En medio de la renovación de las autoridades en el sector sanitario, el Ministerio de Salud sorprendió con el nombramiento del titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), la estratégica entidad que maneja los millonarios de las obras sociales y la seguridad social.

Según las versiones periodísticas, durante las últimas horas la central obrera fue informada que David Aruachan no conducirá el organismo, ya que en su lugar será designado Eugenio Zanarini, el vicerrector de la Universidad Isalud, un hombre cercano al titular de la cartera sanitaria, Ginés González García.

Zanarini, que cuenta con una extensa trayectoria en la función pública sanitaria, es un hombre de estrecha confianza del ministro de Salud, que le dio la bendición final para ocupar el cargo en detrimento del hombre de la CGT.

El nombre de Aruachan contaba hasta el jueves con la aprobación del presidente Alberto Fernández. Incluso el propio González García había dado el visto bueno, ya que el Presidente había acordado con la cúpula de CGT que le acercaran nombres para ocupar ese organismo estratégico.

Así, el presidente del grupo de Unión Personal-Accord Salud (perteneciente al sindicato de estatales UPCN) fue propuesto por consenso por todos sus colegas que dirigen las obras sociales. En la Superintendencia solía tener importante influencia la mano de José Luis Lingeri, el cerebro gremial detrás del entramado de las obras sociales. Sin embargo, en esta oportunidad parece corrido de la toma de decisiones, que recaerá en exclusivo en el flamante ministro de Salud.

En total, la SSS maneja unos once mil millones de pesos al año, pero su incumbencia se extiende a otros 32 mil millones adeudados a las prestadoras de los gremios y que representan “la madre de todas las batallas” entre el sindicalismo y los gobiernos de turno.

El titular de la obra social del gremio estatal UPCN fue promovido por su titular, Andrés Rodríguez, uno de los integrantes de la “mesa chica” de la CGT, y su titular, Héctor Daer, que tiene mucha llegada al presidente de la Nación.

Finalmente, el ministro logró poner a alguien propio, y los gremios deberán conformarse con negociar con el funcionario sus reclamos.

La semana pasada, como parte de la negociación en el Congreso con la oposición, en la ley aprobada se modificaron varios artículos, entre ellos el 81, que obligaba a las empresas de medicina prepaga a aportar más al Fondo de Redistribución Solidaria (FRS), que financia a las obras sociales sindicales.

La media generó malestar en los gremios, que alertaron que el sistema de atención “está al borde del colapso” y que necesita de recursos para garantizar la atención.

“Estamos un poquito enojados porque la emergencia sanitaria les cabe al PAMI, a las clínicas, a los sanatorios, a todos menos a las obras sociales sindicales”, explicó Sergio Oyhamburú, dirigente de la Sanidad y titular de la CGT Lomas. El dirigente agregó que “va a haber mucha discusión, pero la primera señal la verdad que no nos gustó”.