Hay pruebas, que la Justicia tendrá que evaluar, donde está la intencionalidad tanto en el IPS como en IOMA de destruir las dos entidades. La Gobernadora es la responsable política, pero están los responsables directos”, manifestó.

“Estamos cansados de que los funcionarios pasen por estos ejes de poder, los destruyan y salgan a la calle sin grados de responsabilidad. Queremos que haya una condena y que paguen lo que hicieron con su erario privado”, completó.

 

San Vicente

Por otra parte, salió a responderle al intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza -con quien dijo tener buena relación-, sobre los despidos en su distrito. El jefe comunal sanvicentino había remarcado que el Municipio no efectuó despidos, sino que no les renovó el contrato a empleados que habían sido incorporados hace menos de un año.

Según García, “hay un error de concepto en Mantegazza: cuando dice que no hay cesantía, sino finalización de contrato”.

En este sentido, remarcó la necesidad de “entender que está la ley 14.656, que dice que un trabajo con un año de servicio es planta permanente”. “A partir de ahí, la carátula ‘contrato’ no existe”, sostuvo el dirigente, y señaló que “cuando un municipio tiene que contratar trabajadores, es para una tarea específica que no pueden realizar los empleados municipales”.

Mantegazza recalcó que se trataba de trabajadores con “cuatro o seis meses” de contrato. “Si son contratos recientes, tampoco tienen por qué serlo”, retrucó García.

 

Una nueva CGT

Por otra parte, el dirigente municipal ratificó sus ideas sobre la conducción de la Confederación General del Trabajo: “Tiene que haber una renovación en la CGT, no sólo por la representación de los trabajadores argentinos, sino en resguardo del gobierno nacional. Perón decía que la CGT tiene que ser un eje de poder fuerte para equiparar la balanza con los empresarios”, expresó.

Y concluyó: “Por eso, necesitamos una CGT que esté a la altura de las circunstancias y que sepa defender a los trabajadores, y no dirigentes complacientes como los hubo en el anterior gobierno.”